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México

Endurecen penas contra robo al autotransporte; tipifican el delito como federal

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El Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó al hilo una serie de reformas en materia de justicia, que van desde el endurecimiento de las penas contra el robo al autotransporte y cataloga esa conducta como delito federal; hasta la eliminación de las normas que impedían a una mujer recién divorciada casarse de inmediato; así como reclamar el pago de pensión alimenticia a los hijos, incluso si son mayores de edad y que sea retroactiva al nacimiento.

Al presentar en particular el proyecto contra el robo al transporte, que se aprobó por unanimidad de 390 votos y será enviado al Senado de la República, el presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Ibarra, puntualizó que las penas serán de seis a 12 años de cárcel a quienes roben mercancías; y de dos a siete años, a aquellos que hurten el equipaje y pertenencias de pasajeros.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), añadió que cuando el objeto del robo sea el camión y remolques, las sanciones irán de siete a 15 años; cuando el infractor sea un funcionario público, se aplicarán hasta 18 años de cárcel; y cuando los delitos se cometan en pandilla, habrá cárcel hasta por 22 años.

Indicó que la penalización aumentará en una mitad, en el caso de funcionarios públicos involucrados y que ocupen puestos en materia de prevención, investigación, persecución del delito o ejecución de penas. El responsable será inhabilitado para volver a ejercer puestos públicos.

Sobre la pensión alimenticia, las reformas al Código Civil Federal aprobadas por 362 votos a favor y una abstención, serán enviadas al Senado para su estudio y aprobación.

Los cambios establecen que la pensión alimenticia derivada de una sentencia de reconocimiento de paternidad será retroactiva al nacimiento del menor.

El monto de la pensión será establecido por un juez, que tomará en cuenta si el acreedor reconoció al hijo y si hubo buena o mala fe del deudor alimentario dentro del proceso; también se contemplarán las necesidades y posibilidades reales del deudor para cumplir el compromiso, así como su entorno social, costumbres y otras particularidades familiares.

En la misma sesión, los diputados aprobaron con 344 votos a favor y tres abstenciones, más ajustes al Código Civil Federal, para eliminar las disposiciones que establecían que una mujer no podía contraer matrimonio, sino hasta 300 días después de divorciarse, a menos de que durante ese plazo tuviese un hijo.

Aclara que una vez divorciados, los cónyuges podrán recobrar su entera capacidad de contraer otro matrimonio sin restricción alguna.

Asimismo, el Pleno de San Lázaro avaló, con voto unánime de 377 a favor, modificaciones a las leyes General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; a la Nacional de Ejecución Penal; y al Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de brindar protección a los hijos menores de padres o tutores que se encuentren en prisión.

La reforma tiene como fin establecer que las autoridades correspondientes deben garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; aunado a que se deberán generar acciones, programas y mecanismos que permitan el crecimiento y desarrollo pleno de los menores en esas condiciones.

Finalmente, la Cámara aprobó con 380 votos, ajustes al Código Penal Federal, para sancionar con uno y hasta nueve años de cárcel, y multas de 300 a tres mil días, a quienes de manera ilegal, abandonen especies de fauna silvestre, después de haberlas utilizado y mantenido en condiciones de cautiverio o confinamiento, a fin de sacar algún tipo de provecho.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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