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Estrena Inegi tecnología de rastreo y encriptación para levantar Censo 2020

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) utilizará dispositivos móviles de rastreo para la seguridad de los 150 mil encuestadores que levantarán el censo de Población y Vivienda 2020 –70 por ciento mujeres–, dado el incremento de la inseguridad y el actuar de la delincuencia organizada en zonas ya identificadas por el organismo.

Esos dispositivos tendrán también una función operativa, pues ahí se guardará toda la información de los entrevistados con las más altas medidas de seguridad. En ellos se invirtieron 330 millones de pesos, de los 12 mil millones que se tienen presupuestados para la realización del Censo, que se levantará del 2 al 27 de marzo.

“Estamos reforzando las medidas de seguridad con la finalidad de tener más protección de nuestros entrevistadores, porque más del 70 por ciento es mujer”, afirmó en entrevista con El Financiero, Edgar Vielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi.

Destacó que en el Censo participarán 205 mil personas, tanto en el área operativa como de campo, pero serán 150 mil las que estarán permanentemente en la calle.

“Por primera vez nuestros encuestadores saldrán con un dispositivo móvil y con eso se podría pensar que los pone en un riesgo mayor; sin embargo el aparato está específicamente diseñado para el Inegi, está bloqueado y además la información está encriptada (protegida tecnológicamente)”, explicó.

Añadió que “se trata de un aparato que va lanzando el rastreo de cuál es el recorrido de nuestros entrevistadores todo el tiempo, va marcando puntitos, va mandando señales según el movimiento, eso jamás en la historia de un censo se había tenido y, además, permitirá que en una emergencia podamos actuar ya no de manera etérea sino puntual”, explicó.

Comentó que incluso son aparatos a prueba de robo, pues no le servirán a quien intente apoderarse de alguno. “Traen sistemas que se llaman como de kiosko, no es que se agarre el aparato y se puedan hacer llamadas o mandar mensajes porque está bloqueado de origen, además de que tampoco se pueden vender porque son de una marca muy específica para el Inegi”, dijo.

En cuestión de la información, está la garantía de la protección de datos, pues ni los mismos entrevistadores, una vez ingresada la información, pueden acceder a ella y, en caso de corrección, tendrá que ser ante la presencia de un superior.

Vielma Orozco apuntó que además, para la seguridad de los encuestadores en las zonas que ya se tienen identificadas como de riesgo, se tienen otras estrategias como que las cuadrillas no se dispersen, usar vehículos para un pronto movimiento y acortar tiempo a las entrevistas.

Respecto a las medidas de seguridad para la población, indicó que los encuestadores estarán perfectamente identificados con una credencial con fotografía que traerán al frente y portarán chaleco con el logo del Inegi.

Asimismo, estos no podrán solicitar ninguna identificación al entrevistado, credencial de elector o número de tarjetas bancarias.

Vielma Orozco dijo que de todo esto habrá campañas de información para la población.

Fuente: EL Financiero

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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