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Exhibirá Andrés Manuel a quien se ampare contra aeropuerto

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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que detrás de los amparos para detener la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía hay un interés político y económico de sus adversarios, por lo que en las conferencias matutinas evidenciará a quien presente los recursos legales y a los jueces que los otorguen.

Además, si eso lo lograran, yo tendría aquí que informar por qué se detiene y quiénes son los responsables; o sea, no iban a quedar en el anonimato: A ver, este señor que tiene estos intereses presentó un amparo y este juez se lo otorgó, y nosotros consideramos que es injusto”, apuntó.

En la conferencia matutina de este viernes, el Presidente reiteró que cumplirán con los tiempos acordados y en dos años va a estar terminado el nuevo aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía, en la cual ya se iniciaron los trabajos de rehabilitación.

Ya empezamos a rehabilitar el actual aeropuerto, las pistas. No se nota de que se está trabajando porque lo estamos haciendo en la noche, muy tarde hasta la madrugada, pero estamos mejorando las pistas, mejorando todo lo que es el actual aeropuerto y se inició ya la remodelación, se van a mejorar todos los espacios, los baños, se van a crear nuevas terminales en el actual aeropuerto. Ya estamos trabajando”, puntualizó.

Finalmente, destacó que no están preocupados por la suspensión en Santa Lucía, porque todo es una campaña para demorar el proceso de construcción.

Sí, sabemos que es una estrategia de nuestros adversarios, pero no van a poder, porque legalmente no se está infringiendo ninguna ley, entonces no pueden aun cuando una autoridad del Poder Judicial actuara de mala fe, pues hay instancias y lo más que lograría serían demorar el proyecto, eso es lo único”, aseguró el Presidente.

Excelsior

México

Sheinbaum descarta presencia de fuerzas militares de Estados Unidos en México

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San Miguel de Allende.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existe ninguna actividad militar de Estados Unidos en territorio mexicano, luego de los avisos emitidos por autoridades estadounidenses sobre maniobras en espacios aéreos cercanos al país.

Antes de encabezar la presentación del Plan de Justicia para Pueblos de Guanajuato y Querétaro, la mandataria fue cuestionada por medios de comunicación acerca de posibles acciones del gobierno estadounidense dentro de México. Un reportero le preguntó si estaba al tanto de las maniobras anunciadas por ese país y qué tipo de operaciones se realizaban.

Sheinbaum respondió que no había nada y recordó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes emitió un comunicado sobre el tema. Ante la insistencia del periodista para conocer más detalles, la presidenta reiteró que en territorio nacional no se desarrolla ninguna acción militar extranjera y se retiró sin ofrecer declaraciones adicionales.

La postura del gobierno mexicano se produce después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos difundió cinco avisos dirigidos a operadores aéreos de ese país. En ellos advirtió sobre una situación potencialmente peligrosa en zonas del Pacífico que abarcan desde México hasta Ecuador, debido a actividades militares y posibles interferencias en sistemas de navegación.

Las notificaciones, vigentes durante 60 días, recomiendan extremar precauciones al volar en áreas marítimas del océano Pacífico correspondientes al golfo de California, Centroamérica, Panamá, Bogotá y Guayaquil.

Ese mismo día, la SICT señaló que la medida es únicamente de carácter preventivo y busca reforzar la atención en la operación aérea dentro de determinadas regiones. La dependencia descartó que existan implicaciones operativas o restricciones para México y para las aerolíneas nacionales.

De acuerdo con la advertencia estadounidense, podrían presentarse aeronaves militares operando sin notificación previa o con transpondedores desactivados en dichas zonas. Estados Unidos mantiene un contingente naval en el Caribe como parte de la operación Lanza del Sur y ese despliegue también apoyó la llamada Resolución absoluta, mediante la cual fue detenido el 3 de enero el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas.

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