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México

Empresarios exigen seguridad en el sur de Tamaulipas

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Los índices delictivos del fuero común en Tampico, Madero y Altamira, ya rebasaron completamente a las autoridades federales y estatales, aseguró el presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST), Luis Apperti Llovet.

El líder empresarial, reveló que por la situación, empresarios ya amagaron con cerrar sus negocios, si esta vez las autoridades estatales y federales no refuerzan verdaderamente su estrategia de seguridad, y el llamado es principalmente para la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal.

Aseguró que la Estrategia de Seguridad Tamaulipas en la zona conurbada no está bien aplicada, pues dijo que a un año de haber sido implementada la operación, en algunas zonas las complejidades han aumentado y en algunas otras han disminuido.

Consideró que los expertos en seguridad, tendrán que solucionar los problemas que existen en cada región, ya que no se pueden aplicar las mismas medidas porque la situación de inseguridad es diferente en cada región.

“Aquí, insistió, hay que tropicalizar las decisiones y las acciones a las necesidades de cada región en particular”.

Apperti Llovet, dijo que como sociedad y parte del sector empresarial, “no es momento de sacar cabezas y buscar protagonismo, es momento de las autoridades, del Ejército, de redoblar esfuerzos entre federación y estado para que nos vaya bien a todos”.

Sostuvo que “como Iniciativa Privada seguirán presionando a las autoridades para que las cosas en materia de seguridad mejoren, “desde luego apoyando porque no podemos hacer otra cosa”, puntualizó.

Fuente: El Pulso de San Luis

México

México y EU bloquean red de fraude en tiempos compartidos ligada al CJNG

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y en coordinación con autoridades de Estados Unidos, se reforzaron las acciones contra una red de fraude en esquemas de tiempos compartidos presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, según un comunicado emitido el 19 de febrero.

Como parte de las medidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense designó a 24 personas por su supuesta participación en el esquema. De ellas, cinco son personas físicas y 19 personas morales que habrían operado mediante fraudes relacionados con servicios turísticos y que tendrían posibles nexos con la organización criminal.

De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas en México. Se trata de seis individuos y una entidad identificados como parte del núcleo operativo, familiar y corporativo detectado durante las investigaciones financieras.

Las acciones del Departamento del Tesoro forman parte de los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar las estructuras económicas de grupos delictivos. De acuerdo con el comunicado, estas organizaciones utilizan actividades empresariales y del sector turístico como fachada para captar recursos de origen ilícito. El impacto de estas operaciones es de carácter transnacional y se concentra principalmente en destinos como Jalisco y Nayarit.

En el ámbito nacional, la UIF realizó estudios financieros, fiscales y corporativos de los involucrados. Los análisis permitieron identificar movimientos relevantes de dinero, transferencias internacionales, uso de instrumentos de inversión, consumos significativos con tarjetas de servicio y participación accionaria en diversas sociedades mercantiles constituidas principalmente en la región occidental del país.

Además, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a las atribuciones legales de la autoridad.

La dependencia señaló que mantiene coordinación permanente con instancias nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las capacidades económicas de organizaciones criminales.

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