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Chihuahua

Entregan 700 rifles a policías del estado

Esta mañana se llevó a cabo la ceremonia de entrega de 700 rifles de asalto a las policías de 18 municipios de la entidad, los cuales permitirán que los agentes no estén en desventaja frente a los grupos criminales, destacaron autoridades.

Las armas son calibre .223, y son las que utilizan los cascos azules, fuerza armada de la OTAN, y tuvieron un costo aproximado de 30 millones de pesos.

En medio de un importante operativo de seguridad, alcaldes de todo el estado acudieron a recoger de manera simbólica los rifles.

El gobernador Cesar Duarte reconoció que gracias a la coordinación de las policías locales con las fuerzas armadas, la Policía Federal y la PGR, se logró reducir la inseguridad en Chihuahua, entidad hasta hace poco considerada la más violenta del país.

Por su parte, el fiscal General, Carlos Manuel Salas, pidió a los elementos policiacos que recibirán los rifles que reflexionen sobre la responsabilidad que asumirán en el ejercicio de sus funciones.

«Actúen con disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, profesionalismo, orgullo y dignidad, y mantengan en buen estado el armamento», les dijo.

Tras la ceremonia, el presidente municipal de la capital, Marco Adán Quezada, recordó que desde hace un año y medio su administración pagó 12 millones de pesos a la Secretaria de la Defensa Nacional y al Sistema Nacional de Seguridad Pública para la compra de 500 armas, sin embargo apenas se entregaron 90, y al parecer, dijo, las otras 410 no llegarán en varios meses.

Los municipios beneficiados son: Juárez, Camargo, Ascensión, Guachochi, Hidalgo del Parral, Namiquipa, Rosales, Bachíniva, Santa Isabel, López, San Francisco de Borja, Cuauhtémoc, Moris, Delicias, Urique, Gómez Farías, Riva Palacio y la capital.

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Chihuahua

Declara SCJN despenalización del aborto en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucionales varios artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua que penalizaban el aborto, tras aprobar la acción de inconstitucionalidad 1/2024 presentada por la Primera Sala.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó el proyecto, el cual fue avalado con base en el amparo en revisión 666/2023, resuelto por la Primera Sala el 18 de octubre de 2023 con una mayoría de cuatro votos.

En dicha resolución, se determinó que los artículos 143, párrafos primero y segundo, y 145 del Código Penal de Chihuahua vulneran los derechos a la salud, la igualdad y la no discriminación de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Además, se estableció que estas disposiciones imponen la maternidad de manera obligatoria, lo que atenta contra el derecho de cada persona a definir su proyecto de vida y a disfrutar del mayor nivel de bienestar físico, mental y social, garantizando así su autonomía sobre la salud y el cuerpo, incluyendo la libertad sexual.

El amparo también subrayó la responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar el derecho a la salud de mujeres y personas gestantes, brindando acceso a los mejores servicios de salud sexual y reproductiva, entendidos como un estado de bienestar integral y no solo como la ausencia de enfermedades.

Asimismo, se determinó que el artículo 146, fracción primera, es inconstitucional, ya que, aunque prevé excusas absolutorias, sigue considerando el aborto como delito, incluso cuando la interrupción del embarazo no fue consentida, como en casos de violación o inseminación artificial no autorizada. Esta normativa criminaliza a la mujer sin sancionar la conducta, lo que afecta negativamente su derecho a decidir.

Pese a la resolución, el Congreso del Estado no modificó ni derogó los artículos señalados como inconstitucionales, por lo que la Primera Sala solicitó al Pleno de la Corte emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual entrará en vigor una vez que se notifique al órgano legislativo local.

Al tratarse de una materia penal, la declaratoria tendrá efectos retroactivos, beneficiando a mujeres y personas gestantes que estén bajo investigación, proceso o hayan sido sentenciadas por aborto, así como a los profesionales de la salud que hayan realizado interrupciones del embarazo con consentimiento.

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