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Encarcelamiento de Lozoya complica las investigaciones sobre Peña Nieto y Videgaray

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“Esta fiscalía está lista para acusarlo”. La frase del fiscal Manuel Granados encarna el giro radical que ha tomado el caso de Emilio Lozoya. Durante casi un año y medio la estrategia fue mantener la mano tendida hacia el exdirector de Pemex, convertido en una especie de testigo colaborador protegido, en busca de pruebas sólidas para incriminar a lo más alto del último Gobierno priista. El pacto saltó por los aires este miércoles en la primera visita en persona de Lozoya ante el juez del Reclusorio Norte. La Fiscalía considera ahora poco menos que el acusado les ha estado mareando todo este tiempo para dilatar lo más posible su entrada a la cárcel.

La estrategia ha virado de la contemporización al ataque y la decisión del juez de aplicar la presión preventiva mientras dure el proceso tendrá repercusiones más allá de Lozoya. Entre rejas, su margen para encontrar nuevas pruebas se ve mucho más limitado, complicando así la viabilidad de las investigaciones en curso sobre Peña Nieto y la otra decena de políticos a los que el exjefe de la petrolera estatal ha señalado en el marco de su acuerdo con la fiscalía.

Desde el comienzo del caso, en agosto del año pasado, Lozoya lanzó una tormenta de acusaciones, que incluyen a tres expresidentes, dos candidatos presidenciales y 11 legisladores. Las más detalladas se concretaron en el expresidente Enrique Peña Nieto y su mano derecha, el exsecretario de Estado Luis Videgaray, acusados de orquestar y planificar una red de sobornos de al menos 10 millones de dólares repartidos entre la campaña electoral del PRI en 2012 y los pagos a legisladores de la oposición para aprobar la reforma energética del año siguiente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en mayo del año pasado los intentos de la Fiscalía por sentar a Videgaray ante un juez. Hasta dos veces la FGR ha presentado ya ordenes de detención contra el que fuera canciller, secretario de Hacienda y jefe de campaña en 2012. En ambas ocasiones, un juez penal del reclusorio Norte, el mismo que acaba de encerrar a Lozoya, devolvió el caso a la Fiscalía ante las inconsistencias de la solicitud.

Sobre Peña Nieto también ronda la diana de la Justicia. Según un informe filtrado en noviembre del año pasado, la FGR estaba perfilando acusar al expresidente de cohecho, traición a la patria y delito electoral por su papel central en el caso Odebrecht, una megatrama de corrupción que ya ha hecho tambalear a la clase política de varios países latinoamericanos.

La ofensiva de la Fiscalía
El fin de la paciencia de la Fiscalía —la investigación de las acusaciones vertidas por Lozoya se ha extendido casi año y medio, más del doble del plazo legal— ha coincidido con la publicación de unas polémicas fotos del exdirector de Pemex cenando con amigos en un restaurante de lujo en Ciudad de México. La falta de pruebas sólidas para amarrar una acusación contra Peña y Videgaray junto con al clamor por la impunidad que destilaban las fotos de un político ya imputado por delitos graves de corrupción, desembocó en el giro de la FGR.

“Ha contado con el tiempo suficiente y nunca ha demostrado la actitud de someterse al proceso”, remarcó durante la audiencia Granados, el fiscal que ya ha logrado encarcelar al exgobernador de Veracruz Javier Duarte y a la exsecretaria de Estado Rosario Robles, dos pesos pesados del PRI. Fuentes jurídicas cercanas al caso señalan que todo apunta a que Lozoya acabará perdiendo definitivamente sus beneficios como testigo colaborador y será también sentenciado convirtiéndose así en el personaje de más altura al que alcance la causa.

Conscientes de la ofensiva de la Fiscalía, sus abogados intentaron durante la audiencia jugar todas las cartas posibles. Enfatizar su colaboración durante todo el proceso, sugerir que la nueva medida cautelar se limitase al arresto domiciliario y ofrecer incluso las escrituras de dos inmuebles a nombre de su cliente, por valor de más siete millones de dólares, como garantía para la reparación del daño, otro de los puntos débiles del acuerdo sobre los que más cargó el fiscal: “En todo este tiempo no ha habido ni un ofrecimiento por su parte más allá de la intención de obstaculizar el procedimiento tratando que esta Fiscalía no lo acuse”.

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia,

secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los

reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el

temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única

reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando

cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta

rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o

desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando

todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos

hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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