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Emiten alerta migratoria contra Miguel Alemán Magnani; habría salido de México en enero

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El Instituto Nacional de Migración (INM), informó este viernes que el empresario Miguel Alemán Magnani, acusado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunta defraudación fiscal, salió del país el pasado 31 enero desde el Aeropuerto de Toluca, en el Estado de México.

A través de un comunicado, el instituto indicó que mantiene una alerta migratoria a su nombre en 194 puntos de internación del país, luego de que un juez giró una orden de aprehensión en su contra, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), derivado de una denuncia que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por el adeudo de más de 64 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Lo anterior, con el propósito de verificar, registrar e informar a las autoridades de procuración de justicia sobre los movimientos de ingreso-salida de la persona mencionada, a través de los 194 puntos de internación aéreos, marítimos o terrestres del territorio nacional”
Se le acusa por su evasión fiscal del ejercicio 2018 (Foto: EFE)
Se le acusa por su evasión fiscal del ejercicio 2018 (Foto: EFE)

Cabe mencionar que, el delito por el que personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se avocó a la búsqueda de Alemán Magnani no está contemplado en el catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, según el Artículo 19 de la Constitución. Sin embargo, en caso de que el empresario sea detenido, el Ministerio Público de la Federación puede solicitar al juez la prisión preventiva justificada, pero otorgarla o no dependerá del criterio del juzgador.

En febrero pasado, la Procuraduría Fiscal de la Federación, a cargo de Carlos Romero, interpuso la querella contra Miguel Alemán y otros accionistas de la aerolínea Interjet por el adeudo de dicho monto, correspondientes al Impuesto sobre la Renta (ISR) del ejercicio 2018.

La denuncia incluyó a su padre, Miguel Alemán Velasco, ambos propietarios de ABC Aerolíneas.

Bloquean cuentas por deudas en EEUU

Empleados sindicalizados de la aerolínea afuera de las instalaciones de la compañía después de hacer una huelga ante cancelaciones de vuelos (Foto: Reuters)Empleados sindicalizados de la aerolínea afuera de las instalaciones de la compañía después de hacer una huelga ante cancelaciones de vuelos (Foto: Reuters)

Por otra parte, un juez de lo Civil de la Ciudad de México ordenó el bloqueo y congelamiento de cuentas bancarias ABC Aerolíneas (o Interjet) y Miguel Alemán Magnani, así como el  embargo de las marcas de Interjet por no pagar 7 millones 685 mil dólares a clientes del Bank of Utah y a la arrendadora de aviones TVPX Aircraft Solution INC.

Ambas empresas con sede en Estados Unidos celebraron con ABC Aerolíneas seis contratos de arrendamiento de aeronaves para ser usados en vuelos comerciales en el mercado mexicano y de aquel país. Según la documentación a la que tuvo acceso Forbes México, las firmas tuvieron que ir a tribunales civiles de la Ciudad de México para recuperar dicho pago.

ABC Aerolíneas enfrenta demandas por parte de sus empleados sindicalizados y de confianza, por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), así como por Servicios e Inmuebles Turísticos, Private Real Security, TBS Desarrollo, Asesoría Belforo, Redistur y otras empresas más.

(Foto: Cuartoscuro)(Foto: Cuartoscuro)

“Además de los problemas que la aerolínea Interjet enfrenta en su operación, ante Profeco tiene 3,368 quejas, del 1 de enero del 2019 al 30 de octubre del 2020”, señala un reporte de la Procuraduría Federal del Consumidor.

La principal reclamación en contra de Interjet ha sido por la cancelación de vuelos, así como daño o extravío de equipaje y retraso de vuelo, explica el análisis realizado por el organismo cuando estaba como procurador Ricardo Sheffield Padilla.

Se espera que en las próximas horas la FGR solicite a la Interpol la emisión de la ficha roja para la búsqueda y localización del ex presidente de la aerolínea Interjet.

México

Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo Appel por huachicol fiscal y seguirá recluido en el Altiplano

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La jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega vinculó a proceso al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel y a siete personas más por su probable participación en delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos mediante ferrocarril. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada presentó datos que la juzgadora consideró suficientes para avanzar con el proceso; lo que todavía no está determinado es su culpabilidad ni una posible sentencia.

La resolución fue emitida después de una audiencia que se prolongó por más de 30 horas en instalaciones del Poder Judicial de la Federación anexas al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. La diligencia fue encabezada por Ramírez de la Vega, jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de esa localidad.

¿Qué significa que Ernesto Ruffo fue vinculado a proceso?

La vinculación a proceso significa que la jueza encontró datos que permiten considerar, en esta etapa inicial, que pudo haberse cometido un delito y que existe una probabilidad de participación de las personas imputadas.

El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para dictar esta resolución debe haberse formulado la imputación, otorgado al acusado la posibilidad de declarar y presentado datos sobre un hecho señalado como delito. También se requiere que no exista una causa que extinga la acción penal o excluya el delito.

La decisión no determina que Ruffo o los demás acusados sean responsables. Los datos utilizados para vincularlos tampoco pueden convertirse automáticamente en las pruebas de una sentencia. Durante la investigación complementaria, la Fiscalía deberá fortalecer su acusación, mientras las defensas podrán presentar documentos, peritajes y testimonios para controvertirla.

¿Cómo habría operado la red de huachicol ferroviario?

La FEMDO sostiene que Ruffo y sus coacusados habrían diseñado un esquema de simulaciones mediante 11 empresas. El objetivo habría sido introducir ilegalmente a México 18 millones 225 mil 657 litros de gasolina y diésel transportados en 163 carrotanques ferroviarios.

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