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En cuánto tiempo pierdes tu derecho a la atención médica si te despiden de tu trabajo

El tema de desempleo genera en estos momentos de crisis, además de tensión, incertidumbre, ya que en algunos casos se pierde el acceso de atención médica que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un derecho que de no contar con él, puede poner en riesgo la vida de un trabajador.

Durante la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer el momento en que un empleado pierde el derecho a los servicios de salud, sin importar si siga percibiendo su salario de nómina por parte de su patrón o no.

En medio de la crisis de salud por la pandemia de coronavirus, que en México ya dejó 141 decesos, es importante recalcar que los empleados deben considerar lo siguiente.

Verificar constantemente la vigencia de acceso al Seguro Social, ya que si la empresa donde se labora no paga las cuotas del servicio ocasionará un impacto directo, pues el empleado no podrá atenderse en ningún hospital del IMSS.

Cuando un trabajador es dado de baja en el seguro social, tiene un lapso de ocho días para perder todo derecho.

Es decir, en el momento en que una persona es separada de esa prestación empiezan a contar las ocho semanas y justo al terminar, un aproximado de dos meses, ya no podrá hacer uso de ningún servicio en el IMSS.

Además, los trabajadores que fueron despedidos de sus empleos, pero ya tenía ocho semanas que el patrón no pagaba el seguro, significa que por ley tampoco tiene acceso a nada.

Y es que existe la posibilidad de que un empleado piense que no tienen ningún problema, pues sigue recibiendo su sueldo vía nómina; sin embargo, hay muchas empresas que lo primero que dejan de pagar es ese derecho.

Durante la conferencia de AMLO, se detalló que las pequeñas empresas han aguantado más la crisis actual generada por el COVID-19 y registran solidaridad hacia sus subordinados.

Sin embargo, las grandes empresas han dejado de abonar a la prestación de acceso a la salud con el objetivo de ahorrar, lo que simboliza un problema grave en estos momentos de propagación del virus en México.

Del 13 de marzo al 6 de abril han sido despedidos en el país, al menos 346,878 trabajadores de 20.4 millones, quienes pertenecen al sector formal e informal por el COVID-19. Es decir, 1.4% de los empleados sin amparos de seguro social porque los patrones no pagaban.

Son alrededor de seis entidades las que reflejan una separación de sus trabajadores al IMSS, es decir, cerca de un 56% del total.

Los datos revelaron que pequeñas empresas, de 1-5 trabajadores son las que más han mostrado solidaridad y las que más han resistido a la contingencia.

Hay que destacar, que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) tendrán el beneficio de acceder a un préstamo por parte del gobierno, para capitalizarse y poder enfrentar la crisis económica que ha generado el coronavirus en el país.

Desde Palacio Nacional, el presidente de México destacó que la ayuda será destinada a pequeñas empresas familiares para que puedan mantener su negocio.

Por ello, anunció cuál será el plan “bajo palabra” de apoyo a los comercios formales e informales (tianguis, vendedores ambulantes. Asimismo, detalló cuáles serán los bancos que participarán y cómo se desarrolló la selección para otorgar los préstamos.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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