México

Empleadas domésticas, en el olvido

Es domingo y María está contenta. Es el primero, desde hace ocho años, que puede salir al parque con su hija Elvira. El costo que tuvo que pagar para disfrutar este día fue haber sido despedida por exigir sus derechos laborales y respeto como trabajadora del hogar.

“Cuando les dije a mis patrones que, según la ley, tenía dos días de descanso y que no me habían aumentado mi salario en todos estos años, me dijeron que de dónde había sacado eso y que qué iba yo a saber”, explica.

María acaba de cumplir 55 años, sus manos ásperas son signo de los últimos ocho, que dedicó a lavar, cocinar, y cuidar enfermos en una casa de la colonia Pedregal de San Francisco, en la delegación Coyoacán, del Distrito Federal.

Desde 2007 sólo había tenido un día de descanso —los lunes— y un sueldo de tres mil 350 pesos quincenales sin derecho a vacaciones ni aguinaldo; esto terminó el pasado domingo 12 de abril, cuando con humillaciones y gritos fue despedida. El trabajo en casa es una actividad que le gusta, es lo que sabe hacer, pero no está dispuesta a tolerar que se violen sus derechos laborales. María tomó conciencia de que sufría vejaciones y discriminación por parte de sus patrones por más de ocho años.

“Me gritaban constantemente, según ellos eran españoles y yo mexicana”, agrega la mujer, quien laboraba en promedio 10 horas diarias. Los domingos eran un día de carga mayor, por ser día de reunión familiar en el hogar donde era empleada: 12 horas, sin pago por el tiempo extra.

Según datos del Inegi, de los 2.2 millones de trabajadoras y trabajadores domésticos que existen en México, 7 de cada 10 que están bajo el régimen de planta sólo descansan un día a la semana, hasta 78% de los casos nunca ha recibido un aumento salarial.

Catalina González, también trabajadora doméstica, no es la excepción, ella también descansa un solo día a la semana: el domingo; sin embargo, tiene 20 años laborando por nueve horas y a veces más por apoyar en la casa donde ya se siente parte de la familia.

Era una niña de 10 años, que no tuvo la oportunidad de asistir a la escuela, cuando para apoyar a su mamá comenzó a limpiar casas.

Sin conocer sus derechos y sin contar con ningún beneficio de ley, excepto el salario, ha trabajado como empleada del hogar durante 52 años. Medio siglo después, no tiene que mantener a nadie, sus tres hijas ya están casadas, sólo trabaja para ella y con que tenga para mantenerse es más que suficiente.

La soledad se ha convertido en su motor para asistir diario a su trabajo y, aunque no conoce los pocos derechos que le ofrece la ley, se siente contenta. “Me tratan bien y llevo muchos años en esta casa, además si tengo más días libres, ¿luego qué voy a hacer?”.

Estudios del Consejo Nacional Contra la Discriminación (Conapred) señalan que el exceso de trabajo y el poco sueldo son algunas de los principales problemas de las trabajadoras del hogar, seguidos por el abuso, el maltrato, la humillación y la discriminación.

Luchan por sus derechos

Para Marcelina Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), la falta de conocimientos por parte de la mayoría de los trabajadores del hogar es el principal factor que contribuye a la violación de sus derechos laborales.

“Las trabajadoras del hogar son un sector que vive con muchos problemas. Sufren de una discriminación social, e incluso familiar, simplemente por hacer esa actividad. Están totalmente desamparadas por no contar con un respaldo legal y social. Es una labor de alta marginación, ya que no se tiene a dónde recurrir por actos de violencia, discriminación y acoso”, indica.

CACEH surgió el 10 de septiembre de 2000, como producto de la experiencia de su fundadora, quien desde los 14 años incursionó en este sector laboral, enfrentándose a todos los riesgos que ello conlleva y más siendo menor de edad. Al darse cuenta de la carencia de normatividad sobre este oficio, decidió hacer algo al respecto. La organización se gestó con apoyo de otras empleadas, quienes, como Marcelina, pretendían condiciones más justas. Iniciaron con reuniones cada 15 días para tratar problemas de sus conocidas, pero fue hasta febrero de 2002 que obtuvieron oficialmente el registro que las ha impulsado a seguir trabajando y ayudar a las y los compañeros que los necesitan.

Los casos de María y Catalina son ejemplos de algunas de las condiciones que enfrentan estas empleadas, quienes sufren maltratos, a pesar de las disposiciones que establece la ley, que en los hechos es letra muerta.

El convenio internacional

En México es necesario que el gobierno federal ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que permitiría una clara legislación de esta labor.

