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México

En cinco años, nuevo cártel se empoderó sin algún freno

De acuerdo con especialistas, el cártel ha encontrado terreno propicio para crecer debido al debilitamiento de Los Templarios y a los cinco años que tuvo para instrumentarse con la complicidad de las autoridades.

El empoderamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue permitido por las instancias de seguridad, que tras su creación hace cinco años, no hicieron nada para controlarlo. Actualmente, buscará apoderarse de las plazas de Jalisco y del puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán ante el debilitamiento de Los Caballeros Templarios, a fin de tener conexión con Sinaloa para el trasiego de metanfetaminas, y podrían intentar filtrar la Fuerza Única de Jalisco, advirtieron especialistas en seguridad.

Entrevistado, Alejandro Hope, director de Seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), relató que el CJNG no es nuevo; es un desprendimiento del cártel de Los Valencia o del Milenio que operaba en los años 90 (de los pioneros en producción de metanfetaminas), y de la estructura de Ignacio Nacho Coronel, uno de los principales capos del Cártel de Sinaloa que murió abatido en el 2010. Nemesio Oseguera Cervantes, líder máximo del CJNG, fue expulsado de Michoacán -su estado natal- en el 2004, cuando el estado era controlado por la Familia Michoacana.

“Los residuos de ello es lo que terminan generando este cártel que surge a la luz pública en el 2010. Inicialmente se le ve como una especie de sucursal o afiliado el Cártel de Sinaloa, pero fue ganando autonomía, y presencia en los estados del Pacífico, aunque ha tenido participaciones como Los Matazetas, en el 2011, que eran gente del CJNG. Su carta más fuerte es la producción de metanfetaminas, aunque probablemente esté involucrándose en cocaína, mariguana y heroína. Está detrás de la fosa clandestina en la Barca (diciembre del 2013), con 64 cadáveres. Y probablemente se esté convirtiendo en estos momentos, si no en el blanco predilecto, si en uno de los objetivos principales del gobierno federal”, dijo.

Alejandro Hope, también director del Proyecto MC2 (Menos Crimen, Menos Castigo), consideró que el grupo delincuencial actualmente “encuentra un terreno propicio para su crecimiento, dada la muy diluida presencia de los templarios en Michoacán”.

Destacó que el CJNG es una de las pocas organizaciones que se mantienen cohesionadas a cinco años de su creación, “y muy probable sea una de las organizaciones criminales más importantes del país”.

También en entrevista, Gerardo Rodríguez Sánchez-Lara, analista en seguridad nacional y profesor de la Universidad de las Américas campus Puebla, consideró que el Cártel Jalisco Nueva Generación “se va a concentrar en controlar, eso sí, con mucha fuerza, el territorio que comprende el estado de Jalisco, y el norte y centro de Michoacán, de Tierra Caliente, para controlar el puerto de Lázaro Cárdenas (recuperado el año pasado por el Ejército, la Marina, Policía Federal y autoridades de hacienda), y como un estado colchón Jalisco para la conexión con Sinaloa.

“Yo creo que esa es la zona de influencia que van a querer seguir operando, en extremo estratégica para la recepción de los químicos para la producción de droga sintética, como lo es la heroína, para ser la conexión directa con la producción de amapola que tienen en toda esta región”.

El analista Gerardo Rodríguez consideró que el atentado contra el comisario general de Seguridad Pública de Jalisco, Francisco Alejandro Solorio Aréchiga, y luego la emboscada y asesinato de 15 elementos de la Fuerza Única de Jalisco, debe prender las alertas en la inteligencia militar y civil de que ese cártel intenta filtrar a las instancias estatales, e incluso podría tener ya halcones dentro la corporación. “Debe de subir las señales de alerta de las áreas de inteligencia civiles y militares, en torno a posibles vínculos entre este cartel con autoridades locales en el estado de Jalisco”, alertó.

Sánchez-Lara consideró que el ataque contra la Fuerza Única de Jalisco, ya sin la presencia de las policías municipales, muestra que el mando único policiaco no es la solución al problema de inseguridad, pues a pesar de estar unificada, la policía de Jalisco demostró fallas en la emboscada que sufrió.

Tanto el analista Alejandro Hope como el profesor Gerardo Rodríguez coincidieron en que el empoderamiento del CJNG se debió a los casi cinco años que tuvo para instrumentarse y a la complicidad de autoridades.

“Fueron décadas de una construcción de una red criminal familiar, en un primer momento (Nemesio Oseguera Cervantes y Abigael González Valencia son cuñados), que logró una alianza estratégica en extremo redituable, que fue la alianza que tuvieron con los carteles colombianos para el trasiego de droga hacia Estados Unidos en los años 80. Entonces, no podemos explicar la formación de este cártel sin la impunidad y colusión con las administraciones y gobiernos en turno en los años 80 y 90 que les permitieron coordinar en algunas ocasiones las operaciones de estos cárteles”, comentó Gerardo Rodríguez.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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