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Opinión

En Chihuahua, urge la intervención justiciera del gobernador Por Antonio Escamilla Meza

“Chihuahua Vive luchará contra el dolor de quienes menos tienen… erradicará la discriminación que padecen los más vulnerables” (Lic. César Horacio Duarte Jáquez, en su toma de protesta como Gobernador)

 

El 11 de noviembre del 2010, a los pocos días de que el Lic. César Horacio Duarte Jáquez, asumiera la gubernatura del Estado,  el comité estatal antorchista le solicitó formalmente al Gobernador, mediante oficio, la solución a un pliego petitorio compuesto por demandas de elemental justicia social en beneficio de miles de chihuahuenses, integrantes o no de la organización.

Han transcurrido ya más de un año y siete meses; del pliego petitorio original en donde se planteaban alrededor de 260 propuestas de agua potable, drenaje, electrificación, escuelas, espacios deportivos, salones de usos múltiples, plazas públicas, seguridad, ampliación de rutas de camiones urbanos, lotes para vivienda popular, paquetes de materiales, programas de escrituración y titulación de predios urbanos, etc., hasta el momento se ha atendido alrededor de 30, es decir, el 12% del universo total de peticiones.

En concreto: obras de agua potable para 11 colonias populares, 9 electrificaciones, 2 obras de infraestructura social, 4 obras educativas, y el inicio de un programa de vivienda para   9, 000 familias; prácticamente, en todas estas obras los beneficiarios ha aportado recursos económicos o están por aportarlos como una manera de contribuir con su propio progreso. A pesar de lo magro de los resultados, los antorchistas, dado que sabemos ser agradecidos y tolerantes, mediante diferentes actos, como en la celebración de nuestro 37 aniversario realizado en Vista Cerro Grande  el 17 de octubre pasado, como en un desplegado de circulación estatal, como en múltiples reuniones y en eventos presididos por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y por el Diputado Local Ricardo Boone, entre otros, hicimos un reconocimiento público al Gobernador del Estado por haber atendido en ese porcentaje el citado pliego.

Sin embargo, como es evidente, está pendiente todo lo demás; y tal parece que, el resto de peticiones y las que se han venido acumulando en el transcurso de los meses, a algunos de los funcionarios públicos del Estado les parece una exageración inconmensurable, un abuso del derecho de petición de los antorchistas, como si éstos quisieran todo el presupuesto estatal para ellos solos. Pero se equivocan, cometen un grave error de apreciación y una gran deshonestidad quienes así plantean las cosas.

Por principio de cuentas, no es culpa de Antorcha que haya tanta miseria, tanto abandono, tanta falta de servicios, tanta falta de progreso en las colonias y pueblos marginados, ni que la gente agraviada busque una alternativa de lucha que sirva de válvula de escape ante la inconformidad; no es culpa de los antorchistas que todos los que ahora son autoridades, producto del voto popular, al calor de la campañas políticas hayan generado tantas expectativas para resolver esa problemática entre sus ahora gobernados.

En segundo lugar, el ciudadano común, el obrero, el campesino, el ama de casa modesta, el vendedor ambulante, el albañil, etc., se preguntan: si no hay recursos para resolver, por ejemplo un problema de falta de agua potable, de luz, de drenaje, de alimentación para los pobres, ¿Cómo sí hay para hacer obras suntuosas, de embellecimiento urbano? ¿Así se aprovechan mejor los impuestos que pagamos?

En tercer lugar, ¿es mucho pedir cuando lo que se solicita son demandas tan justas como agua potable, drenaje, electrificación, mejoramiento a las humildes casas, aulas para escuelas (como el Jardín de Niños de La Soledad, cuyos niñitos sufren en horribles hornos o congeladoras según el clima de la temporada), despensas para los hambrientos?.

En cuarto lugar, ¿es justo acusar de abusones cuando piden justicia social a quienes pagan impuestos por tener un predio, por tener un vetusto vehículo, por comprar la canasta básica o la ropa más elemental, por tener un modesto changarrito; es justo tratar de aprovechados a quienes producen la riqueza material con su fuerza de trabajo puesta en acción, riqueza material de la que se adueñan unos cuantos dejando en la miseria y en el abandono a millones de seres humanos?

En quinto lugar, ¿es honesto, y políticamente apropiado, pensar: ¡para los pobres, no hay recursos!, ¡que se conformen con lo que tienen o con lo que les damos!, cuando el Gobierno del Estado de Chihuahua, tan sólo en el  2011 manejó la “friolera” de 44, 317, 222, 798 (cuarenta y cuatro mil, trescientos diecisiete millones, doscientos veintidós mil, setecientos noventa y ocho pesos), según el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de ese Gobierno, del periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2011?

