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Estos son los negocios de hija de ‘El Mencho’

Jessica Johanna Oseguera González, «La Negra», de 34 años de edad, admitió el pasado 12 de marzo negocios intencionales con empresas mexicanas identificadas como narcotraficantes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos, indicó el Departamento de Justicia en un comunicado.

Según documentos judiciales, la hija de “El Mencho” tiene doble ciudadanía, mexicana y estadounidense.

Oseguera González violó las sanciones penales de la Ley de cabecillas extranjeros del narcotráfico (Kingpin Act), al realizar transacciones con seis firmas mexicanas incluidas en la lista negra del Tesoro por apoyar las acciones de la organización criminal mexicana Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderada por su padre.

En diciembre de 1999, los senadores Diane Feinstein y Paul Coverdell patrocinaron una nueva ley en el Congreso, la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act que dio poderes a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) para atacar a las redes financieras de narcotraficantes a nivel mundial.

Basada en la Lista Clinton, la Ley Kingpin fue un intento para replicar las sanciones económicas contra los carteles colombianos, pero ahora aplicadas a México, Perú, Asia, África, Europa y Medio Oriente.

De acuerdo con testimonio del director de la OFAC frente al Congreso, la Orden Ejecutiva 12978 continuaría en Colombia y la Ley Kingpin enfocaría en los grandes narcotraficantes en el resto del mundo.

Según la web de la Casa Blanca, el objetivo de esta ley es negar a los traficantes de narcóticos extranjeros, a sus negocios relacionados y a sus operarios el acceso al sistema financiero estadounidense y prohibir todo el comercio y las transacciones entre los traficantes y las compañías e individuos en territorio norteamericano.

El diario The New York Times publicó en abril de 2009 que esta norma ha sido utilizada para que el gobierno persiga a docenas de organizaciones criminales involucradas en narcóticos en todo el mundo.

También escribió que «la ley permite al Departamento del Tesoro congelar los activos de los cárteles que se encuentran en las jurisdicciones de Estados Unidos y procesar a los estadounidenses que ayudan a los cárteles a manejar su dinero”.

¿CUÁLES SON LOS NEGOCIOS DE LA HIJA DE “EL MENCHO”?
Los investigadores indicaron que Oseguera González continuó su vinculación con las empresas mexicanas luego de que éstas fueran designadas por la OFAC en septiembre de 2015.

J&P Advertising,
JJGON SPR,
Cabañas las Flores,
Mizu Sushi Lounge,
Tequila Onze Black,
Operadora Los Famosos S.A. como Kenzo Sushi

Las sanciones por las violaciones de la Ley Kingpin fluctúan entre penas civiles de hasta un millón 503 mil 470 dólares por cada violación a penas criminales más severas.

El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares.

El caso de la hija de “El Mencho” está programado para que reciba sentencia el 11 de junio y enfrenta una pena máxima de hasta 30 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EU. Y otros factores estatutarios.

Las multas criminales para empresas por violar la Ley Kingpin pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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