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México

Éstos son los estados con mayor deuda por habitante

Coahuila, Quintana Roo y Chihuahua son los tres estados que tienen el mayor nivel de deuda por habitante.

El promedio de la deuda por persona de estas tres entidades es superior a los 10 mil pesos, determinó el estudio Deuda Pública de las Entidades Federativas 2010-2016 de ARegional, presentado este martes

Si en este momento se tendría que liquidar la deuda de Coahuila, cada habitante debería desembolsar 12 mil 527 pesos.

En tanto, cada persona que vive en Quintana Roo pagaría 12 mil 58 pesos, y habitante de Chihuahua liquidaría 11 mil 71 pesos, refirió Flavia Rodríguez, Directora de ARegional.

Estas tres entidades también se ubican en el grupo de los estados más endeudados de 2010 a 2016, con deudas por arriba de los 18 mil millones de pesos.

La tasa de crecimiento promedio en este periodo fue de 8 por ciento en el caso de Quintana Roo, 19.8 por ciento Chihuahua y Coahuila con 26.4 por ciento.

En tanto que los estados de Querétaro, Guerrero y Guanajuato se ubican en el grupo de los estados con menor deuda por habitante. Tlaxcala no tiene deuda.

‘CHILANGOS’ ENDEUDADOS

La capital mexicana se ubica en el cuarto lugar entre los estados con mayor deuda per cápita, con 7 mil 746 pesos.

La Ciudad de México encabeza el monto total de deuda más alta con 68 mil 587 millones de pesos. De 2010 a junio de 2016 su tasa promedio de crecimiento fue de 1.1 por ciento.

En el quinto lugar de la deuda por persona está Nuevo León con 7 mil 211 pesos .

Tan sólo la Ciudad de México, Veracruz, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y el Estado de México acumulan el 58.3 por ciento de la deuda total.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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