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En el Senado legislamos en política social para poner fin a la pobreza: Pérez Cuéllar

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Con la finalidad de que los programas sociales sean permanentes y lleguen a quienes más lo necesitan, en el Senado de la República aprobamos la iniciativa de Bienestar Social, que vino a elevar a rango constitucional el estado de Bienestar en beneficio de mujeres, estudiantes, campesinos, agricultores, comunidades indígenas y demás población en situación de vulnerabilidad, destacó durante su segundo informe el senador por MORENA, Cruz Pérez Cuéllar.

Al rendir cuentas a los ciudadanos, el senador morenista resaltó que se trata de una iniciativa del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que se materializo? en el Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4.o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2020.

Explicó que con esta reforma se aprobaron apoyos para las personas con discapacidad, priorizando a aquellas menores de 18 años, indígenas y en situación de pobreza. Tal estímulo se traduce en el otorgamiento bimestral de 2 mil 550 pesos. Sólo en 2020, el presupuesto de este programa es de 14 mil 197 millones 246 mil 989 pesos.

Asimismo, la reforma prevé una pensión para personas mayores de 68 años, cuyo presupuesto para este an?o alcanza los 130 mil millones de pesos, así como un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los tipos y niveles educativos pertenecientes a las familias que se encuentren en situación de pobreza, con el fin de garantizar, con equidad, el derecho de la educación. En este último rubro, los programas impulsados son los siguientes:

– Programa Nacional de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, con un presupuesto, para este an?o de 30 mil 500 millones de pesos.
– Programa de Becas Elisa Acun?a, que cuenta con un presupuesto de más de 4 mil millones de pesos.
– Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, al que este an?o le fueron asignados 29 mil millones de pesos.
– Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, cuyo presupuesto es de más de 8 mil millones de pesos y cuenta con más de 550 mil aprendices vinculados.

Aunado a ello, el legislador chihuahuense manifestó que es importante resaltar que, dentro del marco de la política de bienestar, el 29 de noviembre de 2019 fue publicado el Decreto por el que se modificaron diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, dando lugar a la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).
En ese sentido especificó que su objetivo principal es brindar servicios de salud gratuitos y de calidad, bajo los principios de universalidad, igualdad e inclusión, a todas las personas que se encuentren en el país y no cuenten con seguridad social.

Dijo que hoy el INSABI garantiza el derecho de acceso a la salud del pueblo mexicano, y permite atender las enfermedades, las intervenciones quirúrgicas y la distribución eficiente de los medicamentos. Todo esto en absoluta observancia de políticas de transparencia, terminando con los excesos, abusos y despilfarros que se encontraban enraizados en el extinto Seguro Popular.

Concluyó Pérez Cuéllar que lo que se busca es consolidar la política social más ambiciosa de los últimos tiempos y avanzar en el desafío de construir un Estado de bienestar que ponga fin a la pobreza, la marginación y la desigualdad en Chihuahua y en todo el país, y que en su lugar, se garantice el acceso efectivo y universal a niveles adecuados de bienestar, realización y goce de derechos para poblaciones en situación de vulnerabilidad.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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