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En Chihuahua seguiremos un proceso gradual y cuidadoso de reapertura: Corral

El proceso de reapertura de actividades económicas, sociales, culturales, deportivas y recreativas para la capital del estado y Ciudad Juárez inicia a partir del primero de junio, una vez que se compruebe en los hechos que ha descendido la curva de infección de COVID-19, informó el gobernador Javier Corral Jurado, durante la transmisión del programa Chihuahua Adelante.

“Vamos a hacerlo cuando estemos seguros de que en Chihuahua la curva esté en descenso. No vamos a abrir ni en el pico, ni en la meseta, ni siquiera en lo que se conoce como la primera inflexión, sino exactamente cuando sepamos que tenemos una tendencia descendente”, indicó el mandatario.

Detalló que la producción en las distintas empresas podría reiniciar el 1 de junio con un plan de semaforización en “el que las autoridades sanitarias iremos evaluando el cumplimiento de medidas estrictas de sana distancia, de sanitización, medición de la temperatura, de oxigenación, de cubrebocas, etcétera”.

El titular del Ejecutivo estatal puntualizó que en general el proceso de reapertura para las distintas actividades se realizará con muchas medidas que se irán dando a conocer, porque tan importante fue la primera etapa como el de preparación la reapertura.

“Lo que tenemos que cuidar, entre todos, es que no nos vaya a surgir un rebrote comunitario que nos pueda subir la curva y se nos colapse el sistema de salud”, expresó.

Dijo que esa definición es resultado del acuerdo que hubo ayer en el Consejo de Salubridad General del Gobierno de la República, donde participaron en videoconferencia los gobernadores de las entidades a las que se les reconoció su soberanía y autonomía para aplicar medidas de control sanitario y dirigir el proceso de reapertura económica.

Javier Corral señaló que en la reunión se acordaron los principales lineamientos, directrices de lo que va a ser un proceso de apertura que será gradual y cuidadoso, con condiciones muy precisas, señalamientos e indicadores que generarán en la población medidas de control sanitario y de higiene personal.

Indicó que el programa que se detallará próximamente para Chihuahua está en sintonía con el plan que ha dado a conocer esta mañana el Gobierno de la República, al que consideró correcto y racional y que atiende en primer lugar el cuidado de la salud.

“Y algo que debemos reconocer –añadió–, es que se ha respetado la autonomía de los estados como autoridad sanitaria en nuestras entidades federativas, para ir marcando el ritmo, el paso de ese programa de reapertura económica y por supuesto, ir creando las condiciones, las reglas de esa reapertura”.

Especificó que en Chihuahua la reapertura gradual de actividades está programada para que inicie en los primeros días del próximo mes, cuando haya concluido la Jornada Nacional de Sana Distancia y se compruebe en los hechos que ha descendido la curva de infección de COVID-19.

“Al gran sacrificio que hemos hecho, sería contradictorio que pudiéramos adelantar esas medidas. Sería suicida, autodestructivo, anticipar medidas de reapertura en comercio, servicios e industria teniendo un pico tan alto en la capital”, destacó.

Manifestó que en el caso de Ciudad Juárez se está cumpliendo con lo proyectado para que el pico de la curva llegue el 14 y 15 de mayo.

Agregó que en lo referente a la ciudad de Chihuahua, se presentará entre el 15 y el 18 de mayo, y los descensos se van a producir también entre el primero y el 4 de junio.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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