“No hay ley, el gobierno se hace sordo para ratificar el convenio 189 de la OIT. Ellas solas (las trabajadoras) no lo van a lograr, necesitan organizarse. El año pasado el secretario de Gobernación se comprometió a ratificar el convenio y nuevamente este año lo volvemos a exigir”, declara la fundadora de CACEH.

El Convenio 189 de la OIT, aprobado en 2011, busca que los gobiernos garanticen y respeten derechos laborales a las trabajadoras del hogar como derecho a un salario justo, días de descanso, vacaciones y condiciones dignas de trabajo, entre otras medidas.

Actualmente la Ley Federal del Trabajo establece una jornada de trabajo de ocho horas en su artículo 61. El descanso es de día y medio ininterrumpido, igualmente los días feriados son de descanso, con goce de salario íntegro de acuerdo con el artículo 74 de esta norma.

Las vacaciones y aguinaldo también son obligatorias, después de un año de trabajo el empleado tiene derecho a seis días de vacaciones, aumentando dos días por cada año y éstas deben ser pagadas de forma íntegra, más 25% de prima vacacional. El aguinaldo es equivalente a por lo menos 15 días de salario y debe pagarse antes del 20 de diciembre. Como en cualquier otro empleo, las trabajadoras del hogar tienen derecho a un trato digno, sin discriminación. La alimentación, seguridad y salud también son primordiales, debe otorgárseles alimentación sana y suficiente, además de las condiciones necesarias que garanticen su seguridad. En ello también se incluye el derecho a una habitación cómoda e higiénica de acuerdo con el artículo 337.

En cuanto a dar seguridad social, el 26 de agosto del año pasado, el IMSS publicó los lineamientos para asegurar a las trabajadoras del hogar, pero, a pesar de que es un avance, la medida sólo queda a voluntad del patrón.

Según el Conapred, existen dos pilares que hacen que se perpetúe la explotación hacia el trabajo doméstico: la discriminación económica y la política, al quedar excluidas de una remuneración fija, pero al mismo tiempo de la protección jurídica que las ampare.

Patronas por la justicia

Existen empleadores que se han solidarizado con sus demandas y se han organizado para divulgar los derechos de los trabajadores domésticos.

Bajo el lema: “El país que queremos comienza en casa”, Hogar Justo Hogar es una organización que promueve el respeto y cumplimiento de los derechos de este sector.

Marcela Azuela, fundadora hace un año de este grupo, considera que es urgente que la sociedad mexicana reconozca a estas trabajadoras, ya que si se regula este oficio, aparte de garantizar los derechos de las empleadas, el patrón tendrá una seguridad ante posibles desacuerdos con los empleados, que podrían derivar en demandas laborales.

“Tener una relación más formal nos conviene a todos, le conviene a la empleada, quien por medio de un contrato puede establecer el salario, los días de trabajo, vacaciones, prima vacacional, seguro, etcétera. Y, por otro lado, los empleadores también nos protegemos, porque se establecen derechos y obligaciones para ambas partes”.

Azuela señala que, a pesar de que esta organización, la cual agrupa a alrededor de 40 personas, se ha reunido con legisladores, a los cuales han exhortando a que aprueben el Convenio 189 de la OIT, no se debe esperar a que la ley establezca los derechos de estas trabajadoras, la sociedad mexicana podría comenzar a respetar sus derechos como muestra clara de justicia social.

“El cambio en este país es responsabilidad de todos, todos estamos obligados a eso, y parte de eso es reconocer a estas trabajadoras, ya que no puede haber ciudadanos de primera y de segunda. Hay personas que queremos hacer cosas por este país, esto comienza en casa y respetando a las trabajadoras del hogar, eso es justicia social”, finaliza Azuela.

– 78% DE LOS 2.2 MILLONES de personas que laboran en una casa ajena nunca ha recibido un aumento salarial, de acuerdo con el Inegi.

Fuente: El Pulso de San Luis

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México

Pablo Gómez y el bisturí electoral. Por Caleb Ordóñez

Gómez tiene 78 años, pero su energía política no ha mermado. Fue uno de los líderes estudiantiles más visibles del movimiento del 68 y pagó con cárcel su activismo. Desde entonces, su vida ha transcurrido entre cargos legislativos, batallas ideológicas y una constante crítica al poder económico y político. Como presidente del PRD en los 90, como legislador en múltiples ocasiones y, más recientemente, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha construido una reputación de ser incorruptible, directo y temido.

