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Chihuahua

Exigen liberar a presunto participante de la masacre en «Villas de Salvarcar»

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a traves de Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, declaró arbitraria la detención de Israel Arzate Meléndez, quien lleva más de dos años prisionero en Ciudad Juárez, acusado de haber participado en la masacre de Villas de Salvárcar.
El pronunciamiento del organismo, contenido en la Opinión 67/2011, concluye que “considerando que las violaciones a las normas internacionales sobre el derecho al debido proceso y a un juicio justo son de una gravedad tal que otorga a la privación de libertad un carácter arbitrario”, pide al Estado mexicano “que disponga la libertad inmediata del Sr. Israel Arzate Meléndez”.
De acuerdo con la transcripcion divulgada en rueda de prensa por el Centro Juárez de Apoyo a Migrantes, S.C., la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C.y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., el Grupo de Trabajo observa que, mientras Israel “fue detenido en la calle” el 3 de febrero del 2010, los militares declararon, de manera inverosímil, que Israel había sido detenido en flagrancia el día 4 del mismo mes».
La misma Opinión 67/2011, «destaca que el propio fiscal a cargo del caso solicitó retirar el cargo de posesión de vehículo robado por falta de pruebas (es decir, sobreseer el proceso penal), pero  luego se retractó de la solicitud y siguió con la acusación».
El Grupo de Trabajo -agrega el texto- considera que la acusación subsiste al día de hoy porque: “era la única explicación que podría justificar flagrancia y cubrir la detención con una cierta apariencia de legalidad formal, revelando todo ello una falta de seriedad en el proceso.”
Además, establece que resulta violatorio del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el que Israel fuera vinculado a proceso en ausencia por posesión de vehículo robado por el juez de garantía Alberto Ocon Campos, agrega el documento difundido por las ONGs.

Texto íntegro a favor de Israel:

Israel Arzate Meléndez  es un joven originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, que lleva más de dos años privado de la libertad, acusado de haber participado en la masacre de Villas de Salvárcar. La acusación en su contra se sustenta en una confesión falsa arrancada bajo tortura en instalaciones militares. Ante este hecho, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C. y el Centro Juárez de Apoyo a Migrantes, S.C. acompañan el caso de Israel y luchan por su pronta liberación.

El día de ayer se llevó a cabo una conferencia de prensa en las organizaciones señaladas dieron a conocer que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas señaló que existen graves irregularidades en el caso de Israel Arzate Meléndez, por lo que “considerando que las violaciones a las normas internacionales sobre el derecho al debido proceso y a un juicio justo son de una gravedad tal que otorga a la privación de libertad un carácter arbitrario”, pide al Estado mexicano “que disponga la libertad inmediata del Sr. Israel Arzate Meléndez”.

En la conferencia de prensa, José Rosario Marroquín destacó que la seguridad ciudadana no está siendo eficiente y que la política de seguridad ha dado como resultado el aumento de la violencia en gran parte del país; en este sentido, señaló que el protagonismo de militares y fuerzas policiacas no ha dado muestras de mayor seguridad. En cuanto a la reforma al sistema de justicia penal, señaló que, en ciertos estados, está reproduciendo los vicios del viejo sistema. Ejemplo de ello es el caso de Israel Arzate Meléndez, en el que se da valor a pruebas obtenidas bajo tortura. Desde el Centro Prodh, José Rosario Marroquín fue categórico al señalar la exigencia de libertad para Israel Arzate por el cúmulo de irregularidades en su expediente.

Por su parte, Jorge Gaytán, del CEJAM, exigió la libertad de Israel Arzate. Señaló que en Ciudad Juárez, la tortura es frecuente y que la población de bajos recursos es la más vulnerable. A nombre de su organización y de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, señaló que la militarización de la seguridad pública continúa con la presencia de militares en las calles, pero también con un militar al frente de la Policía Municipal de Ciudad Juárez.

