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Política

Exige líder nacional de El Barzón aclarar asesinato de Solorio

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Alfonso Ramírez Cuéllar, líder nacional de El Barzón, señaló que no permitirán que el asesinato del barzonista chihuahuense, Ismael Solorio Urrutia, y de su esposa, Manuela Martha Solís, quede impune. Asimismo, acusó la actitud “irresponsable” de las autoridades locales y federales que no han atendido los problemas en la región que la organización campesina ha denunciado, sobre la extracción excesiva e “ilegal” de agua y la instalación de una mina.

En entrevista con Noticias MVS primera emisión, el líder barzonista recapituló las denuncias que hicieron ante autoridades de Chihuahua y aseguró que firmaron “infinidad de minutas” para que se castigara a quienes sacaban agua “ilegalmente”, lo que impedía que el líquido llegara a las parcelas de los ejidatarios.

De estas “luchas” para garantizar que se actuara conforme a la ley participó Solorio Urrutia, recordó Ramírez Cuéllar. Señaló que desde enero tuvieron muchas reuniones con funcionarios estatales, federales y de la Comisión Nacional del Agua para denunciar que los menonitas extraían agua de forma “ilegal” con el conocimiento de las autoridades, además de que recibían subsidios de energía eléctrica.

A pesar de las denuncias de “abuso de los recursos naturales”, el gobierno del gobernador César Duarte fue “omiso”, acusó el líder campesino. En este contexto, al mediodía de ayer fue asesinado Solorio Urrutia junto con su esposa, en las inmediaciones de la región menonita en Chihuahua.

Víctor Quintana, asesor de organizaciones campesinas en Chihuahua, acusó que previo al crimen hubo un “clima de linchamiento” contra los líderes barzonistas, incluido Solorio Urrutia.

Quintana, quien participa en un plantón frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, instalado tras conocerse la noticia del doble homicidio, aseguró que en la entidad se intenta un “aplastamiento de la disidencia”.

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Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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