Su relación con López Obrador es larga y compleja. Han sido aliados desde los tiempos fundacionales de la izquierda moderna en México, aunque han tenido diferencias tácticas. Sin embargo, comparten una visión crítica del régimen neoliberal, una desconfianza hacia el aparato judicial y un desprecio profundo por la simulación institucional. Que Claudia Sheinbaum lo haya convocado ahora, al inicio de su mandato, es una señal inequívoca de que el gobierno busca una reforma electoral de gran calado y sin compromisos a medias.

Un programa ambicioso y disruptivo

Pablo Gómez no tardó en delinear su visión. Lo hizo con claridad y sin rodeos: propone eliminar el fuero, establecer elecciones primarias obligatorias para los partidos, reducir el financiamiento público a las fuerzas políticas y reestructurar al Instituto Nacional Electoral (INE). Y, sobre todo, quiere que este proceso no sea una negociación entre dirigencias partidistas, sino un debate abierto con la ciudadanía, especialistas, legisladores y organizaciones civiles.

Eliminar el fuero ha sido una bandera constante en la narrativa de la 4T. Gómez lo considera un privilegio arcaico que ha servido más para encubrir corrupción que para proteger la libertad política. Aunque el Congreso ya reformó el artículo 108 para permitir que el presidente sea juzgado por delitos comunes, la idea ahora es extenderlo a todos los cargos públicos. Críticos advierten que esto puede dar pie a persecuciones judiciales, pero el exjefe de la UIF insiste en que la verdadera garantía de justicia está en un sistema judicial fuerte, no en el blindaje político.

En cuanto a las primarias obligatorias, la propuesta busca acabar con la opacidad en la selección de candidatos. Gómez acusa que los partidos (todos, sin excepción) han usado encuestas a modo, acuerdos cupulares y decisiones unilaterales para imponer a sus abanderados. Su propuesta: que el INE organice primarias abiertas, auditadas y fiscalizadas, con padrones limpios y reglas claras. Esto sacudiría profundamente las estructuras internas de Morena, el PAN, el PRI y demás.

Sobre el financiamiento público, la crítica es dura y sustentada: México es uno de los países que más dinero otorga a sus partidos. En 2024, se destinaron más de 10,000 millones de pesos a su operación. La idea de Gómez es sencilla: reducir significativamente los recursos públicos, especialmente en años no electorales, y fortalecer la fiscalización. Aunque suena popular, implica riesgos: menos recursos públicos podrían abrir espacio a dinero privado o ilícito, por lo que insiste en que la vigilancia debe ser más severa, no más laxa.

El INE en la mira

El punto más espinoso será, sin duda, la reestructuración del INE. A diferencia de propuestas anteriores, Gómez no plantea su desaparición, pero sí una transformación profunda: menos consejeros, sueldos más bajos, una estructura menos burocrática y más control ciudadano. La idea es que el INE deje de ser, en palabras del propio Gómez, “una élite cerrada que se auto perpetúa” y se convierta en un verdadero árbitro ciudadano.

Esta propuesta ya ha encendido alertas en sectores de la oposición y de la sociedad civil organizada, que ven en cualquier modificación al INE una amenaza directa a la democracia. Pero Gómez insiste en que no se trata de debilitarlo, sino de actualizarlo y devolverle legitimidad ante una ciudadanía cada vez más crítica. Su promesa: abrir el debate a foros públicos, a expertos y a la ciudadanía, para que el rediseño no sea un pacto cupular, sino una decisión colectiva.

Nada de esto será fácil. Morena y sus aliados no tienen mayoría calificada para reformar la Constitución. Será necesario negociar con la oposición, convencer con argumentos, resistir las presiones internas y articular una narrativa que conecte con la sociedad.

¿Habrá voluntad para cambiar las reglas?

En tiempos donde la desconfianza hacia las instituciones es alta y el desencanto ciudadano va en aumento, una reforma electoral profunda podría ser el primer paso para reconstruir la legitimidad del sistema democrático. No bastará con diagnósticos ni con intenciones; se necesita convicción, coraje y capacidad política.

Con Pablo Gómez, Sheinbaum apuesta por un reformista con legitimidad histórica, trayectoria intachable y una lengua filosa. Pero también con una historia que incomoda a muchos: no está ahí para simular ni para negociar privilegios, sino para empujar un cambio verdadero.

La gran pregunta no es si habrá reforma. La pregunta es si los partidos políticos (todos) estarán dispuestos a sacrificar sus ventajas históricas en nombre de una democracia más transparente, más equitativa y más cercana a la gente.

Porque, como bien lo sabe el Pablo Gómez opositor, los sistemas no cambian desde arriba ni desde afuera: cambian cuando alguien desde adentro se atreve a desafiar los privilegios de siempre. Y parece que esta vez, el desafío va en serio, ¿o caerá en la politiquería que tanto criticó desde joven?

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