Israel Arzate (Postal)La madre de Israel, Guadalupe Meléndez, exigió a las autoridades que le regresen a su hijo.

Jaqueline Sáenz, abogada del Centro Prodh, insistió en condenar la detención arbitraria de Israel Arzate, misma que fue conocida por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, quien exigió al Estado mexicano su inmediata liberación, por considerar graves violaciones a las normas internacionales sobre el derecho al debido proceso y a un justo juicio.

Simón Hernández, abogado del Centro Prodh, destacó que Israel Arzate ha sido criminalizado por ser un joven urbano de bajos recursos económicos. En cuanto a las actualizaciones jurídicas, señaló que el juez Séptimo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región en Culiacán, Sinaloa, negó el amparo por posesión de vehículo robado. En la resolución, no se consideró la ausencia de Israel en la audiencia de vinculación a proceso, lo cual vulneró su derecho a la defensa., por lo cual, se interpuso el recurso de revisión. Tampoco se pronunció sobre la omisión del Fiscal de presentar en la audiencia un dictamen pericial que demuestra que no existían huellas de Israel en el vehículo. Contra esta determinación, se interpondrá en próximos días el recurso de revisión.

En cuanto a la acusación de homicidio, cabe informar que el Tribunal Colegiado de Ciudad Juárez denegó la queja interpuesta contra la decisión del Juzgado Noveno de Distrito, emitida en diciembre pasado, en la que negó admitir como pruebas la Recomendación 49/2011 de la CNDH y el Protocolo de Estambul, presentados por Israel para acreditar la tortura. Haciendo uso de un criterio restrictivo de los derechos fundamentales, se dejó de considerar el deber de protección y garantía de los derechos humanos, según la reciente reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos.

En este momento, se encuentra pendiente de resolver el amparo contra la medida cautelar de arraigo, misma que le fue impuesta de manera ilegal a Israel después de que se venció el año de prisión preventiva estipulado en la ley. Además, el día 16 de noviembre de 2011 se interpuso la denuncia penal correspondiente por tortura ante la PGR, misma que fue ratificada el mes pasado; sin embargo, hasta la fecha no ha habido avances significativos en la investigación.

Respecto a la Recomendación 49/2011 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el pasado 31 de agosto de 2011, cabe decir que este organismo pide la investigación a la SEDENA en el fuero militar y no a la PGR, lo cual es contrario a lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares deben ser juzgados en el ámbito civil.

En la actualidad, sin constar avances reales en la investigación y sanción de los responsables de las violaciones a derechos humanos, la CNDH tiene por cumplida “parcialmente” la recomendación. Ello a pesar de que la SEDENA reporta que inició, en el fuero militar, la averiguación previa GN/CD.JUAREZ/111/2011; únicamente por el delito de detención arbitraria y no por tortura. Al final, la averiguación fue archivada el 11 de enero de 2012 sin consignar a elemento alguno, aun cuando están identificados los soldados que dicen haber detenido a Israel.

Asimismo, se informó a CNDH que el órgano interno de control de la SEDENA inició el procedimiento administrativo de investigación 300/2011/C.N.D.H./QU, mismo que fue archivado el 17 de noviembre. Esto confirma la impunidad que prevalece al interior del Ejército y la falta de voluntad para sancionar las violaciones a derechos humanos; a la par, confirma la imperante necesidad de cumplimentar el referido fallo de la SCJN y limitar la jurisdicción castrense.

Por lo tanto, las organizaciones que defienden a Israel Arzate Meléndez se unieron a la exigencia del Grupo de Trabajo de la ONU y demandaron la liberación inmediata de Israel Arzate Meléndez.

¡Conoce el Caso de Israel y difúndelo! Su caso es similar al de otras personas que, por temor o desconocimiento de sus derechos, han guardado silencio.

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Chihuahua

Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos

El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.

Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.

El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.

De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.

La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.

El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.

Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.

Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.

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