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Escuelas públicas de EE.UU. no podrán exigir pruebas de situación migratoria

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El gobierno del presidente Barack Obama emitió una nueva directiva para garantizar que los niños puedan matricularse en colegios públicos aunque sus padres vivan ilegalmente en Estados Unidos.
La directriz de los Departamentos de Justicia y Educación autoriza a los distritos escolares y a los estados pedir pruebas que certifiquen la edad de los estudiantes y su condición de residentes en las jurisdicciones donde asistan a la escuela. Pero no pueden requerir pruebas de ciudadanía o impedir el ingreso de estudiantes si los padres no pueden demostrar su residencia legal.

El secretario de justicia Eric Holder explicó la normativa responde al hecho de que en distintas partes del país hay algunos distritos escolares que exigen requisitos de identificación para obstaculizar la matriculación de niños indocumentados en escuelas públicas, lo que viola la ley federal.
Holder citó una decisión de la Corte Suprema de 1982 que ordenó a los estados dar educación a cualquier niño que viva en su jurisdicción. “Los distritos escolares públicos tienen una obligación de matricular estudiantes independientemente de la situación migratoria y sin discriminar en función de raza, color o nacionalidad», dijo el secretario de justicia..
Las escuelas tienen que ser flexibles con respecto a las pruebas de residencia que solicitan a los padres, según las normas emitidas este jueves.
Los responsables de los centros escolares pueden exigir facturas de luz, teléfono u otros servicios, o contratos de arrendamiento de vivienda para demostrar que el estudiante vive en el distrito al que asiste a la escuela. También pueden pedir el carnet de conducir de los padres, pero solamente para saber dónde vive y no para determinar su situación migratoria.
También pueden pedir un certificado legal para demostrar la edad del niño, pero no podrán rechazar estudiantes que no puedan entregar un certificado de nacimiento o cuyos padres se nieguen a proporcionar un número de seguridad social del niño o de los padres.
El gobierno de Obama legisló al respecto en 2011, pero persistían algunos problemas.
«Queremos estar seguros de que todos los líderes escolares entienden los requisitos legales de la constitución y las leyes federales, y esperamos que esta actualización resuelva algunas de las percepciones equivocadas», dijo el secretario de Educación Arne Duncan.
Las normas también buscan eliminar obstáculos para los niños sin hogar o cuyos padres no puedan demostrar su residencia en un distrito escolar, según el gobierno.111101012254-south-carolina-immigration-story-top

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JMAS Chihuahua realiza abono de 90 millones a deuda con Pensiones Civiles

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La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua realizó un abono por 90 millones de pesos a la deuda que mantiene con Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, correspondiente a ejercicios anteriores, informó el director general de la institución, Heriberto Miranda Pérez.

El funcionario precisó que el recurso ya fue depositado y permitirá fortalecer la capacidad operativa de Pensiones Civiles del Estado para atender las necesidades de sus derechohabientes. Señaló que este pago forma parte de los esfuerzos encaminados a avanzar en la regularización de adeudos históricos que enfrenta la institución.

Miranda Pérez destacó que este ingreso representa un respaldo relevante para el sostenimiento de los servicios que se brindan a miles de trabajadores y beneficiarios en la entidad. Indicó que la aplicación de estos recursos contribuirá a reforzar la atención que se ofrece a las personas afiliadas que dependen de la institución para la prestación de servicios médicos y de seguridad social.

El director general de Pensiones Civiles del Estado expresó su agradecimiento al secretario de Hacienda del estado, José Jesús Rangel Vázquez, así como al director general de la JMAS Chihuahua, Alan Falomir, por las gestiones realizadas para concretar este abono. Añadió que esta aportación es resultado de la coordinación entre dependencias estatales para atender compromisos financieros pendientes.

Asimismo, subrayó que este avance ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud, las representaciones sindicales y el personal de Pensiones Civiles del Estado. Reconoció el esfuerzo diario de quienes laboran en la institución y participan en la operación de sus unidades.

Miranda Pérez reiteró su reconocimiento al compromiso del personal involucrado en la atención de los derechohabientes, al considerar que su labor es fundamental para el funcionamiento de Pensiones Civiles del Estado.

Este abono representa un paso dentro del proceso de recuperación financiera de la institución, con el objetivo de fortalecer los servicios que se ofrecen a la población afiliada en Chihuahua.

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