Conecta con nosotros

Slider Principal

Esto es lo que dice la denuncia completa de Emilio Lozoya

El exdirector de la petrolera estatal mexicana Pemex Emilio Lozoya acusó a expresidentes, exsecretarios de Hacienda, exlegisladores y a una periodista, en un testimonio filtrado con el que busca demostrar que es inocente de cargos de corrupción.

Lozoya se ha convertido en la pieza central del impulso del presidente Andrés Manuel López Obrador para exponer la corrupción que, según el mandatario, era desenfrenada en gobiernos anteriores antes de su llegada al poder en 2018.

Esta es la denuncia completa

https://drive.google.com/file/d/1pfFMbtn7z9wdXCtuqpp4sX0Bed3TubdT/view

El exjefe de Pemex, quien fue extraditado de España el mes pasado para enfrentar un juicio por aceptar sobornos y lavado de dinero, ha buscado desviar su culpa acusando al expresidente Enrique Peña Nieto y a su exsecretario de Hacienda Luis Videgaray de ordenarle pagar sobornos con fines electorales y compra de votos en el Congreso.

Una versión fotocopiada de la declaración de Lozoya circuló en los medios de comunicación el miércoles, lo que llevó a la Fiscalía General a decir en un comunicado que no había filtrado lo que describió como «la copia de la denuncia» del exdirector de Pemex, cuyos abogados se deslindaron también del documento.

En la declaración de 63 páginas, Lozoya denunció a los expresidentes Felipe Calderón y Carlos Salinas por “actos que posiblemente constituyan delitos” junto a Peña Nieto, Videgaray y más de una docena de otros exfuncionarios.

Con diversos grados de detalle, Lozoya alegó que funcionarios y legisladores aceptaron sobornos, recibieron pagos ilícitos y se involucraron en actos de corrupción durante varios años, algunos de los cuales fueron antes de que tomara las riendas de Pemex en 2012.

Muchos ya han rechazado públicamente las acusaciones.

Entre los acusados se encuentran exsenadores, dos de los cuales se desempeñan actualmente como gobernadores estatales, otros tres exsecretarios de Hacienda y asistentes del Congreso.

Calderón supervisó la corrupción en su gobierno 2006-2012, dijo Lozoya, señalando un acuerdo de suministro de etano alcanzado entre Pemex y un consorcio liderado por la firma brasileña Braskem que López Obrador ha condenado como una estafa para el estado. Braskem ha negado esas acusaciones.

Salinas, quien fue presidente de 1988 a 1994, se había involucrado en el cabildeo para obtener negocios lucrativos para su hijo, alegó Lozoya.

Entre los exsecretarios de Hacienda se encuentra José Antonio González Anaya, quien en 2016 sucedió inicialmente a Lozoya en Pemex.

González rechazó en Twitter las acusaciones, calificándolas de un intento de venganza contra él porque en 2017 había denunciado irregularidades en Pemex bajo la dirección de Lozoya.

José Antonio Meade, otro exsecretario de Hacienda que fue candidato presidencial en 2018 por el Partido Revolucionario Institucional de Peña Nieto, también rechazó firmemente en Twitter las acusaciones de Lozoya, al igual que Ernesto Cordero.

Lourdes Mendoza, una periodista a quien Lozoya acusó de pertenecer a una sección corrupta de la prensa que brindaba cobertura favorable al pasado gobierno a cambio de pagos, también criticó sus afirmaciones y dijo que lo demandaría.

Ni Peña Nieto ni Videgaray han comentado públicamente sobre las acusaciones, pero previamente negaron haber actuado mal. Calderón desestimó los cargos y desafió a Lozoya a presentar pruebas. Salinas no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto