Connect with us

Opinión

EMPRESARIOS V.S. MAESTROS DE LA CNTE

Es un tema que escuchamos a diario en el radio, una situación que vemos todos los días en los noticieros a nivel nacional, que leemos por todos lados y del cual ya estamos hartos. Me refiero a la situación de las manifestaciones de los maestros, o mejor dicho “pseudo maestros”, de la CNTE.

Gerardo Elizondo García

Gerardo Elizondo García

Por: Gerardo Elizondo García

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) estima, hasta ahora,pérdidas por 4,200 millones de pesos, afectando por consiguiente al PIB.

Sin embargo, los presidentes de las principales cámaras de comercio a nivel nacional han comenzado a manifestar públicamente una enérgica solicitud al Gobierno de la República para que utilicen todos los medios necesarios a sualcance para resolver la situación y desde mi punto de vista, con justa razón.

Lo están haciendo ya que los bloqueos por parte de la disidencia magisterial están afectando directamente el sano desarrollo de la economía a nivel nacional.

Y digo a nivel nacional porque no sólo afecta a los Estados que cuentan con mayor cantidad de bloqueos, saqueos y manifestaciones (principalmente Oaxaca, Chiapas y Guerrero), sino también al resto del país ya que dentro de éstos se producen insumos, tanto para el sector alimentario como para el sector industrial entre otros sectores y los bloqueos retrasan, o en algunos casos impiden, que los productos salgan al resto de la República para ser comercializados.

Esto obviamente genera un menor flujo comercial y por lo tanto económico a nivel nacional. Lo anterior, sin mencionar las actividades comerciales dentro de cada uno de los Estados. Por ejemplo, este año la Guelaguetza en Oaxaca, un gran evento lleno de comercio, pero principalmente de cultura y tradición, fue afectada gravemente ya que integrantes de la CNTE bloquearon los accesos a la misma. A su vez, muchos turistas que pretendían asistir a ella no lo hicieron por su propia seguridad y para evitarse cualquier tipo de problema con los manifestantes.

El presidente de la Cámara de Comercio (CANACO) de la Ciudad de México, Humberto Lozano, pidió al Gobierno el uso “razonado, pero determinado” de la fuerza contra los maestros disidentes. Al mismo tiempo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo de Hoyos Walther, presionó al Gobierno de la República y a los gobernadores de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, para que apliquen mano dura. También el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, declaró: “Quiero ser muy claro, nadie pide que se reprima la protesta, sino que se respeten los derechos y se proteja a la población. El diálogo debe prevalecer, pero no a costa de la ley, el orden y la tranquilidad”.

El Gobierno Federal a atendido el asunto a través de la Secretaría de Gobernación, de hecho, el mismo Secretario, Miguel Ángel Osorio Chong, tomó el tema como una prioridad. A todos nos consta que ha cumplido su trabajo teniendo acercamiento, mediante mesas de trabajo, con los líderes manifestantes.

Sin embargo, los pseudo maestros ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos para poder hacer peticiones viables y concretas. Solamente han tirado a la basura el tiempo de una buena cantidad de servidores públicos que se han avocado al tema dejándolos plantados en juntas de trabajo, presentándoles propuestas completamente fuera del contexto de la situación entre otras cosas que sólo nos dicen que los disidentes magisteriales no tienen la voluntad ni mucho menos la capacidad de negociar en busca de un acuerdo con el Gobierno.

Recordemos que todo este movimiento, y principalmente los bloqueos, se dispararon a raíz de que buena cantidad de maestros no estaban dispuestos a realizar el examen de evaluación que tiene como finalidad seleccionar a aquellos maestros capaces y poder brindar una educación de calidad en las escuelas en beneficio de nuestros niños y jóvenes. Ellos son el futuro de nuestro país pero los maestros rebeldes, sabiendo que no tienen la capacidad, el conocimiento y mucho menos la vocación de docentes, decidieron no presentarlo, dejar sin clases a miles de estudiantes y salir a las calles a realizar manifestaciones, saqueos y bloqueos que no los han llevado a nada más que a provocar daños a la educación, economía y seguridad de nuestro país.

¡Felicidades presidentes e integrantes de las cámaras empresariales! Pues estoy seguro que la presión que estos últimos días han comenzado a meterle al tema hará que su solución sea definitiva y llegue más rápido. ¡No podemos permitir, que un grupo de personas incompetentes fastidien de esta manera nuestra vida en todos los sentidos que mencioné anteriormente y mucho menos podemos permitir, juntos como sociedad, que este grupo de rebeldes afecte de manera negativa la estrategia que el Gobierno de la República tiene a favor de la educación de nuestros niños y jóvenes, que repito, son el futuro de nuestro gran país!

Facebook: Gerardo Elizondo

Twitter: @GerardoElizondo

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Más visto

Vale la pena esplorare un casino online come hyper lucky? Prima di registrarsi, conviene controllare licenze, bonus, limiti di deposito e qualità dell’assistenza.
Lohnt es sich, hyperlucky erfahrungen zu lesen? So erhält man einen schnellen Überblick über Spielauswahl, Bonusangebote und Zahlungsabwicklung.
Wer netflix casino app prüft, sollte auf gültige Lizenzen, starke Spielerschutzregeln und einen erreichbaren 24/7-Kundenservice achten, damit Unterhaltung sicher und transparent bleibt.