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Emiten alerta migratoria contra Miguel Alemán Magnani; habría salido de México en enero

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El Instituto Nacional de Migración (INM), informó este viernes que el empresario Miguel Alemán Magnani, acusado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunta defraudación fiscal, salió del país el pasado 31 enero desde el Aeropuerto de Toluca, en el Estado de México.

A través de un comunicado, el instituto indicó que mantiene una alerta migratoria a su nombre en 194 puntos de internación del país, luego de que un juez giró una orden de aprehensión en su contra, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), derivado de una denuncia que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por el adeudo de más de 64 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Lo anterior, con el propósito de verificar, registrar e informar a las autoridades de procuración de justicia sobre los movimientos de ingreso-salida de la persona mencionada, a través de los 194 puntos de internación aéreos, marítimos o terrestres del territorio nacional”
Se le acusa por su evasión fiscal del ejercicio 2018 (Foto: EFE)
Se le acusa por su evasión fiscal del ejercicio 2018 (Foto: EFE)

Cabe mencionar que, el delito por el que personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se avocó a la búsqueda de Alemán Magnani no está contemplado en el catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, según el Artículo 19 de la Constitución. Sin embargo, en caso de que el empresario sea detenido, el Ministerio Público de la Federación puede solicitar al juez la prisión preventiva justificada, pero otorgarla o no dependerá del criterio del juzgador.

En febrero pasado, la Procuraduría Fiscal de la Federación, a cargo de Carlos Romero, interpuso la querella contra Miguel Alemán y otros accionistas de la aerolínea Interjet por el adeudo de dicho monto, correspondientes al Impuesto sobre la Renta (ISR) del ejercicio 2018.

La denuncia incluyó a su padre, Miguel Alemán Velasco, ambos propietarios de ABC Aerolíneas.

Bloquean cuentas por deudas en EEUU

Empleados sindicalizados de la aerolínea afuera de las instalaciones de la compañía después de hacer una huelga ante cancelaciones de vuelos (Foto: Reuters)Empleados sindicalizados de la aerolínea afuera de las instalaciones de la compañía después de hacer una huelga ante cancelaciones de vuelos (Foto: Reuters)

Por otra parte, un juez de lo Civil de la Ciudad de México ordenó el bloqueo y congelamiento de cuentas bancarias ABC Aerolíneas (o Interjet) y Miguel Alemán Magnani, así como el  embargo de las marcas de Interjet por no pagar 7 millones 685 mil dólares a clientes del Bank of Utah y a la arrendadora de aviones TVPX Aircraft Solution INC.

Ambas empresas con sede en Estados Unidos celebraron con ABC Aerolíneas seis contratos de arrendamiento de aeronaves para ser usados en vuelos comerciales en el mercado mexicano y de aquel país. Según la documentación a la que tuvo acceso Forbes México, las firmas tuvieron que ir a tribunales civiles de la Ciudad de México para recuperar dicho pago.

ABC Aerolíneas enfrenta demandas por parte de sus empleados sindicalizados y de confianza, por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), así como por Servicios e Inmuebles Turísticos, Private Real Security, TBS Desarrollo, Asesoría Belforo, Redistur y otras empresas más.

(Foto: Cuartoscuro)(Foto: Cuartoscuro)

“Además de los problemas que la aerolínea Interjet enfrenta en su operación, ante Profeco tiene 3,368 quejas, del 1 de enero del 2019 al 30 de octubre del 2020”, señala un reporte de la Procuraduría Federal del Consumidor.

La principal reclamación en contra de Interjet ha sido por la cancelación de vuelos, así como daño o extravío de equipaje y retraso de vuelo, explica el análisis realizado por el organismo cuando estaba como procurador Ricardo Sheffield Padilla.

Se espera que en las próximas horas la FGR solicite a la Interpol la emisión de la ficha roja para la búsqueda y localización del ex presidente de la aerolínea Interjet.

México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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