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México

Exsecretario de Seguridad de Morelos denuncia a Cuauhtémoc Blanco por delincuencia organizada

El exsecretario de Seguridad de Morelos durante el gobierno de Graco Ramírez, Alberto Capella Ibarra, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al gobernador morelense, Cuauhtémoc Blanco, y a otros funcionarios por delincuencia organizada y delitos contra la salud, por sus presuntos nexos con grupos delictivos.

En conferencia de prensa, el exfuncionario señaló que solicitará a autoridades de Estados Unidos que investiguen si Blanco Bravo no ha incurrido en enriquecimiento ilícito y ha adquirido propiedades en ese país con recursos ilícitos.

“Lo anterior con la finalidad de darle claridad a una serie de señalamientos de enriquecimiento inexplicable desde el año 2016 y desde el inicio de su responsabilidad en el gobierno municipal de Cuernavaca.

“Simplemente estoy solicitando se investigue, creo que la fotografía es más que suficiente para que se inicie una investigación en el Departamento del Tesoro o en otras áreas, partiendo de la premisa de que la DEA tuvo entre sus objetivos importantes a Santiago Mazari en su tiempo”, expresó.

Lo anterior en referencia a la imagen donde aparece el exfutbolista profesional y tres líderes del crimen organizado en Morelos, publicada en el periódico El Sol de México el 4 de enero.

Ante las amenazas anónimas que ha recibido, Capella responsabilizó a Blanco Bravo, en caso que algo le suceda a su familia, a sus colaboradores y a él.

El 17 de enero, Cuauhtémoc Blanco Bravo presentó una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), contra quien resulte responsable de la presunta “guerra sucia” orquestada en su contra su administración y para que se investigue la narco política que, asegura, prevalece en la entidad.

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El mandatario se trasladó a las oficinas centrales de la SEIDO, ubicadas en la Ciudad de México, acompañado de su abogado Alfonso Pérez Daza, quien explicó que se presentaron datos de prueba de las amenazas que Blanco Bravo ha recibido.

Blanco Bravo reiteró que el exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu y el extitular de la Comisión de Seguridad Pública de Morelos, Alberto Capella Ibarra, pactaron con Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete’.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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