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Opinión

Entre risas y pádel: ¿Y estos qué hacen?. Por Caleb Ordóñez Talavera

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En México tenemos un don especial para reírnos de nuestras tragedias, especialmente cuando se disfrazan de comedia política. Lo vimos recientemente con Natalia Montaño Ruelas, joven funcionaria de Puerto Vallarta, Jalisco que, en un evento del comediante Franco Escamilla, decidió sincerarse de más ante el público. Entre risas, confesó lo que muchos piensan pero pocos se atreven a decir: que no siempre saben exactamente qué hacen los servidores públicos. El momento fue viral, memeado, parodiado y, como ella misma intentó justificarlo, “un comentario liviano” al aceptar que no sabía lo que hacía, solo “beber mucho” y comer. Pero el fondo del asunto no tiene nada de liviano: retrata una crisis profunda de confianza entre gobernantes y gobernados.

Caleb Ordoñez T.

Caleb Ordoñez T.

Porque, seamos honestos, la carcajada colectiva no fue tanto por la ocurrencia, sino por la identificación. ¿Cuántos mexicanos no sienten que muchos funcionarios trabajan más en sus redes sociales que en sus oficinas? Según la encuesta de Transparencia Internacional 2024, el 73% de los mexicanos cree que la mayoría de los servidores públicos son corruptos. El 62% considera que los políticos mienten con frecuencia y apenas el 18% cree que el gobierno escucha realmente a la ciudadanía. Con esos números, no hace falta un monólogo de stand up para entender el hartazgo social.

El problema no es la -mala- broma de Natalia Montaño Ruelas, sino el eco que provocó. Nos reímos porque duele. Y cuando un país se ríe de su desconfianza institucional, es porque ya la normalizó. Esa misma sensación de desconexión se siente cuando vemos a un diputado jugar pádel en horario laboral —sí, Cuauhtémoc Blanco pidiendo que le anoten asistencia como si fuera su obligación ser el “más deportista del congreso”— o cuando funcionarios hacen TikToks con el dinero de los contribuyentes mientras los servicios públicos siguen en ruinas.

Y sin embargo, el fenómeno no distingue colores partidistas. Hay malos ejemplos en todos los partidos: desde los que se creen influencers hasta los que viajan más que un corresponsal de guerra. Pero también existen buenos servidores públicos —los menos visibles, los que no salen en el “Quién es quién de los memes”— que sí trabajan con ética y vocación. El problema es que los honestos no generan clics.

Entonces, ¿qué deben hacer los políticos para recuperar la confianza? Primero, mostrar lo que hacen, no sólo decirlo. La transparencia no es un hashtag, es rendir cuentas con claridad y sencillez. Segundo, volver al contacto humano: caminar las calles, escuchar, resolver. No hay algoritmo que sustituya eso. Y tercero, predicar con el ejemplo: la corrupción no se combate con discursos, sino con coherencia y castigos ejemplares.

Porque si seguimos viendo a las nuevas generaciones de funcionarios como estrellas de reality show, el servicio público seguirá perdiendo su esencia. México necesita atraer a los jóvenes más preparados y honestos, no a los más populares en redes o solo poner a figuras jóvenes en puestos de primerísimo nivel para luego tener que soportar su inexperiencia e ineficiencia . Para lograrlo, se requiere dignificar la política: pagar justamente, capacitar profesionalmente y blindar los cargos contra la tentación del enriquecimiento. Según el INEGI, el 64% de los jóvenes mexicanos desconfía de cualquier institución pública; si no cambiamos eso, seguiremos repitiendo los mismos errores con nuevas caras.

Se trata de pasión y acción enfocada.

La corrupción no es una fatalidad mexicana, es una adicción social que se alimenta del silencio y la impunidad. Mientras un político crea que el poder es un negocio personal, el país seguirá atrapado en el eterno “yo no sabía lo que hacía”. Y es que la ineptitud y la arrogancia del joven inexperto que llega al poder solo por ser promovido por padrinos políticos, se convierte en un imán para convertirle en un monstruo político que solo busca enriquecerse y se embriaga de soberbia.

Reírnos está bien, porque el humor nos salva del cinismo. Pero la risa sin reflexión es anestesia. Si queremos un México distinto, necesitamos funcionarios que trabajen con la misma pasión con la que defienden su imagen en redes. Y sobre todo, ciudadanos que dejen de aplaudir el cinismo con risas y empiecen a exigir resultados con firmeza. La transparencia no se improvisa: se demuestra, se vive y (aunque duela) se fiscaliza. Sólo así podremos volver a confiar en quienes gobiernan y representan a todos.

Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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