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Opinión

EMPRESARIOS V.S. MAESTROS DE LA CNTE

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Es un tema que escuchamos a diario en el radio, una situación que vemos todos los días en los noticieros a nivel nacional, que leemos por todos lados y del cual ya estamos hartos. Me refiero a la situación de las manifestaciones de los maestros, o mejor dicho “pseudo maestros”, de la CNTE.

Gerardo Elizondo García

Gerardo Elizondo García

Por: Gerardo Elizondo García

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) estima, hasta ahora,pérdidas por 4,200 millones de pesos, afectando por consiguiente al PIB.

Sin embargo, los presidentes de las principales cámaras de comercio a nivel nacional han comenzado a manifestar públicamente una enérgica solicitud al Gobierno de la República para que utilicen todos los medios necesarios a sualcance para resolver la situación y desde mi punto de vista, con justa razón.

Lo están haciendo ya que los bloqueos por parte de la disidencia magisterial están afectando directamente el sano desarrollo de la economía a nivel nacional.

Y digo a nivel nacional porque no sólo afecta a los Estados que cuentan con mayor cantidad de bloqueos, saqueos y manifestaciones (principalmente Oaxaca, Chiapas y Guerrero), sino también al resto del país ya que dentro de éstos se producen insumos, tanto para el sector alimentario como para el sector industrial entre otros sectores y los bloqueos retrasan, o en algunos casos impiden, que los productos salgan al resto de la República para ser comercializados.

Esto obviamente genera un menor flujo comercial y por lo tanto económico a nivel nacional. Lo anterior, sin mencionar las actividades comerciales dentro de cada uno de los Estados. Por ejemplo, este año la Guelaguetza en Oaxaca, un gran evento lleno de comercio, pero principalmente de cultura y tradición, fue afectada gravemente ya que integrantes de la CNTE bloquearon los accesos a la misma. A su vez, muchos turistas que pretendían asistir a ella no lo hicieron por su propia seguridad y para evitarse cualquier tipo de problema con los manifestantes.

El presidente de la Cámara de Comercio (CANACO) de la Ciudad de México, Humberto Lozano, pidió al Gobierno el uso “razonado, pero determinado” de la fuerza contra los maestros disidentes. Al mismo tiempo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo de Hoyos Walther, presionó al Gobierno de la República y a los gobernadores de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, para que apliquen mano dura. También el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, declaró: “Quiero ser muy claro, nadie pide que se reprima la protesta, sino que se respeten los derechos y se proteja a la población. El diálogo debe prevalecer, pero no a costa de la ley, el orden y la tranquilidad”.

El Gobierno Federal a atendido el asunto a través de la Secretaría de Gobernación, de hecho, el mismo Secretario, Miguel Ángel Osorio Chong, tomó el tema como una prioridad. A todos nos consta que ha cumplido su trabajo teniendo acercamiento, mediante mesas de trabajo, con los líderes manifestantes.

Sin embargo, los pseudo maestros ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos para poder hacer peticiones viables y concretas. Solamente han tirado a la basura el tiempo de una buena cantidad de servidores públicos que se han avocado al tema dejándolos plantados en juntas de trabajo, presentándoles propuestas completamente fuera del contexto de la situación entre otras cosas que sólo nos dicen que los disidentes magisteriales no tienen la voluntad ni mucho menos la capacidad de negociar en busca de un acuerdo con el Gobierno.

Recordemos que todo este movimiento, y principalmente los bloqueos, se dispararon a raíz de que buena cantidad de maestros no estaban dispuestos a realizar el examen de evaluación que tiene como finalidad seleccionar a aquellos maestros capaces y poder brindar una educación de calidad en las escuelas en beneficio de nuestros niños y jóvenes. Ellos son el futuro de nuestro país pero los maestros rebeldes, sabiendo que no tienen la capacidad, el conocimiento y mucho menos la vocación de docentes, decidieron no presentarlo, dejar sin clases a miles de estudiantes y salir a las calles a realizar manifestaciones, saqueos y bloqueos que no los han llevado a nada más que a provocar daños a la educación, economía y seguridad de nuestro país.

¡Felicidades presidentes e integrantes de las cámaras empresariales! Pues estoy seguro que la presión que estos últimos días han comenzado a meterle al tema hará que su solución sea definitiva y llegue más rápido. ¡No podemos permitir, que un grupo de personas incompetentes fastidien de esta manera nuestra vida en todos los sentidos que mencioné anteriormente y mucho menos podemos permitir, juntos como sociedad, que este grupo de rebeldes afecte de manera negativa la estrategia que el Gobierno de la República tiene a favor de la educación de nuestros niños y jóvenes, que repito, son el futuro de nuestro gran país!

Facebook: Gerardo Elizondo

Twitter: @GerardoElizondo

Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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