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México

Enfrentamiento entre agentes y presuntos huachicoleros dejó al menos un muerto y cuatro detenidos en Tlaltenango, Puebla

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla fueron recibidos este viernes con plomo de fusiles automáticos en Tlaltenango, un pequeño municipio de la zona metropolitana de Puebla (al centro de México). Los agentes ministeriales llegaron al lugar alertados por una denuncia de robo de vehículo, una de las prácticas delictivas más recurrentes en el estado. El enfrentamiento a balazos dejó al menos un muerto y cuatro presuntos criminales detenidos.

De acuerdo con los medios locales, un grupo de hombres armados y presuntos huachicoleros, abordo de un vehículo Ford Expedition, abrió fuego contra la patrulla estatal, por lo que los agentes repelieron la agresión.

En la refriega, un presunto criminal perdió la vidamientras otros cuatro más resultaron heridos. De manera extraoficial se ha informado que un agente se encuentra lesionado de una pierna, por lo que se le trasladó a una clínica médica.

El choque ha generado la movilización de agentes policíacos de diversas corporaciones.

Huachicoleo en Puebla

Puebla ha entrado de nuevo en combustión. De enero a julio de este año, la entidad gobernada por Miguel Barbosa, registró un promedio mensual de 169 tomas clandestinas a ductos de hidrocarburos (gasolina o diésel), el más alto reportado en la actual administración.

En 2019, la gestión de Andrés Manuel López Obrador logró con la estrategia antihuachicol una reducción del 1.74 por ciento, con respecto a 2018, con 153 tomas clandestinas mensuales. No obstante, para el 2020 el fenómeno aumentó un 3.27 por ciento, al pasar a 158 piquetes en promedio mensual.

El descabezamiento de las mafias dedicadas al robo de combustible (huachicoleo) ha sido uno de los principales puntos a atacar en el gobierno de López Obrador.

Este tipo de hurtos son efectuados por grupos criminales pequeños que interceptan directamente los ductos de empresas petroleras, o asaltan camiones cisterna que transportan el crudo. En ambos casos, se ha confirmado la participación de trabajadores de Pemex, la petrolera estatal mexicana, quienes aportan información para llevar a cabo el robo de combustible a través de los ductos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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