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Estrena Inegi tecnología de rastreo y encriptación para levantar Censo 2020

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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) utilizará dispositivos móviles de rastreo para la seguridad de los 150 mil encuestadores que levantarán el censo de Población y Vivienda 2020 –70 por ciento mujeres–, dado el incremento de la inseguridad y el actuar de la delincuencia organizada en zonas ya identificadas por el organismo.

Esos dispositivos tendrán también una función operativa, pues ahí se guardará toda la información de los entrevistados con las más altas medidas de seguridad. En ellos se invirtieron 330 millones de pesos, de los 12 mil millones que se tienen presupuestados para la realización del Censo, que se levantará del 2 al 27 de marzo.

“Estamos reforzando las medidas de seguridad con la finalidad de tener más protección de nuestros entrevistadores, porque más del 70 por ciento es mujer”, afirmó en entrevista con El Financiero, Edgar Vielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi.

Destacó que en el Censo participarán 205 mil personas, tanto en el área operativa como de campo, pero serán 150 mil las que estarán permanentemente en la calle.

“Por primera vez nuestros encuestadores saldrán con un dispositivo móvil y con eso se podría pensar que los pone en un riesgo mayor; sin embargo el aparato está específicamente diseñado para el Inegi, está bloqueado y además la información está encriptada (protegida tecnológicamente)”, explicó.

Añadió que “se trata de un aparato que va lanzando el rastreo de cuál es el recorrido de nuestros entrevistadores todo el tiempo, va marcando puntitos, va mandando señales según el movimiento, eso jamás en la historia de un censo se había tenido y, además, permitirá que en una emergencia podamos actuar ya no de manera etérea sino puntual”, explicó.

Comentó que incluso son aparatos a prueba de robo, pues no le servirán a quien intente apoderarse de alguno. “Traen sistemas que se llaman como de kiosko, no es que se agarre el aparato y se puedan hacer llamadas o mandar mensajes porque está bloqueado de origen, además de que tampoco se pueden vender porque son de una marca muy específica para el Inegi”, dijo.

En cuestión de la información, está la garantía de la protección de datos, pues ni los mismos entrevistadores, una vez ingresada la información, pueden acceder a ella y, en caso de corrección, tendrá que ser ante la presencia de un superior.

Vielma Orozco apuntó que además, para la seguridad de los encuestadores en las zonas que ya se tienen identificadas como de riesgo, se tienen otras estrategias como que las cuadrillas no se dispersen, usar vehículos para un pronto movimiento y acortar tiempo a las entrevistas.

Respecto a las medidas de seguridad para la población, indicó que los encuestadores estarán perfectamente identificados con una credencial con fotografía que traerán al frente y portarán chaleco con el logo del Inegi.

Asimismo, estos no podrán solicitar ninguna identificación al entrevistado, credencial de elector o número de tarjetas bancarias.

Vielma Orozco dijo que de todo esto habrá campañas de información para la población.

Fuente: EL Financiero

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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