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Estados Unidos sanciona a empresarios y compañías en México por sus lazos con Venezuela

Estados Unidos ha sancionado este jueves a tres empresarios y ocho compañías con sede en México a las que acusó de participar en una red para intentar evadir las penalizaciones que ha impuesto Washington al sector petrolero de Venezuela para presionar la salida de Nicolás Maduro. El país sudamericano enfrenta una escasez de combustibles debido a las constantes sanciones impuestas por Washington a los países que le venden el hidrocarburo al régimen chavista.

El Departamento del Tesoro sostuvo que los empresarios Joaquín Leal Jiménez, Olga María Zepeda Esparza y Verónica Esparza García, así como las entidades Libre Abordo y Schlager Business Group y otras bajo su control, pasaron a formar parte de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Las sanciones se traducen en el congelamiento de todos los bienes e intereses económicos que los penados tengan en EE UU y se les prohíbe cualquier transacción que involucre a individuos y entidades estadounidenses.

“El régimen ilegítimo de Maduro creó una red secreta para evadir las sanciones que el Tesoro ha expuesto ahora”, afirmó el subsecretario del Tesoro Justin G. Muzinich. “Estados Unidos continuará persiguiendo implacablemente a los evasores de sanciones, quienes saquean los recursos de Venezuela para beneficio personal a expensas del pueblo venezolano”, agregó en un comunicado.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, no tardó en reaccionar. En un mensaje publicado en Twitter en el que se dirige al secretario de Estado, Mike Pompeo, califica las sanciones como criminales y anuncia que llevará el caso a la Corte Penal Internacional. “Hagan lo que hagan no torcerán la voluntad del pueblo venezolano. Ninguno de sus planes ha funcionado con Venezuela, ni funcionará. Gracias por sus confesiones y elementos de prueba para llevarlos a la Corte Penal Internacional”, escribió Arreaza.

Las sanciones llegan la misma semana en que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dejara la puerta abierta para vender gasolina a Venezuela, si el régimen de Maduro se lo pide, y si lo hacen por “una necesidad humanitaria”.

Desde al menos 2019, sostiene el Tesoro, que el régimen de Maduro y la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) han trabajado con Alex Naím Saab Morán, empresario de origen colombiano y Leal para evadir las sanciones de Estados Unidos y ayudar en la venta de petróleo crudo de origen venezolano. Una de las técnicas en las que habrían participado los empresarios fue disfrazar un programa de “petróleo por alimentos” que finalmente no habría resultado en la entrega de comida en Venezuela. Saab y Joaquín Leal, en colaboración con las empresas con sede en México Libre Abordo y Schlager Business Group, negociaron la reventa de más de 30 millones de barriles de petróleo crudo en nombre de PDVSA, aproximadamente el 40% de las exportaciones de petróleo de la compañía en abril de 2020, detalla Washington.

Fuente: Reuters

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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