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Encarcelan a alcalde de Aquila, Michoacán

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Ya se encuentra en la cárcel, el presidente municipal de Aquila, Juan Hernández Ramírez, acusado de participar en dos atentados en contra del comandante del grupo de autodefensa de la comunidad de Ostula, Cemeí Verdia Zepeda.

La procuraduría de justicia de Michoacán hizo notar que el alcalde está acusado de los delitos de cohecho, tentativa de homicidio calificado y se encubrimiento, por lo que ya fue consignado ante un juez penal.

El Congreso de Michoacán determinará en los próximos días el nombre de la persona que asumirá el cargo de alcalde de Aquila, en tanto prosigue el proceso penal en contra de Juan Hernández.

La procuraduría informó que derivado de investigaciones llevadas a cabo con relación a hechos ocurridos los días 16 de diciembre del 2014 y el pasado 25 de mayo, en los cuales se atentó contra Cemeí Verdia, se acreditó la probable responsabilidad del presidente municipal de Aquila y del encargado del grupo de autodefensas de la comunidad de la Huahua.

Durante las diligencias realizadas por el personal ministerial, se logró establecer la autoría y participación de José Antioco Calvillo García, quien al estar al frente del movimiento de autodefensas de Huahua, informaba de los movimientos realizados por Cemeí Verdia actividad por la que el presidente municipal de Aquila, Juan Hernández, le proporcionaba recursos económicos procedentes de integrantes de un grupo delictivo.

La procuraduría dijo que en cumplimiento a una orden de localización y presentación, las autoridades ministeriales requirieron a José Antioco Calvillo García de 44 años y Juan Hernández Ramírez de 43 años, quien al momento de ser requerido ofreció una gran cantidad de dinero a sus aprehensores para no ser puesto a disposición del Ministerio Público.

Al rendir su declaración ante el Representante Social, los inculpados aceptaron tener contacto con integrantes de la delincuencia organizada, entre ellos Federico González Medina «Lico», y haber asistido a reuniones en que planearon atentar contra la vida del comandante de las autodefensas en Ostula, Cemei, a cambio de recibir importantes cantidades de dinero y seguir al frente de dichas comunidades.

 El Financiero

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Caso Corral sale de Chihuahua: tribunal lo envía al fuero federal

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Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.

De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.

El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.

Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.

El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.

Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.

La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.

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