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México

Estados Unidos pide a México permitir la entrada de agentes de la DEA

El nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo el sábado que Washington ha pedido al gobierno mexicano que permita que sus agentes, entre ellos de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), operen en México.

El año pasado, México suspendió la inmunidad penal de los agentes extranjeros e impuso límites estrictos a sus contactos con sus homólogos mexicanos. Los analistas señalan que eso inevitablemente afecta la capacidad de la DEA de colectar datos de inteligencia sobre los cárteles de drogas en el país.

Dado que algunos agentes de la DEA de antemano se encuentran en México, parece que la solicitud estadounidense es para que se permita el ingreso de más agentes o para que aquellos que ya están en México puedan operar más libremente.

Estados Unidos se ha visto inundado por fentanilo que es producido mayormente en México usando como precursor substancias químicas provenientes de China. Salazar indicó que México se ha comprometido a combatir los cárteles de drogas bajo el nuevo acuerdo bilateral de seguridad Entendimiento Bicentenario anunciado el viernes para remplazar la Iniciativa Mérida.

“Nosotros vamos a recibir cooperación del gobierno mexicano, que fue acordada ayer, para asegurarnos de que los recursos del orden público y la seguridad que tenemos funcionando aquí en colaboración con las autoridades mexicanas tienen la capacidad para hacerlo”, dijo Salazar la víspera en su primera conferencia de prensa desde su arribo a la capital mexicana en septiembre.

“Así que, sí, eso incluye nuestro pedido, y estamos trabajando con el gobierno mexicano para tener la oportunidad de traer de nuevo a agentes, incluyendo de la DEA, pero lo estamos haciendo de una manera en la que estamos en asociación con México”, detalló Salazar.

Salazar habló además de la necesidad de “una respuesta regional” a otra preocupación mayor de Estados Unidos: los decenas de miles de migrantes —muchos de ellos haitianos— que están en México o encaminados a México desde Sudamérica.

El mes pasado, miles de migrantes haitianos cruzaron el Río Bravo y montaron un campamento debajo de un puente en Del Rio, Texas.

“Es un asunto muy importante para ambos países, es muy importante para el hemisferio occidental”, señaló Salazar. “El secretario (Antony) Blinken está muy comprometido a trabajar en el desarrollo de una solución regional, y debe ser encabezada tanto por Estados Unidos como por México”.

Al parecer se refirió al hecho de que muchos migrantes haitianos ya tenían asilo o condición de refugiados en países como Brasil o Chile antes de emprender en el verano su viaje a Estados Unidos.

México, por su parte, ha comenzado a enviar a algunos haitianos a su país en vuelos de repatriación con destino a Puerto Príncipe.

Salazar describió como “un hito” el nuevo marco de trabajo del Entendimiento Bicentenario y señaló que marca “una nueva era de asociación”.

La Iniciativa Mérida, en sus primeros años, se concentró principalmente en donaciones estadounidenses de equipo policial, incluidas aeronaves. Se prevé que el Entendimiento Bicentenario dé mayor prioridad al desarrollo económico.

El nombre hace referencia al 200 aniversario de la independencia de México y de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

Por otro lado, luego del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad en el que México y Estados Unidos, en el que se reunieron delegaciones de ambos países, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó que la cooperación migratoria con México “nunca había sido tan sólida” en medio de la ola migratoria histórica de la región y las críticas a ambos gobiernos por el trato a migrantes.

”La colaboración que tenemos para abordar este increíblemente difícil tema de forma conjunta, pienso que nunca había sido tan sólida como ahora”, declaró Blinken en una rueda de prensa con el canciller de México, Marcelo Ebrard.

Blinken declaró esto tras la reunión en la que México y Estados Unidos también anunciaron la sustitución de la Iniciativa Mérida, estrategia de seguridad de 2008 basada en un enfoque militar, por el Entendimiento Bicentenario, con una visión más integral.

El encuentro se dio en un contexto en el que decenas de miles de haitianos están varados en las fronteras de México y en albergues en diversas regiones del país, y Estados Unidos busca reimplementar el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), conocido como “Remain in Mexico” o “Permanecer en México”.

Tanto Ebrard como Blinken negaron que en la reunión hayan abordado el MPP, que obliga a solicitantes a tramitar su asilo para Estados Unidos desde territorio mexicano, o el Título 42, que permite la expulsión inmediata de migrantes desde Estados Unidos con el argumento de la crisis sanitaria.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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