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México

Endurecen penas contra robo al autotransporte; tipifican el delito como federal

El Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó al hilo una serie de reformas en materia de justicia, que van desde el endurecimiento de las penas contra el robo al autotransporte y cataloga esa conducta como delito federal; hasta la eliminación de las normas que impedían a una mujer recién divorciada casarse de inmediato; así como reclamar el pago de pensión alimenticia a los hijos, incluso si son mayores de edad y que sea retroactiva al nacimiento.

Al presentar en particular el proyecto contra el robo al transporte, que se aprobó por unanimidad de 390 votos y será enviado al Senado de la República, el presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Ibarra, puntualizó que las penas serán de seis a 12 años de cárcel a quienes roben mercancías; y de dos a siete años, a aquellos que hurten el equipaje y pertenencias de pasajeros.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), añadió que cuando el objeto del robo sea el camión y remolques, las sanciones irán de siete a 15 años; cuando el infractor sea un funcionario público, se aplicarán hasta 18 años de cárcel; y cuando los delitos se cometan en pandilla, habrá cárcel hasta por 22 años.

Indicó que la penalización aumentará en una mitad, en el caso de funcionarios públicos involucrados y que ocupen puestos en materia de prevención, investigación, persecución del delito o ejecución de penas. El responsable será inhabilitado para volver a ejercer puestos públicos.

Sobre la pensión alimenticia, las reformas al Código Civil Federal aprobadas por 362 votos a favor y una abstención, serán enviadas al Senado para su estudio y aprobación.

Los cambios establecen que la pensión alimenticia derivada de una sentencia de reconocimiento de paternidad será retroactiva al nacimiento del menor.

El monto de la pensión será establecido por un juez, que tomará en cuenta si el acreedor reconoció al hijo y si hubo buena o mala fe del deudor alimentario dentro del proceso; también se contemplarán las necesidades y posibilidades reales del deudor para cumplir el compromiso, así como su entorno social, costumbres y otras particularidades familiares.

En la misma sesión, los diputados aprobaron con 344 votos a favor y tres abstenciones, más ajustes al Código Civil Federal, para eliminar las disposiciones que establecían que una mujer no podía contraer matrimonio, sino hasta 300 días después de divorciarse, a menos de que durante ese plazo tuviese un hijo.

Aclara que una vez divorciados, los cónyuges podrán recobrar su entera capacidad de contraer otro matrimonio sin restricción alguna.

Asimismo, el Pleno de San Lázaro avaló, con voto unánime de 377 a favor, modificaciones a las leyes General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; a la Nacional de Ejecución Penal; y al Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de brindar protección a los hijos menores de padres o tutores que se encuentren en prisión.

La reforma tiene como fin establecer que las autoridades correspondientes deben garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; aunado a que se deberán generar acciones, programas y mecanismos que permitan el crecimiento y desarrollo pleno de los menores en esas condiciones.

Finalmente, la Cámara aprobó con 380 votos, ajustes al Código Penal Federal, para sancionar con uno y hasta nueve años de cárcel, y multas de 300 a tres mil días, a quienes de manera ilegal, abandonen especies de fauna silvestre, después de haberlas utilizado y mantenido en condiciones de cautiverio o confinamiento, a fin de sacar algún tipo de provecho.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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