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Falta de coordinación, grave problema de seguridad: Pérez Cuéllar

Ante la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país, el senador Cruz Pérez Cuéllar propuso modificaciones a la LeyGeneral del Sistema Nacional de Seguridad Pública y reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de crear un Comité Normativo de Tecnología, Infraestructura y Sistemas de Radiocomunicación, Video-Vigilancia, Servicios de Llamadas de Emergencia y Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones, que operan las instituciones de Seguridad Pública en los tres niveles de gobierno.

El legislador de Morena aseguró que es urgente contar con tecnologías abiertas en materia de radiocomunicación, ante la evidencia de que los países con tecnologías cerradas en esta materia, como México, presentan los mayores índices de percepción en corrupción.

Aunado al tema de las tecnologías abiertas y cerradas, uno de los graves problemas a los que se enfrenta el combate a la delincuencia en nuestro país, dijo, es la falta de coordinación e intercambio de información de, hacia y entre las instituciones y corporaciones dedicadas a la prevención y persecución del delito en los tres niveles de gobierno.

Cruz Pérez mencionó que actualmente, la Red Nacional de Radiocomunicación carece de una estructura funcional. Es un riesgo que afecta el propósito de unificar los sistemas de radiocomunicación de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.

Así, el legislador mencionó los beneficios a obtener como país, al adoptar tecnologías abiertas y sistemas con estándares internacionales para la interconexión e interoperabilidad de las comunicaciones.

a) Garantizar la libre competencia y concurrencia en la oferta de bienes y servicios relacionados con la tecnología y sistemas empleados en radiocomunicación, video-vigilancia, servicios de llamadas de emergencia y centros de control, comando, cómputo y comunicaciones;

b) Asegurar que el Estado mexicano cuente con las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad para adquirir, arrendar y contratar servicios relacionados con la tecnología en materia de seguridad;

c) Incorporar la tecnología más avanzada para operar la Red Nacional de Radiocomunicación y/o de cualquier otra red que en el futuro pudiera complementarla y/o sustituirla, y

d) Proporcionar a las Instituciones de Seguridad Pública la mejor infraestructura y equipamiento en radiocomunicación y video-vigilancia para desarrollar mejor sus funciones de prevención y persecución del delito, procuración de justicia y reinserción social.

Vale la pena destacar que actualmente, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es el único ente encargado de emitir normas y lineamientos técnicos para la interoperabilidad e interconexión de las comunicaciones de las Instituciones de Seguridad Pública; sin embargo, el avance y desarrollo continuo en las tecnologías de la información requieren una mayor especialización técnica y exigen que sean órganos y comités integrados por especialistas en materia de radiocomunicaciones y telecomunicaciones de seguridad pública, mencionó.

La iniciativa se turnó a las comisiones de Seguridad Pública y Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación correspondiente.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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