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México

Evita un conflicto Vergara-Fuentes en tu negocio

En todos los negocios existen conflictos y desacuerdos entre los socios, pero estos pueden intensificarse si quienes dirigen la empresa son pareja.

El caso público más reciente es el que enfrentan el empresario Jorge Vergara, accionista mayoritario del grupo Omnilife, y su esposa, Angélica Fuentes, quien desde 2007 y hasta hace unos días fue CEO de la compañía.

“Esta historia se repite en al menos el 50% de las empresas del país que son negocios familiares”, detalló el consultor del Parque Empresarial del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, Ignacio González.

El pasado 3 de abril, Vergara anunció la destitución de Fuentes como directora de la empresa e inició una investigación por presunto fraude en su contra. Angélica Fuentes es dueña del 43% de la compañía y tenía bajo su mando la responsabilidad de todo lo que pasaba en el grupo, declaró Vergara en conferencia de prensa.
«Desgraciadamente tengo que admitir que estaba un poquito ciego y no me di cuenta de lo que estaba sucediendo», agregó Vergara.

Ignacio González dijo que «los negocios se ponen en peligro cuando las decisiones de la empresa se confunden con las decisiones familiares o temporales guiadas por los sentimientos”.

Los derechos y obligaciones en una compañía conformada por un matrimonio deben aclararse desde la constitución del matrimonio al incluir acuerdos prenupciales o al firmar el acta constitutiva de la sociedad mercantil.

Los acuerdos prenupciales o capitulaciones del matrimonio se elaboran en el registro civil al momento de pactar el acta de matrimonio y no tienen costo extra para la pareja.

“En ese documento se especifica cómo será la administración de los bienes que tengan en ese momento o que adquieran en el futuro”, dijo la experta en litigio del despacho Soluciones Jurídicas, Adriana Soltero, con base en el artículo 179 del Código Civil del Distrito Federal.

Cuando la idea de formar una empresa ya es una realidad, las especificaciones sobre cómo se operará se darán frente a un notario que elaborará el acta constitutiva.

“El problema de que las empresas no dejen claras las reglas del juego desde el principio de su constitución es que exista un bloqueo en las decisiones por parte de alguno de los dos socios”, explicó el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Héctor Galeano.

Es obligación del notario advertir e informar a los socios de una empresa que debe existir un socio mayoritario o en su defecto un acuerdo que estipule qué pasará en caso de descontento o problemas o qué sucederá con su parte de la empresa cuando uno de ellos no quiera continuar, explicó Galeano.

Pese a los problemas que pueda enfrentar un matrimonio, los dos son socios del negocio y recibirán el 100% de las utilidades que correspondan a su parte proporcional como accionistas de la empresa.

Además, para lograr armonía en la compañía y saber qué decisiones tomar en beneficio del negocio, deberá haber prácticas de gobierno corporativo, un consejo de administración y establecer por escrito y ante notario las reglas de sucesión, recomendó Ignacio González.

“No conozco a ninguna pareja que se case pensando que se va a divorciar o a unos socios que se unan para abrir un negocio pensando que van a enojarse, pero nadie está exento de esta situación. Lo trascendente es que la empresa sobreviva al conflicto y continúe operando”, dijo Galeano.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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