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En México hay más de 200 mujeres presas por delitos relacionados con el aborto: ONG

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Asociaciones feministas han detectado a más de 200 mujeres detenidas en México por crímenes relacionados con el aborto, por lo que exigen liberarlas tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional su penalización.

Sin embargo, las mujeres no están condenadas de forma oficial por aborto, sino por delitos como homicidio en razón de parentesco, infanticidio, filicidio y omisión de cuidados, expuso Verónica Cruz, directora de la organización Las Libres, en entrevista con Efe.

“En el país no existen mujeres en la cárcel por el delito de aborto, existen 200 mujeres en las cárceles por delitos relacionados, son mujeres que tuvieron partos espontáneos, abortos prematuros o emergencias obstétricas y les configuraron delitos más graves”, advirtió.

Este martes se cumplió una semana del histórico fallo de la SCJN, que por primera vez declaró inconstitucional la penalización del aborto, un precedente histórico que impide encarcelar a las mujeres y personal médico que las ayuden con consentimiento.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) pidió revisar 432 carpetas de investigación abiertas por este delito entre enero y julio pasado en 27 estados del país.

Pero Cruz señaló que los jueces imputan a las mujeres estos otros cargos, aunque aclaró que “el que el delito de aborto se declare inconstitucional va a aminorar muchísimo la posibilidad de que también a estas mujeres las criminalicen con delitos mucho más graves”.

“Nos va a costar un poco más porque tenemos que ir cambiando el imaginario social, que dejen de criminalizar o imponer la maternidad a las mujeres, incluidas víctimas de violación”, reconoció.

El aborto, cuya criminalización es competencia local, solo está despenalizado en cuatro de los 32 estados: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

El fallo de la SCJN invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, estado que establecía hasta tres años de cárcel por aborto voluntario, por lo que el Gobierno del estado prometió la semana pasada acatar el fallo y liberar a mujeres detenidas.

Pero allí no hay mujeres presas por este crimen y no hay información clara sobre más detenidas, dijo a Efe Adriana Romo, de la Red de Mujeres de La Laguna, con sede en Torreón.

“Estamos rastreando porque pensamos que en Coahuila, según algunos casos de los que hemos sabido, el delito que se imputaba es el de homicidio en razón de parentesco”, indicó.

Romo expresó su “satisfacción” por el fallo de la SCJN, pero también “preocupación” por la inacción de los diputados locales para legalizar la interrupción del embarazo, no solo la derogación de las penas.

“Las mujeres en Coahuila seguirán en el limbo jurídico. Ese es nuestro temor porque es un tema que sabemos que va a ser muy polémico, que va a haber oposición de muchos sectores y que los legisladores piensan que va a tener costo para ellos”, observó.

También criticó que la Secretaría de Salud del estado se escude en la “objeción de conciencia”, un derecho que la Suprema Corte reconoció esta semana, pero con limitaciones.

“No puede obligar a los médicos, pero la Secretaría de Salud sí está obligada a contratar o a buscar personal médico que no sea objetor de conciencia”, señaló Romo.

Chihuahua

Maru Campos respalda enfoque en seguridad de mujeres en plan de justicia federal

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Ciudad de México.- La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, respaldó que el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 priorice la atención a la violencia contra las mujeres, durante su presentación en la capital del país.

La mandataria estatal acudió al evento acompañada del fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, donde la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, dio a conocer las líneas de acción que guiarán el trabajo de la institución en los próximos años.

Campos destacó que el proyecto incluye como eje central la reducción de los delitos que afectan a las mujeres en las entidades federativas, al considerar que se trata de un tema prioritario en la agenda de seguridad y justicia.

Señaló que el planteamiento expuesto durante la presentación representa un ejercicio de colaboración entre autoridades, enfocado en fortalecer la coordinación y la sistematización de esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno.

Asimismo, subrayó la importancia de mantener una política de cero tolerancia frente a conductas como el abuso, el acoso y los feminicidios, en línea con lo planteado en el documento presentado por la FGR.

El acto se llevó a cabo en el Centro Cultural del México Contemporáneo y reunió a gobernadores, fiscales estatales y representantes de los tres poderes.

De acuerdo con lo expuesto, el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 contempla el fortalecimiento institucional, la mejora en la eficiencia de la persecución de los delitos y una atención integral a las víctimas con enfoque de empatía.

También incluye mecanismos de coordinación con fiscalías estatales y la creación de áreas especializadas para la atención de delitos específicos, con el objetivo de mejorar los resultados en materia de procuración de justicia en el país.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre la implementación del plan en cada entidad federativa.

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