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Opinión

EMPRESARIOS V.S. MAESTROS DE LA CNTE

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Es un tema que escuchamos a diario en el radio, una situación que vemos todos los días en los noticieros a nivel nacional, que leemos por todos lados y del cual ya estamos hartos. Me refiero a la situación de las manifestaciones de los maestros, o mejor dicho “pseudo maestros”, de la CNTE.

Gerardo Elizondo García

Gerardo Elizondo García

Por: Gerardo Elizondo García

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) estima, hasta ahora,pérdidas por 4,200 millones de pesos, afectando por consiguiente al PIB.

Sin embargo, los presidentes de las principales cámaras de comercio a nivel nacional han comenzado a manifestar públicamente una enérgica solicitud al Gobierno de la República para que utilicen todos los medios necesarios a sualcance para resolver la situación y desde mi punto de vista, con justa razón.

Lo están haciendo ya que los bloqueos por parte de la disidencia magisterial están afectando directamente el sano desarrollo de la economía a nivel nacional.

Y digo a nivel nacional porque no sólo afecta a los Estados que cuentan con mayor cantidad de bloqueos, saqueos y manifestaciones (principalmente Oaxaca, Chiapas y Guerrero), sino también al resto del país ya que dentro de éstos se producen insumos, tanto para el sector alimentario como para el sector industrial entre otros sectores y los bloqueos retrasan, o en algunos casos impiden, que los productos salgan al resto de la República para ser comercializados.

Esto obviamente genera un menor flujo comercial y por lo tanto económico a nivel nacional. Lo anterior, sin mencionar las actividades comerciales dentro de cada uno de los Estados. Por ejemplo, este año la Guelaguetza en Oaxaca, un gran evento lleno de comercio, pero principalmente de cultura y tradición, fue afectada gravemente ya que integrantes de la CNTE bloquearon los accesos a la misma. A su vez, muchos turistas que pretendían asistir a ella no lo hicieron por su propia seguridad y para evitarse cualquier tipo de problema con los manifestantes.

El presidente de la Cámara de Comercio (CANACO) de la Ciudad de México, Humberto Lozano, pidió al Gobierno el uso “razonado, pero determinado” de la fuerza contra los maestros disidentes. Al mismo tiempo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo de Hoyos Walther, presionó al Gobierno de la República y a los gobernadores de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, para que apliquen mano dura. También el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, declaró: “Quiero ser muy claro, nadie pide que se reprima la protesta, sino que se respeten los derechos y se proteja a la población. El diálogo debe prevalecer, pero no a costa de la ley, el orden y la tranquilidad”.

El Gobierno Federal a atendido el asunto a través de la Secretaría de Gobernación, de hecho, el mismo Secretario, Miguel Ángel Osorio Chong, tomó el tema como una prioridad. A todos nos consta que ha cumplido su trabajo teniendo acercamiento, mediante mesas de trabajo, con los líderes manifestantes.

Sin embargo, los pseudo maestros ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos para poder hacer peticiones viables y concretas. Solamente han tirado a la basura el tiempo de una buena cantidad de servidores públicos que se han avocado al tema dejándolos plantados en juntas de trabajo, presentándoles propuestas completamente fuera del contexto de la situación entre otras cosas que sólo nos dicen que los disidentes magisteriales no tienen la voluntad ni mucho menos la capacidad de negociar en busca de un acuerdo con el Gobierno.

Recordemos que todo este movimiento, y principalmente los bloqueos, se dispararon a raíz de que buena cantidad de maestros no estaban dispuestos a realizar el examen de evaluación que tiene como finalidad seleccionar a aquellos maestros capaces y poder brindar una educación de calidad en las escuelas en beneficio de nuestros niños y jóvenes. Ellos son el futuro de nuestro país pero los maestros rebeldes, sabiendo que no tienen la capacidad, el conocimiento y mucho menos la vocación de docentes, decidieron no presentarlo, dejar sin clases a miles de estudiantes y salir a las calles a realizar manifestaciones, saqueos y bloqueos que no los han llevado a nada más que a provocar daños a la educación, economía y seguridad de nuestro país.

¡Felicidades presidentes e integrantes de las cámaras empresariales! Pues estoy seguro que la presión que estos últimos días han comenzado a meterle al tema hará que su solución sea definitiva y llegue más rápido. ¡No podemos permitir, que un grupo de personas incompetentes fastidien de esta manera nuestra vida en todos los sentidos que mencioné anteriormente y mucho menos podemos permitir, juntos como sociedad, que este grupo de rebeldes afecte de manera negativa la estrategia que el Gobierno de la República tiene a favor de la educación de nuestros niños y jóvenes, que repito, son el futuro de nuestro gran país!

Facebook: Gerardo Elizondo

Twitter: @GerardoElizondo

Opinión

Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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