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Chihuahua

Exigen cárcel de máxima seguridad exclusiva para narcos ante colapso penitenciario en Chihuahua

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En medio de la creciente ola de violencia que azota municipios como Guadalupe y Calvo en la Sierra Tarahumara, el diputado estatal Francisco Sánchez Villegas, líder de Movimiento Ciudadano en Chihuahua, planteó la necesidad urgente de establecer una cárcel especial para integrantes de cárteles del narcotráfico, ante lo que calificó como el colapso del sistema penitenciario en la entidad.

Durante una conferencia de prensa, Sánchez Villegas advirtió que los Centros de Readaptación Social (CERESOS) en Chihuahua ya no tienen capacidad para albergar a delincuentes de alta peligrosidad, quienes conviven con personas que han cometido delitos menores, lo que genera un entorno insostenible y peligroso. Según sus cifras, mantener presos por delitos del orden federal representa un gasto mensual de alrededor de 13 millones de pesos para el erario estatal.

“Los Centros de Readaptación Social de Chihuahua en este momento se encuentran colapsados. Ahí conviven criminales desalmados, narcoterroristas, secuestradores, asesinos con otros que han cometido delitos de poca monta. La situación es insostenible”, afirmó tajante el legislador.

Como parte de su propuesta, Sánchez retomó una iniciativa que ya había presentado hace dos años y propuso rehabilitar el extinto Cefereso No. 9 de Ciudad Juárez, clausurado por el Gobierno Federal el 27 de diciembre de 2022. Su proyecto contempla convertir el penal en un centro de máxima seguridad, capaz de contener a los criminales más peligrosos y evitar que continúen delinquiendo desde el interior de las cárceles.

“Estas instalaciones donde hubo una inversión millonaria fueron abandonadas, olvidadas por el Gobierno Federal. Y por esa razón he pedido, he urgido que pasen a ser parte del Estado para que los narcoterroristas, los secuestradores, los extorsionadores, los delincuentes sanguinarios que dañan a las familias paguen aquí sus penas”, enfatizó.

La propuesta del legislador cobra fuerza en un contexto particularmente tenso para la seguridad pública del estado, tras la toma de la Presidencia Municipal de Guadalupe y Calvo por parte del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en respuesta a las recurrentes balaceras entre grupos rivales del crimen organizado.

Sánchez Villegas insistió en que la responsabilidad del sistema penitenciario no puede seguir recayendo exclusivamente en el Gobierno del Estado, cuando muchos de los reos provienen del fuero federal, y reiteró la urgencia de una estrategia integral que incluya infraestructura especializada para frenar la violencia.

El llamado del diputado busca abrir un nuevo debate sobre la distribución de competencias y recursos entre los niveles de gobierno en materia de seguridad y justicia, al tiempo que se redoblan esfuerzos para contener la escalada delictiva en la entidad.

Chihuahua

ICHITAIP resolvió 794 expedientes en primer cuatrimestre de 2026

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El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública informó que del 5 de enero al 29 de abril resolvió 794 expedientes relacionados con recursos de revisión y acuerdos, como parte de sus funciones en materia de acceso a la información pública y rendición de cuentas.

De acuerdo con el reporte presentado por el organismo, los asuntos fueron atendidos por el comisionado presidente Sergio Rafael Facio Guzmán, así como por las comisionadas Karla Gabriela Fuentes Moreno y María Selene Prieto Domínguez, integrantes del Pleno.

Del total de expedientes resueltos en el primer cuatrimestre del año, 284 correspondieron a recursos de revisión promovidos por usuarios del sistema de acceso a la información en contra de distintas autoridades que negaron datos solicitados.

Además, 510 casos fueron concluidos mediante acuerdos emitidos por el órgano garante estatal.

En el desglose mensual de recursos de revisión, enero concentró el mayor número de resoluciones con 111 expedientes. Le siguieron febrero con 77, abril con 64 y marzo con 32.

Respecto a los acuerdos, marzo registró la cifra más alta con 165 asuntos atendidos. Posteriormente se ubicaron febrero con 153, enero con 105 y abril con 87.

El instituto señaló que ambas figuras jurídicas forman parte de los mecanismos legales con los que cuenta para garantizar la protección constitucional de las personas que ejercen su derecho de acceso a la información.

También indicó que estos instrumentos permiten atender posibles incumplimientos por parte de los sujetos obligados en materia de transparencia.

Hasta el momento, el organismo no ha informado nuevas metas adicionales para el siguiente periodo del año.

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