Conecta con nosotros

Política

Evaluación no afectará los derechos laborales de los maestros: Rosemberg Loera

El diputado Rosemberg Loera Chaparro, dijo ante la tribuna del Congreso del Estado, que ante las distintas inquietudes manifestadas por diversos grupos que se han pronunciado públicamente en relación al tema de la evaluación magisterial, y su impacto en los derechos laborales de los trabajadores de la educación.

El diputado Rosemberg Loera Chaparro, dijo ante la tribuna del Congreso del Estado, que ante  las distintas inquietudes manifestadas por diversos grupos que se han pronunciado públicamente en relación al tema de la evaluación magisterial, y su impacto en los derechos laborales de los trabajadores de la educación.

Debido a que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ha definido ya el calendario de aplicación de la evaluación al desempeño de maestros, directores y supervisores de educación básica y media superior; las y los legisladores que integramos esta Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, manifestamos a la sociedad lo siguiente:

Que reconocemos en las maestras y maestros de Chihuahua, los forjadores de la historia de nuestra tierra, y los artífices del desarrollo educativo, social y cultural de la sociedad chihuahuense a través de su compromiso con nuestros niños, con  nuestros jóvenes y con la sociedad a la que han servido sin distinción de clases ni exclusivismos de ningún tipo, siempre dispuestos a dar lo mejor de sí mismos con entrega, responsabilidad  y profesionalismo.

Que en todo momento, confirmamos nuestro compromiso con la educación de los chihuahuenses, garantizando que en Chihuahua somos profundamente respetuosos del Estado de Derecho que nos marca la Constitución y las leyes que nos rigen, asumiendo la alta responsabilidad de velar por los intereses y los derechos fundamentales de las y los chihuahuenses.

Que de acuerdo a la Ley Estatal de Educación vigente,  es garantía que los derechos laborales de las maestras y maestros quedan a salvo ante la reforma educativa,  en tanto que legalmente, el Gobierno del Estado de Chihuahua se obliga a respetar íntegramente los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación, y que  se reconoce al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como el titular de las relaciones laborales colectivas de los trabajadores de la educación.

Que el servicio profesional docente, de acuerdo a la Ley de la Materia tiene como propósito mejorar la calidad de la educación y el cumplimiento de sus fines para el desarrollo integral de los educandos y el progreso del país, así como otorgar los apoyos necesarios para que el Personal del Servicio Profesional Docente pueda desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades a través de la formación, capacitación y actualización continua.

Que en base a ello, las evaluaciones que han iniciado a aplicarse a los docentes no deben ser motivo de especulaciones negativas, ni tampoco son sinónimo de oscuros procesos para despedir a los maestros de su trabajo.

Antes bien, deben fortalecer, de acuerdo a las leyes vigentes, sus competencias y habilidades en beneficio del interés superior del niño, y en este sentido apoyar el avance de los trabajadores de la educación en su trayectoria profesional.

Que es responsabilidad de los tres niveles de gobierno desde cualquier representación del poder, de la autoridad educativa, de los padres de familia, de las maestras y maestros de Chihuahua, de las autoridades sindicales, de las alumnas y alumnos del sistema educativo estatal, así como de la sociedad en su conjunto, trabajar intensa y solidariamente para fortalecer las prácticas y los procesos tendientes a promover mayor calidad en la educación de las y los chihuahuenses bajo los principios de la equidad, la inclusión y la justa distribución de los recursos públicos.

Que es obligación prioritaria de la autoridad educativa, establecer una coordinación adecuada para que, a través de las instancias correspondientes, se oriente,  informe, y prepare  adecuada y puntualmente a los docentes de Chihuahua para enfrentar exitosamente el proceso de evaluación, dando a estos la confianza suficiente de que el único propósito es trabajar de manera coordinada para mejorar la calidad de la educación pública, y de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, atentar contra sus derechos laborales.

Finalmente, mediante el presente pronunciamiento, esta Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, ratificamos nuestro compromiso para asegurar que los derechos y condiciones laborales de las maestras y maestros sean respetados con puntualidad, trasparencia y objetividad.

México

Senado abre periodo extraordinario con reformas que permitirían recopilar datos biométricos de ciudadanos

CIUDAD DE MÉXICO.– El Senado de la República inició este lunes un periodo extraordinario de sesiones con una agenda de 16 reformas de alto impacto, entre las que destacan propuestas polémicas por incluir la creación de bases de datos biométricos para diversas finalidades, desde el combate al lavado de dinero hasta la búsqueda de personas desaparecidas y el control de la telefonía móvil.

Tres de las iniciativas más controvertidas son la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley General en materia de Desaparición Forzada. Todas ellas comparten un eje común: la recolección, gestión o utilización de datos biométricos de ciudadanos.

En el caso de la reforma antilavado, se plantea otorgar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda la facultad de solicitar datos e imágenes a cualquier dependencia del gobierno federal, con el fin de identificar operaciones sospechosas. La propuesta ha sido cuestionada por su ambigüedad en torno a los límites y mecanismos de protección de datos personales.

Respecto a la nueva ley de telecomunicaciones, se busca establecer un registro nacional de usuarios de telefonía móvil con información biométrica, una medida que ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de ello, la iniciativa reaparece en la agenda legislativa, generando preocupaciones sobre una eventual reinstauración de mecanismos de vigilancia masiva.

Por su parte, las modificaciones a la legislación sobre desapariciones prevén incluir datos biométricos de familiares de personas no localizadas, como parte de los protocolos de búsqueda e identificación. Aunque se argumenta que esta medida puede agilizar los procesos, organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de mal uso de esta información.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que durante el periodo extraordinario —que se extenderá del 23 de junio al 2 de julio— podrían abordarse hasta 22 reformas, con sesiones incluso programadas para sábado y domingo. Agregó que existe la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe nuevas iniciativas, las cuales se incorporarían a la agenda.

La jornada de este lunes inició con la discusión de la reforma al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, que busca prohibir el uso de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos. Sin embargo, el debate de mayor tensión se anticipa conforme avancen los días y se aborden las reformas que tocan temas sensibles como seguridad nacional, telecomunicaciones, fiscalización y derechos fundamentales.

Entre las reformas enlistadas también figura la expedición de una nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, el rediseño normativo de la Guardia Nacional, una nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, y la transferencia de funciones del Coneval al INEGI.

La discusión de estas reformas ocurre en un contexto en el que organismos civiles, expertos y sectores de la oposición advierten sobre una creciente tendencia hacia la centralización del poder y la expansión de facultades de vigilancia del Estado, sin mecanismos de control institucional suficientes.

Los próximos días serán clave para definir el rumbo de estas propuestas y su impacto en los derechos de millones de mexicanos. El debate está abierto, pero la preocupación por el posible uso indiscriminado de datos personales —en nombre de la seguridad— ya es evidente dentro y fuera del Senado.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto