México
Estados Unidos sanciona a 13 empresas mexicanas vinculadas al CJNG por fraudes a turistas en Puerto Vallarta
Washington.– El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a cuatro personas y 13 empresas mexicanas acusadas de estafar a ciudadanos estadounidenses a través de propiedades vacacionales compartidas en Puerto Vallarta. Según las autoridades estadounidenses, tanto los individuos como las compañías tienen vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas del país.
Las sanciones, aplicadas por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), afectan a empresas que operaban en Puerto Vallarta y sus alrededores. Este destino turístico es considerado por Estados Unidos un enclave estratégico para el CJNG, que ha diversificado sus actividades en la zona más allá del narcotráfico.
“El anuncio de hoy marca la quinta ocasión en que la OFAC sanciona a personas vinculadas, directa o indirectamente, con fraudes de tiempo compartido del CJNG, con lo que ya se han designado a más de 70 individuos y entidades”, destacó el Departamento del Tesoro en un comunicado oficial.
Las cuatro personas sancionadas son Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela, Francisco Javier Gudiño Haro y Michael Ibarra Díaz Jr. Los tres primeros son miembros de alto rango del CJNG involucrados en asesinatos de rivales y políticos; Ibarra Díaz, aunque aparenta ser un empresario legítimo del sector turístico, ha participado en fraudes de tiempo compartido en favor de la organización criminal.
Las 13 empresas sancionadas, parte de la red corporativa de Ibarra, incluyen Akali Realtors; Centro Mediador de la Costa, SA de CV; Corporativo Integral de la Costa, SA de CV; Corporativo Costa Norte, SA de CV; Sunmex Travel, S. de RL de CV; TTR Go, SA de CV; Inmobiliaria Integral del Puerto, SA de CV; KVY Bucerías, SA de CV; Servicios Inmobiliarios Ibadi, SA de CV; Fishing Are Us, S. de RL de CV; Santamaría Cruise, S. de RL de CV; y Consultorías Profesionales Almida, SA de CV.
Como consecuencia de estas medidas, todos los bienes e intereses en bienes de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Estas sanciones se suman a las designaciones previas de la administración del presidente Donald Trump, que identificó al CJNG y a otros grupos como organizaciones terroristas extranjeras, reforzando los esfuerzos para combatir las operaciones financieras ilícitas del cártel en territorio estadounidense.
México
Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.
Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.
Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.
La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.
“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.
Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.
“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.
Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.
“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.
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La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.
Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.
Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.
Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.
La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.
La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.
