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México

En el DF no hay espacio para Uber ni Cabify: taxistas

El gremio de taxistas amaga con elevar sus reclamos, ante lo que califica como una actitud complaciente del gobierno capitalino con Uber y Cabify al no frenar su actividad ilícita de transporte de personas.

El gobierno capitalino podría salir en las próximas dos semanas con una legislación encaminada a regular a los servicios de transporte de Uber, Cabify y otras aplicaciones similares, pero que aún estará lejos de las regulaciones que se le imponen al servicio tradicional de taxi.

Estas potenciales normas se publicarán en la Gaceta del Gobierno del Distrito Federal, con lo que entrarán de inmediato en vigor y para favorecer a Uber y Cabify, estimó el gremio de Taxistas Organizados de la Ciudad de México (TOCDMX), quien insistió a Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, a que fije su postura sobre este conflicto.

El gremio de taxistas acusa directamente a las aplicaciones Uber y Cabify de operar su servicio de transporte al margen de la ley en la ciudad de México. Las plataformas digitales han insistido en que ellas proveen la tecnología de contratación del servicio, más no el transporte como tal. Pero que es un problema de percepción legal que hay que definir, comentó la agrupación.

Los taxistas agrupados en TOCDMX aceptaron utilizar algunas aplicaciones digitales para mejorar el servicio que prestan, por lo que desecharon las afirmaciones que los ligan al rechazo de estas apps. En cambio, argumentaron que, básicamente, Uber se aprovecha de ambigüedades en la ley, misma que ha quedado rebasada por los adelantos tecnológicos.

TOCDMX elevó por tanto sus demandas. Esta vez no solicitó la regulación de las operaciones de Cabify y de Uber; esta ocasión exigió el retiro de este servicio de las calles de la ciudad.

Los motivos son varios, dijeron los representantes de TOCDMX en una manifestación realizada frente a las oficinas de Miguel Ángel Mancera.

Uber y Cabify, recordaron, operan sin concesión que les permita rodar por las calles y tampoco pagan por el disfrute de otros derechos que, en cambio, representan presiones financieras a los taxistas tradicionales.

“No sabemos qué oscuros intereses hay, pero es evidente que los hay. Antes dijeron que Uber era ilegal y ahora que lo analizan. Están haciendo un traje a la medida (para Uber y Cabify). Y si lo que quieren es que haya un servicio de primera, que nos permitan cobrar el triple de tarifa como Uber, que se nos exente de pagar el derecho de concesión para comprar mejores unidades”, afirmó Daniel Medina, vocero de TOCDMX.

“Si el servicio de taxi está así, es por tres factores y es por la culpa del gobierno: por los costos de la cromática, por el incremento de las tarifas y por la corrupción. Y si esto se permite (con Uber y Cabify), estamos frente a un gobierno protector”, agregó el también líder de la Unión de Taxistas Génesis del Distrito Federal.

El gremio de Taxistas Organizados de la Ciudad de México aún recopila pruebas para, dado el caso, presentar nuevas denuncias contra Uber y Cabify, quienes, a su parecer, burlan la legislación al imponer sus propias tarifas, facultades exclusivas del gobierno capitalino.

La estrategia de los taxistas se mantiene en el rubro de manifestarse sin afectar a terceros, pero dejaron abierta la posibilidad de elevar el tono de sus acciones ante lo que estiman es un desaire de Miguel Ángel Mancera a su petición de escucharlos.

“Ya tenemos dos denuncias interpuestas y no están dispuestos a recibirnos. Queremos informarles sobre avances, sobre averiguaciones, pero al jefe de Gobierno lo hemos encontrado indiferente. Queremos que se pronuncie y que se pronuncie en un sentido jurídico. No queremos dañar la imagen que se tiene en la ciudad, queremos tener cautela, actuar de manera responsable y creemos en las acciones legales y aún seguimos con las protestas, cuidando que se causen las menores molestias a la ciudadanía”, dijo Daniel Medina.

