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Exhiben a funcionarios de la 4T que aparentan vivir de forma austera

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“Lo único que me gusta de los ricos es su dinero”, palabras de Nancy Astor (la primera mujer que ocupó un escaño en la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico en 1919). Así es como comienza el escritor Sergio Sarmiento su interpretación sobre la polémica de las propiedades que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, tiene en conjunto con su marido, el académico John Ackerman.

Todo a raíz de un reportaje con el que el periodista Carlos Loret de Mola aseguró revelar que el matrimonio tiene un patrimonio cuyo valor oscila los 60 millones de pesos, cinco veces más que lo indicado en su declaración patrimonial. Cinco propiedades compradas en efectivo cuando ambos eran investigadores de la UNAM; un terreno “regalado” por el gobierno del entonces Distrito Federal en 2007, de unos 300 metros cuadrados de construcción.

En su texto publicado en Reforma, Sarmiento destaca que Ackerman respondió que las propiedades son fruto del trabajo de ambos y de donaciones de sus familias. Lo cita: “No estamos obligados a explicarle nada a nadie con respecto al patrimonio que logramos construir con gran esfuerzo, y con las generosas aportaciones de nuestros familiares, antes de que Irma Eréndira ocupara cargo público alguno”.

El escritor subraya también que John Ackerman dijo que presentará denuncias contra Loret por la filtración de datos personales y lo hizo responsable por cualquier agresión o extorsión que pudiera sufrir su familia por el reportaje que tachó de “irresponsable y criminal”.

Lo vuelve a citar: “Aquí nadie le descubrió nada a nadie. La declaración. se encuentra en regla y reporta todos y cada uno de nuestros bienes con absoluta precisión. La nota de Loretito presenta estos datos de manera engañosa (transformando mágicamente departamentos y un terreno en ´casas´), recurre a imágenes que no corresponden en absoluto con la realidad y ofrece interpretaciones fantasiosas sobre el origen de los bienes, pero no aporta ningún dato adicional más allá de lo ya declarado por la Secretaria”.

Con todo lo anterior, Sergio Sarmiento llega a una determinante conclusión:

Y hace un recuento de casos que resultan evocados: “El director de la CFE, Manuel Bartlett, sus hijos y su pareja sentimental (que no concubina) son propietarios de cuando menos 23 casas de lujo, principalmente en Las Lomas de la Ciudad de México, y de empresas. La secretaria de Gobernación tiene un condominio en Houston. El canciller Marcelo Ebrard, quien afirmaba no tener patrimonio personal cuando dejó el gobierno de la Ciudad de México, vivió años en París sin un trabajo visible y hoy porta relojes de más de 14 mil dólares. Javier Jiménez Espriú, secretario de comunicaciones, tenía un apartamento en Texas, pero lo cedió a su hijo, y ha sido consejero de la petroquímica Idesa, pero en representación de acciones de su esposa”.

El también periodista recuerda incluso que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador donó a sus hijos todas sus propiedades; hoy en día dice no tener ninguna.

Así, apunta, “los políticos hacen un esfuerzo sistemático por presentarse como pobres, aun cuando tengan dinero de fuentes legítimas”.

Precisamente, Sarmiento señala que actualmente es necesario tener “un patrimonio cuantioso” si se busca trabajar en el gobierno, debido a que “los sueldos han sido reducidos y se prohíbe al funcionario trabajar durante 10 años en su campo de especialidad”.

Así que el escritor ve con tristeza, incluso, que Ackerman tenga que explicar que sus propiedades son en gran parte por donaciones de sus padres, los de él y de su esposa. “Es triste que tengamos un régimen de ricos que afirman haber donado todo su patrimonio o de otros ricos que dicen que todo lo que tienen es regalo de sus papás”.

“Supongo que ya no hay cabida para quienes construyen un patrimonio a fuerza de trabajo y lo preservan juiciosamente”, concluye en su texto Sarmiento.

Fuente; Infobae

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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