Rebeca había recibido en Grupo Salinas un permiso para hacer trabajar desde casa por lactancia materna. Tenía dos semanas trabajando de esta manera cuando le notificaron, el pasado 24 de abril, que sería despedida como parte de un recorte de personal.

Ella y otras personas de las Direcciones de Cobranza y de Crédito de Banco Azteca tenían permiso de trabajar a distancia tras acreditar que se encontraban entre la población vulnerable al coronavirus COVID-19.

Con un hijo de siete meses y además con la obligación de ayudar a la manutención de sus padres mayores de edad, hipertensos y diabéticos, Rebeca acusa que la empresa que preside Ricardo Salinas Pliego no le pagó la totalidad de su liquidación.

Animal Político buscó vía electrónica la postura de Grupo Salinas respecto de las denuncias de despidos injustificados. Luciano Pascoe, director de ADN 40 y de Estrategia Editorial, atribuyó los recortes a una “rotación inherente” a la operación de la compañía; sin embargo, aseguró que todos los casos de separación laboral se han efectuado y pagado conforme a la ley.

“En Grupo Salinas siempre hemos tenido un compromiso irrenunciable con el Estado de Derecho y la legalidad, por lo que te aseguro que todas nuestras operaciones, incluidas las relaciones laborales con nuestros colaboradores, se apegan plenamente a la ley. Por su dimensión y tamaño, hay una rotación inherente a nuestras operaciones. En ocasiones, ello conlleva despidos, renuncias voluntarias e, incluso, abandonos del trabajo; en todos estos casos, de acuerdo a la naturaleza de la separación laboral, las salidas se pagan conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo”, indicó en su respuesta a este medio.

El reclamo de Rebeca señala algo distinto. “Se aplicó el recorte y no fuimos liquidados el 100%. Nos falta el pago de los 20 días por año laborado, la prima de antigüedad y las prestaciones acumuladas”, señala.

“A mí no me molesta irme. Me molesta la puñalada. Te mandan a trabajar a casa y te hacen esto. Me afecta muchísimo este despido porque es una carrera de siete años y ni siquiera te vas con carta de recomendación. Si me voy, pues ni modo, creo que es mejor momento para encontrar otro lugar en donde no se violen tanto los derechos de los trabajadores”.

Rebeca, cuyo nombre fue cambiado a petición suya, tuvo que firmar un “compromiso” para que Banco Azteca le permitiera hacer home office: el documento establecía que el empleado debía someterse a dos evaluaciones de resultados durante el periodo del trabajo remoto y que no aprobar dichas pruebas podría ser motivo de despido. Sin embargo, ella señala que el recorte en su área sucedió antes de cualquier evaluación.

El compromiso firmado por Rebeca decía: “Yo (el empleado) reconozco que he recibido este plan (de trabajo) y hago el compromiso para dedicar mi esfuerzo y dedicación a cumplir con los resultados esperados descritos en este plan. Estoy de acuerdo en que el no cumplimiento de cada uno de los resultados del plan puede dar como resultado el término de la relación laboral con la empresa (sic)”.

Ella, que se desempeñó como gerente en Banco Azteca en el inmueble conocido como Torre Área, ubicado en Insurgentes Sur, señala que, cuando recién había regresado de su licencia por maternidad, a inicios de este año, la comisionaron a hacer labores “de relleno”, un maltrato que culminó en su despido.

“No regresé al puesto que yo tenía, me dejaron como tres semanas esperando a ver dónde me iban a colocar, después me colocaron en un área de trabajo, me empezaron a dar trabajo, pero se presenta lo del COVID-19, yo aún no me alcanzaba a integrar al equipo donde yo estaba, porque ingresé ahí la primera semana de febrero, pasa esto y a nosotros nos hacen firmar un documento de que vamos a estar firmando unos reportes, demostrando que todavía somos productivos. Apenas íbamos a mandar el primer reporte de actividades cuando ellos ya habían tomado esa decisión, entonces a mí eso me pareció muy extraño, y a mí sí me pareció una traición, porque yo llevaba siete años ahí”, señala.

Los empleados de Grupo Salinas no solo han tenido que asumir la decisión de la directiva corporativa de seguir presentándose a laborar a sus centros de trabajo durante la pandemia de COVID-19, sino que ahora enfrentan procesos de despido en los que, acusan, no se respetan sus derechos laborales.

Fuente: Animal Político