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Extesorero de Duarte confiesa cómo Karime Macías decidía los desvíos en Veracruz

El extesorero del gobierno de Veracruz en el sexenio de Javier Duarte, Antonio Tarek Abdalá Saad, confesó ante la Procuraduría General de la República (PGR) que a lo largo de esa administración se desviaron recursos públicos a compañías fantasma, pero agregó algo más: en muchas ocasiones era Karime Macías, la esposa del exgobernador, quien decidía el destino del dinero.

La declaración de Tarek fue recabada por la PGR el pasado 23 de mayo, cuando el exfuncionario veracruzano aún estaba protegido por el fuero que consiguió como diputado federal del PRI. El testimonio forma parte de las pruebas presentadas en la audiencia del pasado miércoles, en la que el exgobernador de Veracruz fue declarado culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa.

En fragmentos de su testimonio (leído por fiscales de la PGR ante el juez) Tarek acepta que él, desde su cargo como tesorero, efectuó pagos a las compañías irregulares, pero asegura que cada transferencia que hizo fue por instrucción y conocimiento de Duarte y Karime.

“Dijo que él era el pagador, que sabía que existían las empresas fantasma… y que era Karime Macías quien decidía el pago a las empresas”, señaló una de las fiscales al detallar la confesión de Abdalá.

Tarek aseguró que el dinero se tomaba de partidas públicas que se asignaban a distintas dependencias, y que aun cuando dichas dependencias tenían carencias o servicios por cumplir, el dinero igual era transferido para los fines que decidía la pareja que gobernaba Veracruz.

Animal Político publicó en mayo pasado que fueron al menos nueve las dependencias del gobierno de Veracruz desde las cuales se habrían transferido más de 3 mil 600 millones de pesos a compañías fantasma, operaciones que en la mayoría de las ocasiones se ejecutaban desde la Tesorería que ocupaba Abdalá.

¿Cómo se desviaban los recursos?

Para mover los recursos etiquetados de una cuenta a otra, y así ir perdiendo su rastro, Tarek confesó que había dos tipos de cuentas bancarias en la Secretaría de Finanzas de Veracruz: las específicas que era donde se recibía el recurso federal etiquetado para un fin determinado, y luego las cuentas “concentradoras”, donde se transfería el dinero etiquetado para dispersarlo conforme le ordenaban.

“Todo esto era aprobado por Javier Duarte. Por lo regular me reunía con él en las noches y me indicaba que era lo que había que transferir de una cuenta a otra… todo era para hacer más fácil que se perdiera el rastro”, expuso Tarek en su declaración leída en la audiencia.

El extesorero reconoció también que para que fuera menos obvio que el dinero era transferido a la Tesorería y desde ahí a compañías irregulares, se utilizaban recursos etiquetados de otras dependencias primordialmente de la secretaría de Educación, la de Seguridad Pública, la de Agricultura, la de Obras y la de Desarrollo Social de Veracruz.

El dinero –subrayó– era tomado pese a que dichas dependencias tuvieran compromisos de pago por cumplir y necesidades prioritarias que atender.

El exfuncionario priista reconoció que él era una de las personas de mayor confianza del matrimonio Duarte y que por ello estaba encargado de operar esta trama de los desvíos aunque, insistió, todo era por instrucciones de Karime y del entonces gobernador.

Cabe señalar que la descripción de Tarek de la forma en cómo se desviaban recursos etiquetados, concuerda plenamente con los dichos de dos excolaboradores más de Duarte que también se presentaron como pruebas en la audiencia en la que se condenó al exgobernador.

Uno de ellos fue Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública, quien declaró ante la PGR que en 2014 Tarek Abdalá le dijo que “por órdenes de Duarte“ el recurso que llegara etiquetado para temas de seguridad tendría que transferirlo desde sus cuentas a la Tesorería, a lo que supuestamente se negó.

Fuente: Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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