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Envenena y lanza de un edificio a su bebé recién nacida

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La policía de Tailandia arrestó a una mujer luego de que comprobaran -gracias a las cámaras de seguridad de un edificio- que había lanzado desde un tercer piso a una bebé envuelta en una toalla y una bolsa de plástico. La niña era su propia hija y había nacido sólo unos minutos antes.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de julio en Nonthhaburi en donde los vecinos de un conjunto residencial notaron que algo extraño estaba pasando y junto con empleados del lugar, encontraron a la menor entre la basura por lo que alertaron a las autoridades.

Cuando los testigos desenvolvieron a la víctima, se dieron cuenta que esta aún estaba viva, por lo que la trasladaron a un hospital en donde el personal médico descubrió que, previo a la caída, fue envenenada con detergente líquido administrado vía oral.

Ante el terrible panorama, autoridades locales comenzaron a buscar a la persona culpable; observando los videos grabados pudieron determinar desde dónde había caído la niña y al llegar al lugar señalado encontraron a una adolescente de 18 años que estaba aún sangrando como consecuencia de un parto mal atendido, y al supuesto padre de la bebé, un hombre de 23 años.

Al ser interrogada, la acusada admitió que la bebé era suya y dijo que el alumbramiento la tomó por sorpresa, pues no sabía que estaba embarazada. También aceptó haber dado de beber detergente a su hija, aunque no especificó por qué lo hizo, simplemente dijo que «fue su reacción».

Finalmente, la madre menor de edad, el padre y la recién nacida fueron sometidos a una prueba de ADN para corroborar el lazo familiar. Los resultados fueron positivos. Desafortunadamente, tras una semana de luchar por su vida, la bebé murió en un hospital como consecuencia del envenenamiento.

Con información de RT.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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