El líder parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez, pidió que el Instituto Nacional Electoral (INE) investigue y sancione al Partido Revolucionario Institucional (PRI), por los presuntos desvíos de recursos públicos por parte de ex gobernadores como César Duarte, de Chihuahua y Roberto Borge, de Quintana Roo.
Martínez Neri afirmó que los hechos señalados configuran claras violaciones a la ley electoral, y lo más alarmante, es que las autoridades en la materia no han hecho lo suficiente ni han tomado medidas contra el partido político.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro subrayó que el INE debe iniciar procedimientos sancionatorios contra el PRI, por haberse beneficiado con recursos públicos utilizados de manera ilícita por los gobernadores referidos.
Tras señalar que los gobiernos de Chihuahua y de Quintana Roo han iniciado investigaciones sobre esos hechos, urgió al INE a pronunciarse y de inmediato, tomar cartas en el asunto.
El legislador por Oaxaca señaló que existen elementos suficientes que involucran a los ex gobernadores Duarte y Borge, en la entrega de recursos al PRI y para financiar algunas de sus campañas electorales.
“Al día de hoy se han documentado las aportaciones directas que se depositaban al Comité Directivo Estatal del PRI de Chihuahua de manera mensual y se ha podido acreditar que todo el operativo de desvío de recursos públicos fue planeado, ordenado y avalado por el ex mandatario del estado, César Duarte Jáquez”, insistió.
“En lo que corresponde a Quintana Roo, el ex gobernador Roberto Borge Angulo está acusado de haber desviado recursos públicos para financiar la campaña del entonces candidato del PRI, José Mauricio Góngora Escalante”, en cuyo beneficio se habrían utilizado más de 200 millones de pesos, abundó.
Al calificar como alarmante e inaceptable que ese tipo de casos se sigan registrando en México, subrayó que la corrupción de quienes han gobernado distintas entidades bajo las siglas del PRI, es inadmisible y no se puede permitir que persistan esas “viejas mañas priístas”.
Pidió que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncie al respecto y que se impongan sanciones, no solo a los ex gobernadores involucrados, sino a los dirigentes priístas y al propio partido, por beneficiarse del uso ilícito del erario.
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