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Exhiben a funcionarios de la 4T que aparentan vivir de forma austera

“Lo único que me gusta de los ricos es su dinero”, palabras de Nancy Astor (la primera mujer que ocupó un escaño en la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico en 1919). Así es como comienza el escritor Sergio Sarmiento su interpretación sobre la polémica de las propiedades que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, tiene en conjunto con su marido, el académico John Ackerman.

Todo a raíz de un reportaje con el que el periodista Carlos Loret de Mola aseguró revelar que el matrimonio tiene un patrimonio cuyo valor oscila los 60 millones de pesos, cinco veces más que lo indicado en su declaración patrimonial. Cinco propiedades compradas en efectivo cuando ambos eran investigadores de la UNAM; un terreno “regalado” por el gobierno del entonces Distrito Federal en 2007, de unos 300 metros cuadrados de construcción.

En su texto publicado en Reforma, Sarmiento destaca que Ackerman respondió que las propiedades son fruto del trabajo de ambos y de donaciones de sus familias. Lo cita: “No estamos obligados a explicarle nada a nadie con respecto al patrimonio que logramos construir con gran esfuerzo, y con las generosas aportaciones de nuestros familiares, antes de que Irma Eréndira ocupara cargo público alguno”.

El escritor subraya también que John Ackerman dijo que presentará denuncias contra Loret por la filtración de datos personales y lo hizo responsable por cualquier agresión o extorsión que pudiera sufrir su familia por el reportaje que tachó de “irresponsable y criminal”.

Lo vuelve a citar: “Aquí nadie le descubrió nada a nadie. La declaración. se encuentra en regla y reporta todos y cada uno de nuestros bienes con absoluta precisión. La nota de Loretito presenta estos datos de manera engañosa (transformando mágicamente departamentos y un terreno en ´casas´), recurre a imágenes que no corresponden en absoluto con la realidad y ofrece interpretaciones fantasiosas sobre el origen de los bienes, pero no aporta ningún dato adicional más allá de lo ya declarado por la Secretaria”.

Con todo lo anterior, Sergio Sarmiento llega a una determinante conclusión:

Y hace un recuento de casos que resultan evocados: “El director de la CFE, Manuel Bartlett, sus hijos y su pareja sentimental (que no concubina) son propietarios de cuando menos 23 casas de lujo, principalmente en Las Lomas de la Ciudad de México, y de empresas. La secretaria de Gobernación tiene un condominio en Houston. El canciller Marcelo Ebrard, quien afirmaba no tener patrimonio personal cuando dejó el gobierno de la Ciudad de México, vivió años en París sin un trabajo visible y hoy porta relojes de más de 14 mil dólares. Javier Jiménez Espriú, secretario de comunicaciones, tenía un apartamento en Texas, pero lo cedió a su hijo, y ha sido consejero de la petroquímica Idesa, pero en representación de acciones de su esposa”.

El también periodista recuerda incluso que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador donó a sus hijos todas sus propiedades; hoy en día dice no tener ninguna.

Así, apunta, “los políticos hacen un esfuerzo sistemático por presentarse como pobres, aun cuando tengan dinero de fuentes legítimas”.

Precisamente, Sarmiento señala que actualmente es necesario tener “un patrimonio cuantioso” si se busca trabajar en el gobierno, debido a que “los sueldos han sido reducidos y se prohíbe al funcionario trabajar durante 10 años en su campo de especialidad”.

Así que el escritor ve con tristeza, incluso, que Ackerman tenga que explicar que sus propiedades son en gran parte por donaciones de sus padres, los de él y de su esposa. “Es triste que tengamos un régimen de ricos que afirman haber donado todo su patrimonio o de otros ricos que dicen que todo lo que tienen es regalo de sus papás”.

“Supongo que ya no hay cabida para quienes construyen un patrimonio a fuerza de trabajo y lo preservan juiciosamente”, concluye en su texto Sarmiento.

Fuente; Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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