Van 14 ciudades en las que Uber ha tenido que salir de las calles y aunque en algunas otras la aplicación ha resultado vencedora a los taxistas locales, “en México no podrá”, sentenció el TOCDMX.

Entre sus planes de acción, Uber apuesta a no utilizar los automóviles en los que trabajan los taxistas tradicionales. “Ellos no usan un Tsuru, quieren mínimo un Vento y eso, porque han flexibilizado su servicio en América Latina; hasta en eso tienen su táctica”.

Las pérdidas, según TOCDMX, para lo taxistas por la operación de taxis irregulares y de aplicaciones digitales como Uber o Cabify se cifran en 24 millones de pesos por día, debido a los más de 20,000 taxis piratas que operan en la ciudad de México.

Ginebra le dijo no a Uber, pero Washington D.C. le permitió rodar en las calles de la capital estadounidense. En México sigue en el aire la posibilidad de que Uber y Cabify se fijen en su pavimento.

“Les están haciendo un traje a la medida. Sin carga fiscal. El problema no es la tecnología; el problema es la actividad ilegal y el mal uso que le están dando. Y si los quieren regular de esa manera, vamos a mantener la lucha. No somos Washington y no somos Ginebra, México es un caso diferente. México no necesita a Uber; así, no hay espacio”.

Fuente: El Economista

México

Poder Legislativo declara constitucional la reforma al Poder Judicial

Ciudad de México.- El Congreso de México declaró este viernes constitucional la reforma al Poder Judicial propuesta por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que busca la elección de jueces por el voto popular, y solo resta su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor.

La declaratoria de constitucionalidad se anunció primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, en ambos casos en pocos minutos, con la aprobación de las ‘supermayorías’ oficialistas en ambas cámaras y el respaldo de 23 legislaturas locales de 32 estados.

“A efecto de dar cumplimiento al artículo 135 constitucional (…) y una vez computados los 23 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados, la Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución mexicana en materia del Poder Judicial”, declaró el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

En el mismo sentido se expresó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, también diputado plurinominal de extracción morenista.

Ambos actos no contaron con la presencia de la oposición, tras la negativa a la reforma, que han calificado como un retroceso para la democracia y la independencia judicial, así como para el equilibrio de Poderes y la posible intromisión de “grupos de interés”.

Así lo anunciaron los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y MC en ambas Cámaras del Congreso, quienes expresaron que la acción de constitcuionalidad “es una fiesta” exclusiva del oficialismo, así como el “consumado atraco a la nación”.

La acción se da a la par de los intentos por trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y por lo menos mil 200 personas juzgadoras en el país por frenar esta reforma, recurriendo a instancias nacionales e internacionales.

Organismos multilaterales como las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); empresariales como la International Chamber of Commerce (ICC); calificadoras como Fitch y Moody’s, así como el Gobierno estadounidense, han advertido repercusiones para México por esta reforma, incluidos paneles y arbitrajes en el marco de tratados comerciales como el T-MEC.

Este viernes un juez del estado de Colima ordenó una suspensión para frenar la promulgación de la citada reforma en el DOF, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador, principal impulsor de la reforma, anunció que sería oficializada el próximo domingo 15 de septiembre, cuando se conmemora el Día de la Independencia.

Más tarde, la senadora Ernestina Godoy, futura consejera jurídica en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, señaló que dicho amparo es improcedente para impedir que la reforma publique en el DOF. “Se les olvida que contra reforma constitucionales no proceden impugnaciones”,, dijo Godoy.

Hasta ahora, la reforma judicial cuenta con más de los 17 votos por legislaturas locales que exige la Constitución mexicana para ser declarada constitucional y ser remitida al titular del Ejecutivo, López Obrador, para su oficialización y entrada en vigor.

Las legislaturas que dieron ya su aval son las de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la capital Ciudad de México. En tanto, ha sido rechazada en los congresos locales de Jalisco y Querétaro.

Una vez hecha la declaratoria de constitucionalidad por la Cámara de Diputados, se dará trámite al presidente López Obrador para su publicación oficial y posterior entrada en vigencia.

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