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Exhiben en «La Mañanera» a Secretaria de Desarrollo Económico de Chihuahua por “prepotente”

La Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, Alejandra de la Vega Arizpe, fue exhibida en la conferencia de hoy del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Procurador Federal del Consumidor, dijo que aprovecha su cargo público para evitar que las gasolineras de su propiedad sean auditadas.

“Tuvimos un caso en el que no se permitió la colocación de sellos, además de haber descubierto anomalías y tendremos que regresar con fuerza pública. Es una gasolinera que se llama Almacenes Distribuidores de la Frontera, en Ciudad Juárez, Chihuahua. En Boulevard Gómez Morían 9470”, dijo el Procurador.

“Lo que nos llamó la atención en este caso es que tanto el abogado que llevó al asunto y que nos impidió poner los sellos, como todos los empleados de la gasolinera, nos decían que si no ‘sabíamos quien era la dueña’ de esa gasolinera. Nos informaron que era Alejandra de la Vega; y efectivamente lo es, la Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua y es el primer caso de prepotencia que se nos presenta en lo que lleva esta administración”, dijo Sheffield Padilla.

“Lamentable, pero volveremos a la colocación de sellos con el apoyo de la Guardia Nacional y ojalá que esta funcionaria pública ponga el ejemplo de obedecer y cumplir con la ley”, agregó.

Recientemente, un reportaje de Border Hub alertó que al amparo del poder acumulado durante décadas y consolidado desde su posición como Secretaria de Estado en Chihuahua, De la Vega Arizpe “ha aprovechado todos los márgenes de la ley para competir por un mercado multimillonario en la frontera: la gasolina”.

“Más de la mitad de los permisos con los que actualmente cuenta Almacenes Distribuidores de la Frontera, empresa en la que son accionistas Alejandra, su mamá y sus hermanos –Guadalupe Arizpe y Miriam Guadalupe y Artemio de la Vega–, se gestionaron y obtuvieron cuando Alejandra ya era funcionaria estatal”, dijo.

De una revisión de documentos oficiales se desprende –agregó el reportaje publicado el pasado 9 de febrero– que antes de que Alejandra fuera designada secretaria de Innovación y Desarrollo Económico por el Gobernador Javier Corral Jurado (2016), Almacenes obtuvo 13 permisos gasolineros y a partir de 2017 la empresa tuvo un mayor auge y solo en tres años obtuvo la gestión para construir otras 18.

Mediante información obtenida en registros públicos y vía transparencia se documentó que Almacenes Distribuidores de la Frontera usó diferentes estrategias judiciales que le permitieron la construcción y operación de gasolineras que incumplen con la normatividad municipal vigente sobre distancias mínimas entre estaciones de servicio.

“Aun cuando los De la Vega incursionaron en el mercado gasolinero desde el 2003, la ampliación del negocio se aceleró unos meses después de que en 2016 Alejandra fuera designada secretaria de Innovación y Desarrollo Económico y tras lograr una alianza comercial con Marathon Petroleum Corporation, propietaria de la marca Arco”, dijo señala el texto “Para la empresaria y servidora pública este crecimiento es irrelevante debido a que asegura estar al margen de los negocios familiares, que además de las estaciones de venta de combustible operan la cadena de tiendas de conveniencia Del Río, Superette y Oasis”.

Fuente: SinEmbargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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