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México

Experto antinarco encabeza ofensiva

El encargado de coordinar las acciones de la denominada Operación Jalisco, que inició el viernes pasado en el estado, es el general Miguel Gustavo González Cruz, quien además de comandar la Quinta Región Militar con sede en Zapopan, es un hombre de armas con experiencia en el combate al crimen organizado en plazas de alta incidencia criminal como Tamaulipas, Chihuahua y Veracruz.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tras una reunión entre el gabinete de seguridad del gobierno federal y autoridades de Jalisco, anunció así que el Ejército comanda la operación que incluye Bases de Operaciones Mixtas, Puestos de Seguridad Mixtos, Bases de Operaciones de Erradicación y Puestos de Vigilancia.

En la Quinta Región Militar se encuentra el Centro de Mando que encabezará González Cruz, desde el que se coordinará el despliegue de las fuerzas federales y las tareas de inteligencia, además de que será el punto neurálgico de control y comunicaciones.

Esta estrategia militar, como se detalló durante el primer día del despliegue, guiará las acciones del Ejército, Policía Federal, personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

El 1 de mayo pasado se inició esta operación, que provocó una reacción violenta de los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que dejó un saldo de 15 personas fallecidas, seis de ellas militares.

Ofensiva. Aunque Osorio Chong no brindó mayores detalles sobre las acciones que se tomarán en el estado, afirmó que el gobierno de la República pondrá todo su aparato de inteligencia en esta operación para lograr desarticular por completo al grupo delictivo que opera en Jalisco.

“Como ha sucedido en otras entidades, tenemos una estrategia clara y definida, pero como ya lo hemos dicho, son diferentes los grupos de delincuentes en un lugar y otro, por lo que se requiere una atención distinta, de acuerdo con las características de la entidad”, afirmó Osorio Chong.

Cuestionado sobre el nivel de prioridad que representa para el gobierno federal la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, considerado el líder del CJNG—responsable de los hechos violentos del fin de semana pasado en cuatro estados del país—, Osorio Chong indicó que el capo es sólo uno de los 122 “objetivos” que se establecieron al inicio del sexenio y de los cuales ya han sido capturados o abatidos 93.

Aunque en los hechos la Operación Jalisco es una estrategia bélica, en su discurso el secretario de Gobernación marcó distancia de las tácticas utilizadas por la anterior administración federal y aseguró que en tan sólo dos años se ha logrado capturar a los capos “que más dañaban a la sociedad, buscados por muchos, muchos años”.

“El punto fundamental es proteger a los ciudadanos y que, como se daba en otros años, no sean los ciudadanos los afectados o los caídos en los enfrentamientos; esa es nuestra primera prioridad”, mencionó.

En su mensaje, después de la reunión privada con autoridades de los tres niveles de gobierno, el responsable de la política interna del país insistió en que los bloqueos y los ataques a negocios, bancos y gasolineras registrados el fin de semana pasado son una reacción a las acciones emprendidas por el gobierno federal para desarticular al CJNG y acotar sus fuentes de ingreso.

El encuentro, que no estaba en la agenda pública de los funcionarios, se celebró en Guadalajara y duró aproximadamente una hora y media; al finalizar, Osorio Chong emitió un mensaje cuyos ejes principales fueron el respaldo al gobierno de Jalisco y el llamado de “unidad” a la sociedad para confiar en las instituciones del Estado mexicano.

“El gobierno de la República y sus instituciones están aquí, con fortaleza y determinación para hacer frente a este y cualquier otro desafío; nuestra fuerza radica siempre en la unidad (…) somos más y podemos más quienes queremos ponerle punto final a la inseguridad”, dijo.

Actos de heroismo. El secretario de Gobernación se refirió a los seis militares que murieron el viernes durante el ataque del CJNG a un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional, y al agente de la Fiscalía de Jalisco que fue abatido el mismo día en un enfrentamiento en Autlán.

“Se trata de verdaderos héroes que con su sacrificio y valentía defendieron a los ciudadanos (…) su sacrificio no será en vano y los delitos de los criminales no quedarán impunes”.

Insistió en que existe plena confianza y coordinación con el gobierno de Jalisco para llevar a cabo esta operación: “Le reitero, señor gobernador, y a todos los jaliscienses, que cuentan con el apoyo, respaldo y confianza absoluta del gobierno de la República”.

Después de varios días de especulaciones sobre la supuesta falta de confianza del gobierno federal a la administración de Jalisco en materia de seguridad, para muchos de los funcionarios estatales el mensaje del secretario de Gobernación “despejó los nubarrones” y mostró que no hay distanciamiento.

Osorio Chong y Aristóteles Sandoval Díaz encabezaron la reunión a la que también asistieron el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos; el titular de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón; la procuradora general de la República, Arely Gómez; el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, y el director general del Cisen, Eugenio Ímaz.

Decomiso. La Sedena informó anoche que aseguró dos lanzacohetes RPG, dos lanzacohetes Law y 10 cohetes útiles para RPG, así como nueve vehículos que utilizaron los miembros del CJNG el viernes pasado para atacar el helicóptero Cougar del Ejército.

En la zona se aseguraron 15 armas largas, entre ametralladoras y fusiles de calibres 0.50 y 7.62 milímetros; seis armas cortas, cinco granadas de mano; 92 cargadores para diversas armas y 3 mil 800 cartuchos de diferentes calibres.

“Es material que es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, equipo diverso de comunicaciones, chalecos antibalas y fornituras, así como nueve camionetas, una de éstas adaptada para montar una ametralladora calibre 0.50”, precisó la Sedena.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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