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Estados Unidos adoptó el semáforo COVID-19 de México

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Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), destacó el trabajo de la Secretaría de Salud en el manejo de la pandemia de COVID-19, así como el uso del semáforo epidemiológico, estrategia que se planteó para comunicar el panorama de los contagios en todo el país, y el cual será replicado por el gobierno de los Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina del 29 de octubre, el secretario felicitó a la dependencia, “porque el semáforo mexicano también se adoptó en Estados Unidos con los mismos colores y significados similares”. Cabe recordar que a partir de este mecanismo se determina la apertura de actividades económicas y sociales. Además del país del norte, la Unión Europea también planteó un sistema similar hace unos días.

Por otra parte, el canciller descartó que se lleve a cabo un cierre total de la frontera entre México y Estados Unidos, a pesar del rebrote de COVID-19 en el estado de Chihuahua, la cual fue la primera entidad en regresar al color rojo del semáforo epidemiológico.

Respecto a esto, el funcionario federal fue claro al decir que “México no va a optar por el cierre imperativo”, pues eso acarrearía consecuencias adversas para la población de esta zona, así como aquellos que cruzan diariamente. “Se hacen recomendaciones, se hace orientación, pero no estamos previendo el cierre de actividades”, sentenció.

En la rueda de prensa diaria también dio a conocer la existencia de un sistema de consulta semanal, a través del cual se revisan las disposiciones e información estadística de la Secretaría de Salud, a partir de las cuales toman decisiones en relación a las fronteras de México.

El canciller Ebrard Casaubón también destacó que no se modificará en el corto plazo las restricciones a los viajes no esenciales, además de resaltar que esos acuerdos se establecen de manera mensual con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Cabe recordar que desde el 21 de marzo, ambos países determinaron cerrar sus fronteras terrestres para todos los viajes que fueran considerados como no esenciales, es decir, aquellos que tuvieran fines recreativos o turísticos. En contraste, las medidas no aplicaron para el tránsito comercial de alimentos, combustible, equipo de atención médica y medicamentos.

Actualmente Chihuahua se volvió uno de los principales focos rojos de la pandemia en México. Por ello, las autoridades sanitarias federales y locales han comenzado a implementar una estrategia conjunta basada en cuatro necesidades para enfrentar la pandemia.

Los puntos que se establecieron son incrementar la capacidad hospitalaria, sobre todo para pacientes críticos y ventilación; el abastecimiento de personal especializado, insumos y equipamiento; también se solicitaron pruebas de laboratorio para confirmación de casos; y el aseguramiento de personal temporal en funciones.

Respecto a una vacuna contra la COVID-19, Ebrard dio a conocer hace unos días que el escenario más positivo sería tener acceso a ella antes de que termine diciembre, mientras que el peor sería que el país obtenga el primer lote de dosis en marzo.

La vacuna del laboratorio británico AstraZeneca, con el que México acordó la compra de inmunizaciones para 77 millones 400 mil personas, reinició pruebas clínicas en Estados Unidos y está por concluirlas en Brasil, Sudáfrica, y Reino Unido, “con resultados positivos”.

Es importante destacar que esta es la vacuna que será producida entre México y Argentina para la región de América Latina. De acuerdo con el canciller, ya comenzó “la transferencia de tecnología” para asegurar ese proceso.

También recordó que el proyecto de CanSino Bio, la farmacéutica del gobierno de China, debería iniciar la Fase III de pruebas clínicas en México durante la primera quincena de noviembre, aunque los pormenores serán detallados por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en los próximos días.

“La vacuna ya se ha probado con éxito en el ejército de China, adicionalmente a las fases clínicas de prueba actual están Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, han dado resultados positivos”, dijo el canciller.

Fuente: Infobae

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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