En Antorcha pensamos que lo más justo y honesto sería que las demandas y compromisos que hemos planteado como urgentes y prioritarias se atendieran por los servidores públicos encargados de hacerlo, si tuvieran un mínimo de responsabilidad y visión de futuro, pero que si no quieren o no pueden, es decir, si son insensibles o incapaces (y desde luego que no me refiero a su capacidad personal) para cumplir con la misión de servir al pueblo, pues, que salga a la palestra el señor Gobernador, escuchando de viva voz las inconformidades y las preocupaciones de un sector de chihuahuenses, que se identifican plenamente con su proyecto de gobierno plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo, para que, mediante su intervención decidida y expedita, se les haga justicia a miles de chihuahuenses pobres.

 

 

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Opinión

La semilla. Por Raúl Saucedo

Libertad Dogmática

El 4 de diciembre de 1860 marcó un hito en la historia de México, un parteaguas en la relación entre el Estado Mexicano y la Iglesia. En medio de la de la “Guerra de Reforma», el gobierno liberal de Benito Juárez, refugiado en Veracruz, promulgó la Ley de Libertad de Cultos. Esta ley, piedra angular del Estado laico mexicano, estableció la libertad de conciencia y el derecho de cada individuo a practicar la religión de su elección sin interferencia del gobierno.

En aquel entonces, la Iglesia Católica ejercía un poder absoluto en la vida política y social del país. La Ley de Libertad de Cultos, junto con otras Leyes de Reforma, buscaba romper con ese dominio, arrebatándole privilegios y limitando su influencia en la esfera pública. No se trataba de un ataque a la religión en sí, sino de un esfuerzo por garantizar la libertad individual y la igualdad ante la ley, sin importar las creencias religiosas.
Esta ley pionera sentó las bases para la construcción de un México moderno y plural. Reconoció que la fe es un asunto privado y que el Estado no debe imponer una creencia particular. Se abrió así el camino para la tolerancia religiosa y la convivencia pacífica entre personas de diferentes confesiones.
El camino hacia la plena libertad religiosa en México ha sido largo y sinuoso. A pesar de los avances logrados en el lejano 1860, la Iglesia Católica mantuvo una fuerte influencia en la sociedad mexicana durante gran parte del siglo XX. Las tensiones entre el Estado y la Iglesia persistieron, y la aplicación de la Ley de Libertad de Cultos no siempre fue consistente.
Fue hasta la reforma constitucional de 1992 que se consolidó el Estado laico en México. Se reconoció plenamente la personalidad jurídica de las iglesias, se les otorgó el derecho a poseer bienes y se les permitió participar en la educación, aunque con ciertas restricciones. Estas modificaciones, lejos de debilitar la laicidad, la fortalecieron al establecer un marco legal claro para la relación entre el Estado y las iglesias.
Hoy en día, México es un país diverso en materia religiosa. Si bien la mayoría de la población se identifica como católica, existen importantes minorías que profesan otras religiones, como el protestantismo, el judaísmo, el islam y diversas creencias indígenas. La Ley de Libertad de Cultos, en su versión actual, garantiza el derecho de todos estos grupos a practicar su fe sin temor a la persecución o la discriminación.
No obstante, aún persisten desafíos en la construcción de una sociedad plenamente tolerante en materia religiosa. La discriminación y la intolerancia siguen presentes en algunos sectores de la sociedad, y es necesario seguir trabajando para garantizar que la libertad religiosa sea una realidad para todos los mexicanos.

La Ley de Libertad de Cultos de 1860 fue un paso fundamental en la construcción de un México más justo y libre. A 163 años de su promulgación, su legado sigue vigente y nos recuerda la importancia de defender la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa como pilares de una sociedad democrática y plural.
Es importante recordar que la libertad religiosa no es un derecho absoluto. Existen límites establecidos por la ley para proteger los derechos de terceros y el orden público. Por ejemplo, ninguna religión puede promover la violencia, la discriminación o la comisión de delitos.
El deseo de escribir esta columna más allá de conmemorar la fecha, me viene a deseo dado que este último mes del año y sus fechas finales serán el marco de celebraciones espirituales en donde la mayoría de la población tendrá una fecha en particular, pero usted apreciable lector a sabiendas de esta ley en mención, sepa que es libre de conmemorar esa fecha a conciencia espiritual y Libertad Dogmática.

@Raul_Saucedo
rsaucedo@uach.mx

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