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Opinión

En guerra con la mente. Por Itali Heide

En la historia y en la actualidad, la salud mental sigue siendo una de las condiciones más estigmatizadas con las que viven millones de personas en todo el mundo. En 2017, un estudio estima que 792 millones de personas alrededor del mundo viven con un trastorno de salud mental, suponiendo que uno de cada 10 humanos viven con una enfermedad invisible. Las condiciones más comunes son depresión y trastornos de ansiedad, sin embargo, muchas personas viven su vida con un dolor constante que no pueden diagnosticar por miedo al estigma.

Dirán <no es para tanto>, <échale más ganas>, o <ánimo, va a mejorar>. Aunque no malintencionadas, estas frases le echan gasolina a la desacreditación de la salud mental en todas sus facetas, como si hubiese un interruptor para encender y apagar la enfermedad mental. Para quienes no han sufrido de algún trastorno, parece imposible comprender y empatizar con el concepto de no salir de la cama en días, ni para bañarse; aislarse y alejarse de las amistades, colapsos emocionales en momentos inapropiados, miedos irracionales o pensamientos del suicidio y la auto-lesión.

Ahora, para quienes sus mentes les han declarado guerra, estos pensamientos y comportamientos pueden llegar a ser el pan de cada día. En ocasiones, el corazón pesa tanto que no permite la entrada de ni una gota de motivación para comer, cuidarse, socializar y sentirse útil. Otras veces, es lo contrario. Un momento fugaz de motivación se convierte en un comportamiento impulsivo, ya que el desequilibrio emocional atormenta a sus víctimas, jalándolos de un extremo emocional a otro sin previa advertencia.

<En mis tiempos no existían esas enfermedades>, se escucha comúnmente. Para aclarar: siempre han existido las enfermedades mentales, sin embargo ha sido un tema tabú por tanto tiempo que muchas personas cuestionan su validez. ¿Será que el estado actual del mundo está provocando más enfermedades mentales? Existe un debate sobre si realmente ha habido un aumento de enfermedad mental en las últimas décadas, pero hay pruebas considerables que indican que la prevalencia de trastornos mentales entre adolescentes va en aumento.

¿Y cómo no? De cierto modo, somos ratas de laboratorio que ponen a prueba la primera generación de una sociedad dependiente de la tecnología, y como bien se ha dicho, todo en exceso es malo. Por supuesto que la tecnología ha visto un aumento en enfermedades mentales. Sin embargo, no podemos dejar fuera el hecho de que la tecnología también está rompiendo barreras para quienes padecen de algún trastorno. En primer lugar, ya no hay necesidad de sentirse solo. Con un par de clics, alguien puede encontrar a un profesional de la salud mental o un grupo de apoyo que lidia con los mismos problemas. También la información acerca de la salud mental va creciendo exponencialmente: entre más nos entendemos, más nos ayudamos.

¿Cómo pelear el estigma? Un primer paso es buscar el tratamiento adecuado (aunque es una pesadilla burocrática para quienes no cuentan con los recursos para pagar un tratamiento, pero esa es otra historia para otro artículo). El miedo a ser etiquetados con una enfermedad mental no debería impedirnos obtener la ayuda necesaria. Las enfermedades mentales no son un signo de debilidad, y rara vez son algo que se puede resolver por sí solo. El camino hacia la recuperación y el control emocional y mental sólo se encuentra si nos acercamos a encontrar ayuda.

Luchar el aislamiento del mundo es un segundo punto importante para la recuperación, aunque difícil de hacer. El temor de acercarse a personas de confianza -familiares o amigos- nace por el estigma impuesto sobre los pensamientos y comportamientos que acompañan a los trastornos de la salud mental. He aquí un problemón: ¿si yo hago lo mío, y sigue el estigma vivo, ahora qué hago? Como sociedad, debemos educar a las siguientes generaciones para dejar el estigma en el pasado e ir hacia un futuro que valida la salud física y mental de todas las personas.

Nuestro rol en la desestigmatización empieza ahora. Todos tienen un papel que desempeñar en la creación de una sociedad mentalmente sana, que sea inclusiva, rechazando la discriminación y apoyando la recuperación. Para lograrlo, debemos conocer la realidad de las enfermedades mentales, entender a personas con experiencias para aprender a verlas como las personas que son y no por su enfermedad, dejar de juzgar y etiquetar, y tratar a todas las personas con respeto y dignidad. La deterioración de la salud mental es una pandemia que se vive a diario, sin discriminar por religión, género, nacionalidad, color de piel, religión o estilo de vida. Le puede pasar a cualquiera, y eso te incluye a ti. En lugar de pelear guerras en terrenos habitando la tierra, seamos soldados para luchar en contra de la estigmatización y buscando la paz de quienes no logran encontrarla en sí mismos.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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