Conecta con nosotros

México

Envían primer caso de desaparición por lucha Vs el narco

La CIDH presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el primer caso de desaparición forzada en México en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
El caso se relaciona con la desaparición forzada de los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, por parte de militares, en el Ejido Benito Juárez, estado de Chihuahua, México, desde el 29 de diciembre del 2009. A la fecha se desconoce el destino o paradero de las tres personas y la mayoría de sus familiares se encuentran en Estados Unidos por temor a su propia seguridad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa que la desaparición forzada en México ha ido en aumento en los últimos años, situación que ha merecido pronunciamientos y recomendaciones por parte de múltiples organismos internacionales y mandatos especiales en el ámbito de las Naciones Unidas.
El caso llegó a la comisión el 26 de junio del 2011 a petición del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, así como de la no gubernamental Justicia para Nuestras Hijas, organizaciones representantes de los familiares de las víctimas.
En ese momento, los peticionarios alegaron que el Estado mexicano tiene responsabilidad internacional por una serie de violaciones a los derechos cometidas en perjuicio de los familiares de las víctimas, como consecuencia de la desaparición forzada de sus familiares y por las acciones realizadas para conocer su paradero.
En contraste, el Estado solicitó que la petición fuera declarada inadmisible porque consideró que los recursos de la jurisdicción interna no han sido agotados al existir una investigación en el fuero ordinario interno destinada a lograr el esclarecimiento de los hechos y la ubicación de las presuntas víctimas.
Cinco años después, la CIDH determinó que los desaparecidos fueron privados de su libertad por parte de militares, con base en elementos de contexto, testigos presenciales, declaraciones de funcionarios públicos, además de múltiples informes.
En un reporte publicado este martes, la CIDH explica que cuando los familiares acudieron a denunciar lo sucedido y a solicitar información, les respondieron que no tenían conocimiento de su detención ni de su paradero, y se activaron mecanismos de encubrimiento. Con base en lo anterior, la comisión calificó los hechos como desaparición forzada.
En el Informe de Fondo, la comisión emitió una serie de recomendaciones como la de investigar de manera completa, imparcial y efectiva el paradero de las tres personas; conducir los procesos correspondientes por el delito de desaparición forzada; reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos y adoptar medidas para responder a la problemática en Chihuahua y en el país.
La Comisión Interamericana sometió el caso a la jurisdicción de la Corte porque consideró que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo.
En cuanto la Corte IDH dé entrada al caso, tendrá que pronunciarse sobre otras violaciones conexas derivadas de las amenazas y hostigamiento que sufren los núcleos familiares de las víctimas desaparecidas.
El caso podría tardar más de un año en resolverse, toda vez que la Corte IDH debe atender otros asuntos regionales y del país.
En lista sobre los casos mexicanos ante este tribunal se encuentra el de 11 mujeres que fueron abusadas sexualmente en San Salvador Atenco hace 10 años por parte de agentes estatales.

El Economista

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto