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EU dice que redadas migrantes fueron un ‘éxito parcial’

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Estados Unidos reportó el jueves un éxito parcial en su política migratoria al detener menos indocumentados en la frontera con México el último mes, pero el gobierno de Donald Trump enfrenta duras críticas por haber separado familias al arrestar a 680 personas sin papeles en redadas masivas.

Las siete redadas el miércoles en Misisipi, en el sureste, dejaron a muchos niños solos y dependiendo de los vecinos para tener qué comer y dónde dormir, en escenas descorazonadoras que desataron la cólera de opositores y activistas de derechos humanos.

Al día siguiente, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) informó que la patrulla fronteriza había detenido 21% menos de migrantes en la frontera con México en julio respecto al mes anterior.

La oficina atribuyó esta disminución a un acuerdo firmado con México en junio para detener el flujo de migrantes que viajan hacia el norte a Estados Unidos desde Centroamérica, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador.

La situación está mejorando», dijo el secretario interino del DHS, Kevin McAleenan, aclarando que la crisis de cruces ilegales en la frontera continúa.

Este tema es uno de los pilares del gobierno de Trump, quien prometió en la campaña que lo llevó a la presidencia que pondría fin a la inmigración ilegal.

En este contexto, la oficina de migración ICE irrumpió el miércoles en siete plantas de procesamiento de comida en seis ciudades de Misisipi, en la mayor operación antiinmigrantes en un solo estado en la historia del país.

ICE informó el jueves que, de los 680 arrestados, 300 ya habían sido liberados, 30 de ellos por razones humanitarias. Previamente había informado que muchos serían liberados con tobilleras electrónicas.

El gobierno de México informó el jueves que 107 de los detenidos eran mexicanos.

Excelsior

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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