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Policiaca

Empresario poblano acusado de ordenar matar a 6 jóvenes, se ampara y podría quedar libre

El Segundo Tribunal Colegiado otorgó un amparo al empresario gallero Jorge Aduna Villavicencio para que el Juez Cuarto de lo Penal dicte una nueva resolución por el delito de homicidio en contra de seis jóvenes de Lomas de San Miguel que presuntamente mandó a levantar, ejecutar y descuartizar para luego tirar sus restos en una coladera.
Según la información, el empresario poblano obtuvo el recurso 383/2016 para que el Juez dicte un nuevo auto de formal prisión o un nuevo auto de formal libertad en caso de así considerarlo.
Entre el 19 de octubre y el 27 de noviembre de 2015, seis jóvenes fueron secuestrados por órdenes de Jorge Aduna. El empresario los culpó por el asalto a una de sus propiedades en donde fue violada su hija.
El 20 de febrero del 2016, la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención del empresario como autor intelectual de las desapariciones de los seis jóvenes en Lomas del Sur.
Los seis jóvenes fueron trasladados a un inmueble en la colonia San José El Conde, propiedad del empresario, en donde fueron asesinados y después sus cuerpos fueron descuartizados, incinerados y tirados a una coladera.
Los hombres fueron identificados como Marco Antonio Cuautle Cuautle, Román Limón Gómez, Pedro Negrete Orea, Luis Ángel Flores Gutiérrez, Rogelio Rivera Osorio y Bryan Gerardo Torres Sandoval.
Asimismo se determinó que de los seis hombres asesinados por el gallero poblano son inocentes. La Fiscalía General del Estado determinó que Román Limón y Marco Antonio Cuautle no participaron en el atraco contra la familia Aduna y ni siquiera tenían relación con los otros cuatro delincuentes.
Según informó la dependencia a través de diligencias realizadas con los familiares se identificaron prendas y objetos diversos de las víctimas para confirmar sus identidades.
Sin embargo, hasta la fecha los familiares de los seis muchachos no tienen pruebas de que los restos que les mostraron los agentes de la Fiscalía en efecto sean de ellos. Incluso no han sido llamados para corroborar que los exámenes de ADN que se les practicaron coincidían con los restos encontrados.
Junto con Aduna fueron asegurados el ex Agente Federal de Investigación (AFI), Yosafhat Berlanga Flores; las escoltas del empresario, Alejandro Páez Valenzuela y José Emanuel Limón Meneses y los agentes ministeriales Javier Cruz Ventura y José Felipe Riveros Hernández.
Aduna ha sido acusado de imponer su ley en el penal de San Miguel, en donde se encuentra recluido, organiza fiestas de tres días, le llevan hasta su celda alcohol, contrata prostitutas que entran cuando él lo desea y hasta controla las rentas de la zona de Visita Íntima, donde acondicionó su propio espacio privado lejos del resto de los reos.
Incluso desde hace varios meses en el penal ha corrido el rumor de que ofreció dinero al exdirector para poder fugarse.

Fuente: PeriódicoCentral

Chihuahua

Sentencia de 50 años a maestro y cómplices por secuestro de Camila

Sentencia Condenatoria por Secuestro de Menor en Chihuahua

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos dictó sentencia condenatoria contra tres implicados en el secuestro de una adolescente, ocurrido el 8 de noviembre de 2022, en la calle Bahía de San Quintín, Chihuahua.

Hechos Comprobados

  • José Luis A. Z. y Armando M. O., armados con un cuchillo, privaron de la libertad a la menor, subiéndola por la fuerza a un vehículo Ford Figo 2019.
  • Durante un operativo conjunto entre la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la víctima fue rescatada sana y salva.
  • Eric Ricardo R. S., profesor de la menor, fue señalado como el autor intelectual del secuestro al idear el plan para exigir un rescate.

Sentencia y Reparación del Daño

  • Los tres acusados fueron encontrados responsables tras la presentación de pruebas, incluidas imágenes de cámaras de seguridad.
  • Además de la condena en prisión, deberán pagar 101 mil pesos como reparación del daño.

Este caso destaca la coordinación entre las autoridades y el sistema de justicia para garantizar la seguridad de las víctimas y castigar actos de violencia en la comunidad.

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