Conecta con nosotros

México

En el DF no hay espacio para Uber ni Cabify: taxistas

El gremio de taxistas amaga con elevar sus reclamos, ante lo que califica como una actitud complaciente del gobierno capitalino con Uber y Cabify al no frenar su actividad ilícita de transporte de personas.

El gobierno capitalino podría salir en las próximas dos semanas con una legislación encaminada a regular a los servicios de transporte de Uber, Cabify y otras aplicaciones similares, pero que aún estará lejos de las regulaciones que se le imponen al servicio tradicional de taxi.

Estas potenciales normas se publicarán en la Gaceta del Gobierno del Distrito Federal, con lo que entrarán de inmediato en vigor y para favorecer a Uber y Cabify, estimó el gremio de Taxistas Organizados de la Ciudad de México (TOCDMX), quien insistió a Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, a que fije su postura sobre este conflicto.

El gremio de taxistas acusa directamente a las aplicaciones Uber y Cabify de operar su servicio de transporte al margen de la ley en la ciudad de México. Las plataformas digitales han insistido en que ellas proveen la tecnología de contratación del servicio, más no el transporte como tal. Pero que es un problema de percepción legal que hay que definir, comentó la agrupación.

Los taxistas agrupados en TOCDMX aceptaron utilizar algunas aplicaciones digitales para mejorar el servicio que prestan, por lo que desecharon las afirmaciones que los ligan al rechazo de estas apps. En cambio, argumentaron que, básicamente, Uber se aprovecha de ambigüedades en la ley, misma que ha quedado rebasada por los adelantos tecnológicos.

TOCDMX elevó por tanto sus demandas. Esta vez no solicitó la regulación de las operaciones de Cabify y de Uber; esta ocasión exigió el retiro de este servicio de las calles de la ciudad.

Los motivos son varios, dijeron los representantes de TOCDMX en una manifestación realizada frente a las oficinas de Miguel Ángel Mancera.

Uber y Cabify, recordaron, operan sin concesión que les permita rodar por las calles y tampoco pagan por el disfrute de otros derechos que, en cambio, representan presiones financieras a los taxistas tradicionales.

“No sabemos qué oscuros intereses hay, pero es evidente que los hay. Antes dijeron que Uber era ilegal y ahora que lo analizan. Están haciendo un traje a la medida (para Uber y Cabify). Y si lo que quieren es que haya un servicio de primera, que nos permitan cobrar el triple de tarifa como Uber, que se nos exente de pagar el derecho de concesión para comprar mejores unidades”, afirmó Daniel Medina, vocero de TOCDMX.

“Si el servicio de taxi está así, es por tres factores y es por la culpa del gobierno: por los costos de la cromática, por el incremento de las tarifas y por la corrupción. Y si esto se permite (con Uber y Cabify), estamos frente a un gobierno protector”, agregó el también líder de la Unión de Taxistas Génesis del Distrito Federal.

El gremio de Taxistas Organizados de la Ciudad de México aún recopila pruebas para, dado el caso, presentar nuevas denuncias contra Uber y Cabify, quienes, a su parecer, burlan la legislación al imponer sus propias tarifas, facultades exclusivas del gobierno capitalino.

La estrategia de los taxistas se mantiene en el rubro de manifestarse sin afectar a terceros, pero dejaron abierta la posibilidad de elevar el tono de sus acciones ante lo que estiman es un desaire de Miguel Ángel Mancera a su petición de escucharlos.

“Ya tenemos dos denuncias interpuestas y no están dispuestos a recibirnos. Queremos informarles sobre avances, sobre averiguaciones, pero al jefe de Gobierno lo hemos encontrado indiferente. Queremos que se pronuncie y que se pronuncie en un sentido jurídico. No queremos dañar la imagen que se tiene en la ciudad, queremos tener cautela, actuar de manera responsable y creemos en las acciones legales y aún seguimos con las protestas, cuidando que se causen las menores molestias a la ciudadanía”, dijo Daniel Medina.

Van 14 ciudades en las que Uber ha tenido que salir de las calles y aunque en algunas otras la aplicación ha resultado vencedora a los taxistas locales, “en México no podrá”, sentenció el TOCDMX.

