Washington.– El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a cuatro personas y 13 empresas mexicanas acusadas de estafar a ciudadanos estadounidenses a través de propiedades vacacionales compartidas en Puerto Vallarta. Según las autoridades estadounidenses, tanto los individuos como las compañías tienen vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas del país.
Las sanciones, aplicadas por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), afectan a empresas que operaban en Puerto Vallarta y sus alrededores. Este destino turístico es considerado por Estados Unidos un enclave estratégico para el CJNG, que ha diversificado sus actividades en la zona más allá del narcotráfico.
“El anuncio de hoy marca la quinta ocasión en que la OFAC sanciona a personas vinculadas, directa o indirectamente, con fraudes de tiempo compartido del CJNG, con lo que ya se han designado a más de 70 individuos y entidades”, destacó el Departamento del Tesoro en un comunicado oficial.
Las cuatro personas sancionadas son Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela, Francisco Javier Gudiño Haro y Michael Ibarra Díaz Jr. Los tres primeros son miembros de alto rango del CJNG involucrados en asesinatos de rivales y políticos; Ibarra Díaz, aunque aparenta ser un empresario legítimo del sector turístico, ha participado en fraudes de tiempo compartido en favor de la organización criminal.
Las 13 empresas sancionadas, parte de la red corporativa de Ibarra, incluyen Akali Realtors; Centro Mediador de la Costa, SA de CV; Corporativo Integral de la Costa, SA de CV; Corporativo Costa Norte, SA de CV; Sunmex Travel, S. de RL de CV; TTR Go, SA de CV; Inmobiliaria Integral del Puerto, SA de CV; KVY Bucerías, SA de CV; Servicios Inmobiliarios Ibadi, SA de CV; Fishing Are Us, S. de RL de CV; Santamaría Cruise, S. de RL de CV; y Consultorías Profesionales Almida, SA de CV.
Como consecuencia de estas medidas, todos los bienes e intereses en bienes de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Estas sanciones se suman a las designaciones previas de la administración del presidente Donald Trump, que identificó al CJNG y a otros grupos como organizaciones terroristas extranjeras, reforzando los esfuerzos para combatir las operaciones financieras ilícitas del cártel en territorio estadounidense.
