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En Nacozari, Sonora, terrorismo asesino contra organización popular Por Aquiles Córdova

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Nacozari de García, Sonora, no es, como se sabe, un municipio desconocido, insignificante y perdido en la geografía nacional; es, por el contrario, una entidad cargada de historia, de heroísmo, pues fue en la ciudad de Nacozari, cabecera del municipio, donde tuvo lugar la valerosa gesta de Jesús García, quien no dudó en sacrificar su propia vida antes que permitir que la explosión de varios vagones de ferrocarril repletos de pólvora cegara la vida de decenas de desprevenidos ciudadanos que se hallaban en las inmediaciones de la estación ferroviaria. En la actualidad, la ciudad de Nacozari cuenta con poco más de 20 mil habitantes, y su economía depende, en un porcentaje muy alto, de la actividad minera, ya que la zona encierra mucho mineral de cobre y molibdeno, que explota una empresa minera privada. Pero a pesar de su valioso patrimonio histórico y de su riqueza mineral, Nacozari es un ejemplo más (como Veracruz, como Chiapas) de esa curiosa y lacerante paradoja económica y social que consiste en que la mayoría de su población se ahoga literalmente en un mar de carencias y necesidades de todo tipo, en medio de una abundante riqueza natural (del subsuelo en este caso) de la cual sólo se benefician unos cuantos.

El inequitativo reparto de la riqueza social, sumado al abandono, al menosprecio y al nulo interés de las autoridades de la ciudad por atender las necesidades básicas de sus gobernados menos favorecidos, no es una novedad en Nacozari; existe, podría decirse sin exagerar, desde siempre; y es esto lo que explica que las colonias y barrios populares carezcan hoy, en pleno siglo XXI, de servicios tan elementales como agua entubada, drenaje, electricidad y pavimento, sin meternos ya a hablar del estado que guardan las viviendas de las familias que habitan en esos asentamientos. El desinterés y la arrogancia de la autoridad municipal (la actual y todas las anteriores) ha sido sufrida y comprobada una y otra vez, a lo largo de los años, por la gente que acude a sus oficinas en busca de diálogo y soluciones a sus necesidades más urgentes y elementales. Una y otra vez sólo han encontrado rechazo, indiferencia y puertas cerradas tanto como los oídos de los funcionarios.

Es justamente esta intolerable situación (y no el deseo malsano de nadie por crear problemas artificiales o la ambición política de alguien por hacerse con el poder municipal desprestigiando a sus detentadores actuales) lo que finalmente llevó a un grupo de vecinos de Nacozari, entre cuyos miembros se cuenta un ex minero honrado, limpio, que siempre ha vivido de su trabajo y nunca del erario municipal, muy conocedor de su gente y de los problemas que la aquejan, Manuel de Jesús Tánori Beltrán, a buscar el apoyo y la dirección política del Movimiento Antorchista sonorense que dirige Ricardo Esquivel Castañeda, el cual de inmediato ha puesto manos a la obra de estructurar el naciente grupo, de orientarlo en la elección de sus dirigentes, de modo que se fije en los más leales, honrados, decididos e inteligentes (que todo eso es necesario para conducir a sus compañeros de manera eficaz y responsable) y, desde luego, de asesorarlo en el reinicio de sus gestiones, ahora respaldadas con la fuerza de la unidad y de la organización, para tratar de resolver todas las carencias que, por años, se han negado a atender las autoridades locales.

Y las reacciones no se han hecho esperar. Lo primero fue que, sorpresivamente, con una velocidad desconocida hasta ahora, se inició la introducción del drenaje a la colonia Cantera Final, añeja demanda de sus habitantes de la que nadie había querido ocuparse. Lo preocupante aquí es que, al mismo tiempo que la obra, se desató una campaña de rumores agresivos en el sentido de que el drenaje es una iniciativa del presidente municipal, y que nada tienen que ver allí los “falsos líderes” ni “organizaciones oportunistas y conflictivas como Antorcha”. Al respecto, no está de más recordarle a la gente de Cantera Final (y a la opinión pública en general) el refrán popular que dice: “explicación no pedida, acusación manifiesta”, es decir, que si la autoridad siente la necesidad de negarlo expresamente, de eso se deduce que la obra sí se debe a la llegada del antorchismo a Nacozari. Pero lo más grave vino después. El domingo 4 de marzo, cerca de las 6 de la tarde, el compañero Manuel de Jesús Tánori Beltrán caminaba por la acera del panteón municipal cuando tres individuos armados le bloquearon el paso y le soltaron a bocajarro: “túmbate el rollo ver…&$#% (una expresión coloquial típica de la zona); en Nacozari no hay necesidad de traer a la pinche Antorcha, no la ocupamos para nada”. A renglón seguido lo agredieron a cachetadas, lo tiraron al piso y le llenaron la boca con tierra; luego advirtieron: “en la siguiente van a ser paladas (sic) las que te vamos a echar; túmbate el rollo ver…, o ten cuidado con tu familia” (las expresiones entrecomilladas son literales).

El asunto no parece de difícil explicación. Es obvio que la clase política que se hereda el poder en Nacozari, y que es, al mismo tiempo, la responsable del abandono social de las colonias populares y la que más se beneficia con el usufructo del poder y del erario municipal, no está dispuesta a permitir que tal situación cambie en su perjuicio y en favor de los marginados del municipio. No creo necesario aclarar que, como en todo el país, aquí también hay que dar por hecho que detrás del grupo político están algunos o todos los que detentan el poder económico en Nacozari, por lo que no puede descartarse que la responsabilidad del ataque terrorista sea compartida por ambos poderes. Sea como sea, la vida y la seguridad de Manuel de Jesús Tánori corren un serio peligro, y lo mismo ocurre con las libertades y garantías constitucionales de los habitantes de Nacozari. Por este medio, el antorchismo nacional extiende su más amplia solidaridad y respaldo al grupo de Nacozari, al compañero Manuel de Jesús Tánori Beltrán y al dirigente en Sonora, Ricardo Esquivel Castañeda. Responsabilizamos al presidente municipal por la seguridad de todos ellos; informamos de los hechos al gobierno de Sonora en demanda de que tome cartas en el asunto, garantice la vida de nuestros compañeros, el respeto pleno a las garantías constitucionales de organización, petición y manifestación pública, y ponga freno rápido y efectivo al terrorismo asesino que busca hacer nugatorias tales garantías. Los compañeros de Nacozari y de todo Sonora deben estar seguros de que no los abandonaremos bajo ninguna circunstancia.

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Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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