Entre sus planes de acción, Uber apuesta a no utilizar los automóviles en los que trabajan los taxistas tradicionales. “Ellos no usan un Tsuru, quieren mínimo un Vento y eso, porque han flexibilizado su servicio en América Latina; hasta en eso tienen su táctica”.

Las pérdidas, según TOCDMX, para lo taxistas por la operación de taxis irregulares y de aplicaciones digitales como Uber o Cabify se cifran en 24 millones de pesos por día, debido a los más de 20,000 taxis piratas que operan en la ciudad de México.

Ginebra le dijo no a Uber, pero Washington D.C. le permitió rodar en las calles de la capital estadounidense. En México sigue en el aire la posibilidad de que Uber y Cabify se fijen en su pavimento.

“Les están haciendo un traje a la medida. Sin carga fiscal. El problema no es la tecnología; el problema es la actividad ilegal y el mal uso que le están dando. Y si los quieren regular de esa manera, vamos a mantener la lucha. No somos Washington y no somos Ginebra, México es un caso diferente. México no necesita a Uber; así, no hay espacio”.

Fuente: El Economista

México

AMLO busca solucionar en 5 meses lo que no se resolvió en 10 años del caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la Ley de Amnistíatiene como principal interés la resolución de temas de interés que aquejan al país y en los que se ha constatado la violación de derechos humanos, como lo es el caso Ayotzinapa, el cual conmemora este 26 de septiembre 10 años de la desaparición de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos.

Durante su Mañanera de este miércoles, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre el propósito de este reforma, la cual fue aprobada la tarde del martes 23 de abril en comisiones del Senado y que, se prevé, sea discutida este mismo miércoles en el Pleno.

Al respecto, el presidente López Obrador reiteró que su principal interés es el caso Ayotzinapa en el que, dijo, se produjo una especie de “pacto de silencio” en el que algunos formaron aparte de la desaparición de los jóvenes y les ofrecen protección; o bien, otros más, que se han cerrado por miedo o amenazas.

López Obrador aprovechó para criticar al Poder Judicial por la liberación de 80 personas presuntamente involucradas en la desaparición de los normalistas- (Cuartoscuro)
López Obrador aprovechó para criticar al Poder Judicial por la liberación de 80 personas presuntamente involucradas en la desaparición de los normalistas- (Cuartoscuro)

No obstante, el mandatario federal confió en que con esta ley el caso pueda resolverse antes de que finalice su sexenio el próximo 1 de octubre.

“Nos va a ayudar mucho, sí nos alcanza el tiempo porque es hacer las cosas legales”, dijo el presidente López Obrador al ser cuestionado sobre si la aprobación de esta ley le permitiría cerrar el caso que cumple 10 años este 26 de septiembre en los cinco meses que le quedan a su gobierno.

Explicó que el propósito de la ley es que haya un respaldo en caso de que se tome un acuerdo con alguien que quiere informar sobre el caso. Y es que precisó que si el presidente no tiene facultades para cumplir con los acuerdos con personas que informan sobre el caso, se estaría infringiendo la ley.

López Obrador aseguró una vez más que su gobierno tiene pruebas de que algunas de las personas que fueron liberadas por jueces por presuntamente haber sido torturadas durante la investigación del caso, en realidad no sufrieron tortura.

El presidente López Obrador también se pronunció a favor de aplicar la Ley de Amnistía en el caso de Israel Vallarta. (Presidencia)
El presidente López Obrador también se pronunció a favor de aplicar la Ley de Amnistía en el caso de Israel Vallarta. (Presidencia)

El presidente dijo que aunque estas 80 personas están en libertad, una vez llegado el momento se buscará abrirles un nuevo expediente.

El presidente aprovechó el tema para volver a la carga en contra del Poder Judicial, en cuyo caso, dijo, los jueces no actuaron solos y de manera independiente al determinar la liberación de las 80 personas señaladas por su presunta participación en el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con el presidente, este tipo de actuaciones requiere la anuencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, en este caso, sería la ministra Norma Piña Hernández.

“No fue un asunto nada más de jueces, porque para liberar a 80 presuntos responsables de la desaparición de Ayotzinapa debió haber una consulta al presidente de la Corte. No se avienta un juez a algo así solo. Por mucho que hablen de autonomía”, indicó.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto