México
Emisiones de carbono aumentarían hasta 65% con la reforma eléctrica de AMLO: Departamento de Energía de EU
Un informe del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, por sus siglas en inglés) del Departamento de Energía de Estados Unidos indica que, de aprobarse en México la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aumentarían las emisiones de carbono hasta en 65%, mientras que los costos de generación de electricidad se incrementarían hasta en 54%.
Los datos del informe de la NREL fueron difundidos por Bloomberg –que tuvo acceso a un borrador del documento– en un artículo titulado AMLO’s Mexico Power Bill Would Raise Carbon Emissions: US Agency NREL (Proyecto de ley de energía de AMLO en México aumentaría las emisiones de carbono: Agencia de EU NREL).
El NREL indica que otorgar el 54% del mercado de generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocaría que las emisiones de carbono aumenten entre un 26% y un 65%, y los costos de generación de electricidad entre un 32% y un 54%. Además, advirtió que los cortes de energía (apagones) también aumentarían entre 8% y 35%.
“La reforma propuesta cancelaría los permisos de generación de electricidad existentes y daría prioridad a las antiguas centrales hidroeléctricas de la CFE, seguidas de sus centrales nucleares y de gas, que también queman combustibles fósiles. La energía del sector privado ocuparía un lugar más bajo en la lista, con proyectos eólicos y solares renovables cerca de la parte inferior, superando sólo a la generación a gas y carbón de proveedores no estatales”, señala Bloomberg.
El estudio de NREL también considera que las reformas pondrían en peligro los compromisos suscritos por México en el Acuerdo de París sobre el cambio climático, en línea con lo ya manifestado por las agrupaciones del sector de las energías renovables, la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y la Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX).
Ayer miércoles, en una comparecencia en la Cámara de Diputados marcada por reproches y enfrentamientos, el director general de la CFE, Manuel Bartlett, anunció que, de aprobarse la reforma eléctrica del presidente López Obrador, la tarifa de luz será única a nivel nacional. Además, descartó expropiaciones y “cataclismo de demandas y pleitos” por parte de privados.
Bartlett se ha centrado en denostar la reforma energética de 2013, por propiciar el “atraco a la nación”. Por ello, ha defendido la reforma eléctrica propuesta por López Obrador.
“Una de las medidas que tomaremos es establecer una tarifa única en el país. Ahorita estamos bajo las reglas de la Comisión Reguladora de Energía y tenemos múltiples tarifas que generan un problema en diferentes estados. Eso es un obstáculo para el desarrollo del país. Vemos que las empresas andan buscando cuál es la tarifa baja e instalarse en donde sea la tarifa baja”, dijo.
Bartlett expuso que la Ley de la Industria Eléctrica aprobada este año por el Congreso ha provocado una guerra legal promovida por despachos, bufetes y cabilderos de intereses privados que han tendido un cerco al gobierno. También acusó a la Comisión Federal de Competencia Económica de sumarse a la campaña de desprestigio contra la CFE.
“La reacción de los intereses creados fue tal que volvió al Ejecutivo Federal en una verdadera guerra legal. Se tienen registrados mil 77 amparos, cinco controversias constitucionales contra nueve disposiciones de la Sener, Cenace y la CRE”, detalló.
México
Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.
Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.
Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.
La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.
“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.
Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.
“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.
Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.
“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.
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La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.
Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.
Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.
Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.
La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.
La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.
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