Durante marzo del 2015, la Fepade solicitó ejercer la acción penal en contra de 159 personas ante jueces federales por violaciones a la ley electoral.
Tan sólo en el Estado de México hubo 111 indiciados, según se desprende del informe de actividades correspondiente al mes de marzo de este año.
La información de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) indica además que hubo 26 personas indiciadas en Veracruz y siete más en Yucatán; es decir, tres estados (México, Veracruz y Yucatán) registran 90.6% de los indiciados por violaciones a la ley electoral a nivel federal.
Asimismo, la autoridad electoral solicitó ejercer acción contra cinco personas en Sonora; dos en Chiapas y dos en el DF; así como en contra de una persona en los estados de Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.
En marzo, la Fepade resolvió 146 averiguaciones previas, de las cuales en 143 se ejerció la acción penal, una se acumuló y en dos se resolvió la incompetencia. Así, de las 143 indagatorias consignadas se ejerció acción penal en contra de 159 personas.
El reporte de la Fepade también indica que durante marzo del 2015 se abrieron 149 averiguaciones previas, que sumadas a las 123 iniciadas en febrero y las 248 de enero, da un total de 520 pesquisas en el primer trimestre de este año.
“Lo anterior significa una disminución de 27.3% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando (se) iniciaron 715 averiguaciones previas”, informa la Fepade.
También en marzo del 2015, las entidades donde más se cometieron hechos que podrían constituir delitos electorales federales son Veracruz (71 delitos), Sonora (27), Distrito Federal (11) y Puebla (11).
La fiscalía establece que Veracruz es la entidad en la que en marzo pasado se cometieron más presuntos delitos electorales, pero que al ponderar por número de habitantes se tiene que en Sonora se cometieron 1.01 ilícitos electorales por cada 100,000 habitantes; es decir, es la entidad con mayor incidencia delictiva electoral. Y es que Veracruz se coloca con un indicador de 0.93 delitos por cada 100,000 habitantes.
De esas 149 averiguaciones previas que se iniciaron el mes pasado, 88.6% fue por actividades relacionados con la alteración del Registro Federal de Electores.
El informe de la Fepade recuerda, además, que el mes pasado el PAN presentó una denuncia en contra del PVEM por la entrega de tarjetas de descuento, denominadas Premia Platino, “por lo que la fiscalía inició la investigación correspondiente”, se lee en el documento.
Durante periodo electoral
PGR y Fepade estarán coordinadas, afirma procuradora
La titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez González, garantizó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) actuará para garantizar la justicia electoral durante el actual proceso electoral y el día de los comicios el próximo 7 de junio, mientras que la PGR garantizará, dijo, la seguridad para ciudadanos y candidatos.
Durante la inauguración de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia Zona Sureste, en Jalapa, Veracruz, la titular de la PGR afirmó que “la Procuraduría General de la República tiene el compromiso de garantizar una eficaz procuración de justicia penal electoral, atendiendo al nuevo marco legal introducido con la reforma política electoral, por lo que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales propondrá dirigir conjuntamente nuestros esfuerzos a la instauración de un modelo de coordinación con las entidades federativas y operación que garantice un proceso electoral ejemplar en el que la ciudadanía participe con toda la confianza y seguridad que se requiere para fortalecer las instituciones democráticas”.
Asimismo, la procuradora general de la República destacó: “consideramos necesario y urgente llevar a cabo un análisis profundo de los protocolos para la investigación ministerial, policial y pericial en caso de desaparición forzada y de tortura a efecto de contar con indagatorias eficientes en esos rubros, que nos provean de resultados evidentes”.
Fuente: El Economista
