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México

En 2012 el desempleo en México seguirá en niveles superiores a 5%: OCDE

MÉXICO, D.F. (apro).- A menos de seis meses de que concluya el gobierno de Felipe Calderón, el desempleo en México continuará durante este año en niveles superiores al 5%, reveló la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico (OCDE).
En otras palabras, el número de personas sin trabajo en México rondará en unos 2.5 millones, ya que el desempleo se reducirá hasta los primeros meses del 2013; mientras que la informalidad se encuentra en condiciones “preocupantes”, según la organización encabezada por José Ángel Gurría.
Al dar a conocer el reporte Panorama de Empleo 2012, el organismo internacional señaló que “México ha experimentado una recuperación económica más robusta que la mayoría de los países de la OCDE, en conjunción con un fuerte crecimiento del empleo, sin embargo, la tasa de desempleo aún no desciende hasta su nivel pre-crisis”. Antes del 2009 la tasa de desocupación era menor al 5%.
El pasado lunes, Calderón presumió que durante su administración se crearon 2 millones de plazas formales. No obstante, los especialistas y el sector empresarial aseguran que México debe crear, por lo menos, un millón de puestos laborales al año para satisfacer la demanda de empleo.
No sólo eso, hoy la OCDE afirmó en su documento que la ausencia de un sistema público de prestaciones por desempleo en el país, explica en parte, la relativamente baja tasa de desempleo mexicana comparada con la otros países integrantes.
Según el informe, los países con las tasas de desempleo más altas en mayo de 2012 fueron: España, 24.6%; Portugal, 15.2%; Irlanda, 14.6%; República Eslovaca, 13.6%; Hungría, 10.9%; y Francia e Italia, 10.1% cada uno.
En contraste, las menores tasas de desempleo en el quinto mes del año fueron Corea con 3.2 por ciento; Austria, 4.1%; Japón, 4.4%; Australia, México y Holanda, 5.1% cada uno; y Luxemburgo, 5.4%.
Por otra parte, el organismo alertó a México por el crecimiento del número de personas que laboran en la informalidad.
De hecho, explicó que para compensar la merma en los ingresos, resultante de la pérdida de empleo en el sector formal, “es habitual observar la transición de trabajadores hacia el sector informal”.
En México laboral unos 13 millones de personas en condiciones precarias, sin seguridad social, ni salarios fijos, que si se suman a los 2.5 millones de desempleados y los 4 millones de subocupados –personas que declararon tener la necesidad y disponibilidad de laborar horas extras–; en el país hay unos 19 millones de mexicanos trabajando en condiciones negativas. Contra los 15.7 millones de personas que laboran en la formalidad.
La OCDE reportó que la tasa de desempleo juvenil duplicó a la tasa de desempleo total en el cuarto trimestre de 2011, alcanzando 10%.
“Si bien el desempleo juvenil es mucho más bajo que en el área de la OCDE en su conjunto, el porcentaje de jóvenes que no están empleados y que no están estudiando o en programas de capacitación es considerablemente superior en México, lo que refleja el creciente desafío que enfrenta el país para mejorar los logros educacionales”, enfatizó.
Para el organismo dirigido por Gurría es necesaria una reforma integral del mercado de trabajo que debe incluir medidas que promuevan el acceso a más empleos y mejores condiciones laborales para los grupos sub-representados.
Además, se pronunció por aumentar los incentivos a las empresas para la formalización de las relaciones laborales, incluyendo la creación tanto de mayores incentivos para que empresas registren sus actividades como para afiliar a sus trabajadores a la seguridad social.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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